El próximo domingo 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una conmemoración que, como tantas, con el paso del tiempo y las ediciones, suena cada vez más vacía de contenido, pero que sin embargo no es bueno dejar pasar de largo, porque la agresión que sufre el ambiente es cada vez más intensa. Los seres humanos usamos, tiramos, depredamos, agredimos, sin importar en las consecuencias para el hoy y para el mañana.
Es cierto que lo que agredimos al ambiente en esta pequeña nación del sur de América puede no tener comparación alguna con las agresiones que sufre en otros puntos del planeta, pero como de las individualidades se hace el todo, también somos responsables de lo que le ocurre al planeta.
Si venimos en concreto al departamento de San José, las agresiones pueden incluso ser menos, pero igual vale la preocupación. En el sur josefino ya hemos sabido tener conflictos ambientales de entidad. Desde 1998 y hasta por lo menos 2006, dos movimientos de vecinos se opusieron a la puesta en marcha y operativa de la empresa Dirox, con resultado negativo. Esa empresa continúa funcionando y de las consecuencias que ha tenido para la salud de la población del sur de San José, poco y nada se sabe.
Pero no es el único conflicto ambiental que hay en la zona, el uso de agrotóxicos, la agricultura intensiva y sus plaguicidas, la ganadería y los efectos nocivos para el ambiente que genera, son otras de las preocupaciones ambientales del entorno, pero pronto tendremos otro conflicto, cuando se comience a construir el proyecto Neptuno o Arazatí en la costa del Río de la Plata, ya que es un proyecto cuyas consecuencias ambientales serán enormes.
El proyecto privado para abastecer de agua potable a una parte del área metropolitana de Montevideo, tiene críticas de diversa índole, que van desde su constitucionalidad o no a lo estrictamente ambiental por el uso de agua platense.
MONTERO | En los últimos días, el presidente de OSE Raúl Montero, salió a defender la constitucionalidad del proyecto que realizará un consorcio de cuatro empresas privadas, que elaboraron la iniciativa. Según el jerarca hay interpretaciones diferentes del artículo 47 de la Constitución, que establece que la distribución del agua y el saneamiento, deben estar en manos del Estado. “Nosotros tenemos informes de reconocidos constitucionalistas y de la Gerencia de OSE, que nos dicen que todas las alternativas del proyecto Arazatí, como le hemos dado en llamar ahora que conocemos la ubicación, no violentan la Constitución”, dijo Montero.
Según el Presidente de OSE, “cada vez que una persona abre la canilla, atrás de esa apertura, hay montones de contrataciones de bienes y servicios a privados que son necesarios”, por eso “nosotros no creemos que violentemos la Constitución porque contratemos un servicio de potabilización de agua, así como estamos contratando desde hace décadas, servicios de tratamiento de líquidos residuales. La Constitución habla de abastecimiento de agua y de saneamiento por alcantarillado en los mismos términos”.
“Hace décadas que OSE viene contratando la gestión de las plantas de tratamiento de líquidos residuales a empresas privadas, como también lo hace la Intendencia de Montevideo”, agregó el jerarca.
En cuanto a por qué no puede hacer la obra OSE, Raúl Montero, dijo que “la obra cuadriplica lo que OSE invierte por año. OSE invierte un promedio de 70 millones de dