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21.12.2016 | Política | 296 lecturas




UP convoca a respaldar plan de vivienda popular

UP convoca a respaldar plan de vivienda popular
El encuentro se realizó en el salón comunal del SIAV 19 de abril.

En Uruguay hay cerca de 120 mil personas que ganan menos del mínimo nacional y cerca del 40% de los trabajadores tienen un ingreso de 15 mil pesos líquidos, según el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Mientras tanto, el desempleo entre la población joven asciende al 20% -este indicador se sitúa en 7,1% para el total de la población-, cuando existen unos 139 mil hogares con jefatura joven (un 40% de los jóvenes alquila y solo el 32% de los jóvenes son propietarios), de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

Estos datos fueron presentados en junio de 2015 por Eduardo Rubio de Unidad Popular en el Parlamento, oportunidad en la que el Diputado alertó sobre la “falta de una política de vivienda que regule el mercado en todos su aspectos” y que atienda el déficit nacional habitacional de 80 mil viviendas, de acuerdo a los datos del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Es que la especulación ha hecho mella sobre el mercado dejando 253.176 viviendas desocupadas, según el último censo -el 19% de las viviendas del país se encuentran en esta situación-, aumentando el precio de los alquileres hasta en un 3% o 4% por encima de la inflación.

En este panorama, el derecho contemplado en el artículo 45 de la constitución es difícil de sujetar para una parte importante de la población Uruguaya: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

En octubre de 2014, a partir de las elecciones nacionales, en distintos departamentos del país comenzó a organizarse y conformarse el movimiento “Quiero comprar mi casa”, agrupación de trabajadores, jóvenes, pensionistas y jubilados que no se encuentran contemplados en los planes de viviendas existentes y que recorrieron varias oficinas del Parlamento para impulsar un Plan Nacional de Vivienda Popular.

El reclamo encontró un lugar en la agenda de la UP y desde el año pasado esperan por su discusión en el Parlamento. A pocos meses de su tratamiento en la Cámara Baja -esperan que el documentos sea analizado en marzo o abril de 2017-, el movimiento se encuentra aunando fuerzas para respaldar el proyecto y ya son más de 20 mil las firmas que han recogido a lo largo y ancho del país.

“Por el interés de la gente que no puede comprar su terreno y mucho menos levantar paredes. Como es un derecho de todo ciudadano tener su casa digna, formamos un grupo y estamos intentando a nivel nacional llevar la discusión al Parlamento”, explicó a los medios Mabel Fernández, una de las vecinas de Libertad que desde hace poco más de 20 días participa en las reuniones que todos los lunes “Quiero comprar mi casa” concreta en el salón comunal del SIAV 19 de Abril.

EXPECTATIVA En la ciudad ya hay más de 30 inscriptos y se “van sumando”. “A nivel nacional es una carencia, porque hay mucha gente por debajo de los ingresos de 20 bases de prestaciones, unos 56 mil pesos por mes, además de esa gente que está desocupada o con problemas de salud. Este proyecto de ley está pensado para esa gente. La idea es llegar a marzo o abril cuando se discuta a nivel parlamentario con un respaldo importante de la población”, dijo a La Semana Juan Carlos Reyes, dirigente del 26 de Marzo que fue el encargado de informar sobre los detalles de este proyecto en la instancia del pasado jueves, para la cual habían extendido la invitación a diferentes políticos y representantes departamentales y locales.

“Cuando la gente se entera de qué se trata, enseguida se suma, porque no puede creer que sea con un 10% de los ingresos justificados, que si tiene un traspié en la vida, si tiene un accidente o una enfermedad, ese lapso no se les cobra y se cuenta como tiempo cumplido y que a los 25 años caduque la deuda”, continuó explicando.

El Plan Nacional de Vivienda Popular propone, primero, entender el derecho de las personas y las familias a la vivienda adecuada como “aquella idónea para cubrir las necesidades básicas habitacionales de las personas” y fija “el deber del Estado de asegurar el acceso a tal derecho con los mecanismos más convenientes respecto de la persona humana”. Es así que proponen que se declare de interés nacional la fijación de políticas de vivienda adecuadas y el Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, el cual insumiría el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) “dentro de la aspiración a que se emplee el 2% para políticas de vivienda en general”. El Plan se hará por construcción pública a cargo de la Agencia Nacional de Vivienda, pudiendo llamarse a licitación para la construcción de viviendas, y en esta instancia tendrán prioridad las empresas nacionales y locales. Además, el financiamiento provendrá de Rentas Generales y del pago de la cuota por parte de los beneficiarios.

“En Uruguay se subsidian hoteles de cinco estrellas, zonas francas, pasteras de celulosa, todo tipo de emprendimientos que vienen de afuera, ¿por qué no subsidiar la vivienda de quienes viven acá? Esto es para aquellos que no son propietarios y son mayores de 18 años”, agregó Reyes.

En este sentido también se expresó Gabriel Otarola, otro de los vecinos que encara el trabajo del movimiento “Quiero comprar mi casa” en Libertad. “En Libertad es casi imposible que un trabajador se haga la casa con terrenos de casi 40 mil dólares. Para una madre soltera con hijos peor, porque no le da ni para el alquiler. Acá hay más de 30 y pico de personas en esta situación, porque a diario te consultan para inscribirte y pienso que en un mes vamos a tener 100 y pico de personas anotadas. Todas ellas están pagando alquileres, viviendo de agregados, son familias que no están constituidas, porque no tiene su casa, y obviamente de ahí sale un derivados de problemas”, enfatizó.

La agrupación que ya está funcionando en Ciudad del Plata y Libertad y se está conformando en Rodríguez, espera que el proyecto sea declarado de interés departamental por la Intendencia de San José como ya ocurrió en 33, donde el legislativo de ese departamento aprobó esta disposición en la última sesión ordinaria de este 2016 de forma unánime.

Por Edward Braida.








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