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07.12.2016 | Política | 259 lecturas




Partidos continúan incumpliendo lo establecido en "ley de cuotas"

Partidos continúan incumpliendo lo establecido en "ley de cuotas"
En el Parlamento Nacional y en las juntas departamentales se incumple con la ley.

El pasado 25 de noviembre, en la Plaza de los Treinta y Tres, cuando culminó la marcha organizada por ASSE y el colectivo Mujeres en Libertad escuchamos atentamente las precisas, tranquilas pero fuertes palabras de la directora del Centro de Primer Nivel de Atención (hospital), de Libertad Ana María Piñeyrúa y nos quedó grabada una consigna que compartimos absolutamente: “la revolución será feminista, o no será”.

Es tan tremendo el poder de tal sentencia y tan amplios los conceptos políticos que abarca, que no es posible pretender cambios sociales verdaderos sin asumir esa frase como objetivo, como una bandera realmente transformadora e incorporarla a la conciencia colectiva para que haga carne en nuestras acciones cotidianas.

El mundo entero busca desde hace años equiparar los derechos y el empoderamiento de la mitad de su población, así las normativas han respondido a reclamos de organismos internacionales como la ONU y CEPAL entre otros, procurando que el machismo patriarcal ceda a las mujeres los lugares que durante siglos les ha venido usurpando.

En Uruguay, la Ley 18.476 del 3 de abril de 2009 conocida como la “Ley de Cuotas”, dispuso por única vez para el Ciclo Electoral 2014-2015 y solamente para la elección de autoridades nacionales y departamentales, que en cada terna de candidatos debía haber representantes de ambos sexos, el concepto fue cumplido a regañadientes por casi todos los sectores políticos pero algunos “chicanearon” la disposición legal y el espíritu de la misma con acuerdos pre-electorales que han implicado una burla legítima, además de que en una gran mayoría de los casos, se colocó a una mujer en la terna pero en el tercer lugar de prevalencia.

El caso más notorio lo ha sido el de la diputada Graciela Bianchi, del Partido Nacional, electa en 2014 para ocupar una banca en ambas cámaras legislativas, la propia legisladora ha admitido que su intención era renunciar a ambas en caso de que su partido ganara la Presidencia de la República y ella habría sido designada en el CODICEN u otro organismo de la enseñanza, como su partido no ganó las elecciones Bianchi optó por la cámara baja, dejando la de mayor jerarquía al hoy senador Alvaro Delgado.

Pero tenemos casos más cercanos geográficamente, en las elecciones municipales y departamentales de mayo de 2015 fueron elegidas, para ocupar bancas en la Junta Departamental de San José ocho edilas titulares, cuatro del oficialista Partido Nacional y cuatro del Frente Amplio, sin embargo tres de esas edilas renunciaron o se mantienen con licencia sin haber actuado de manera regular en el órgano deliberativo.

En el Partido Nacional Carolina Hornes de la lista 50 fue designada en el Ejecutivo Comunal, su suplente inmediata era Bettina Cerdeña, pero “debió” solicitar licencia y su lugar lo asumió Héctor Silvera de Ciudad del Plata, otros motivos seguramente llevaron a Ana Laura Porley de la lista 404 a solicitar y sostener una licencia para permitirle ocupar la banca al curul Danilo Vassallo.

Permanecen en la bancada oficialista Adriana Etchegoimberry de la lista 422 (actual Presidenta del deliberativo), y Susana Gásperi de la lista 2014, resistiendo seguramente no pocas invitaciones para que “se tomen un descanso”.

En el Frente Amplio en tanto, Luisiana Peraza de la lista 609 del MPP adujo razones familiares para no asumir su banca accediendo a ella Luis Senattore quien –casualmente–, es pareja de la titular. Se mantienen en la bancada opositora Mariana de los Santos de la lista 901001, Ana Gabriela Fernández de la lista 3311 y Mirta Serena, de la 99738.Estos hechos no son novedosos ni originales en el mundo; en 2009, al instalarse la LXI Legislatura mexicana, ocho legisladoras electas solicitaron simultáneamente licencia para posibilitar que sus suplentes hombres accedieran a los cargos. A las renunciantes se las denominó “las Juanitas”, aludiendo a Rafael Acosta Ángeles apodado “Juanito” que había prometido dejar su cargo de Delegado si resultaba electo en favor de Clara Brugada, el hecho se conoció antes de las elecciones en las que fueron elegidas “las Juanitas”.

Existen pues “Juanitas” allá y acá, propias y ajenas, y no son sino burlas evidentes a la ley y a los electores, a la ley porque se cumplen sólo en apariencia los requisitos de –en el caso uruguayo–, colocar en la lista ternas de ambos sexos, y a los electores porque quizás acompañan una lista precisamente por tener muchas mujeres y luego, por acuerdos notoriamente celebrados con anterioridad esos cargos son ocupados por hombres, son los coletazos de una sociedad que se resiste a cambiar el disco duro del patriarcado.

Pero estoicamente las mujeres legisladoras (nacionales y departamentales), libran a diario una durísima batalla contra un sistema herido pero aún fuerte, no les resulta sencillo vitalizar las bancadas femeninas y mucho menos plantear temas referidos a la violencia de género ya que la “cola de paja” ha involucrado e involucra a algunos de sus compañeros legisladores que, más allá o más acá han sido salpicados por hechos relacionados a esta durísima y lamentablemente creciente problemática.

NUEVO PROYECTO Por estas y por muchísimas otras razones, pero sobre todo porque es ideológicamente necesario y políticamente urgente definir estos temas al menos en sus aspectos formales, la bancada de senadores del Frente Amplio presentó el 8 de marzo pasado un proyecto de ley que pretende regular la “Participación Política Paritaria de Personas de Ambos Sexos”, porque, como dijimos, la “Ley de Cuotas” ya no regirá en las próximas elecciones (se estableció sólo para el Ciclo Electoral 2014-2015), y porque se busca además acompañar la política que desde ONU MUJERES se viene impulsando para llevar el debate al concepto de la paridad en la integración de listas de candidatos y evitar que se generen los desvíos que detallamos a los criterios de cuotas.

Los autores de la iniciativa, que desde marzo se encuentra “en Comisión”, entienden que la Ley 18476 ha permitido, con sus fallas, que la participación femenina en las juntas departamentales pasara del 18% al 28% comparando las elecciones de 2010 y 2015.

Uruguay sin embargo se ubica en una modestísima posición 80 entre 143 países ranqueados en la Clasificación Mundial de Mujeres en el Parlamento y ocupa el puesto 12 entre 18 países de América Latina. Por encima están Bolivia (53.1%), Cuba (48.9%), Ecuador (41.6%) Argentina (36.2%) Costa Rica (33.3%) El Salvador (32.1%) Honduras (25.8%), Perú (22.3%) República Dominicana (20.8%), Colombia (19.9%), Panamá (18.3%). En tanto por debajo de Uruguay quedan Chile (15.8%), Paraguay (15%), Guatemala (13.3%), Brasil (9.9%) y Haití (4.2%).

Para un país que ha sido pionero en el mundo entero en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres y que tanto ha avanzado en la última década en materia de políticas de género, resulta controversial y paradójico el estancamiento en el índice de participación femenina en los cargos electivos.

El proyecto que se estudia en el Senado contempla además hacer extensivas las disposiciones paritarias a los partidos políticos, algo que resulta lógico para la necesaria preparación de cuadros dirigentes femeninos para asumir los desafíos que implican las respectivas candidaturas.

Cuando se consulta a los técnicos especializados en la materia, con algunas discrepancias en los detalles, la mayoría coinciden en la necesidad de generar un enfoque de género que abarque el análisis de todos los aspectos de la sociedad y afirman que sólo desde esa perspectiva moderna y transformadora podrían solucionarse integralmente las problemáticas tales como la discriminación, la inseguridad y la violencia.

En el proyecto de ley que se estudia, se determina que todos los lugares de las listas electorales nacionales, departamentales y partidarias deberán seguir un orden de secuencia y alternancia de mujeres y hombres de manera tal de garantizar no sólo que haya igual número de unas y de otros sino que además el balance se refleje en el orden de relevancia de las hojas de votación.

Asimismo se establece que en caso de vacante permanente o temporaria de la o el titular, se priorizará al suplente que represente al sexo subrepresentado, es decir aquel que en el ámbito de que se trate esté por debajo de la tasa poblacional nacional correspondiente, ello significaría, a juicio de los promotores de la normativa, que no surjan “las Juanitas” ya mencionadas tras la adjudicación de las bancas.

Es de esperar que el proyecto logre derribar los muros patriarcales, que los legisladores y dirigentes políticos admitan que la discriminación impera más allá de las formalidades cuando del acceso a los centros de decisión se trata y que las políticas en ese sentido deben tener un sustento muy firme en la realidad, o en otras palabras, que los ejemplos deben empezar por casa.

Por Jorge Gambetta.








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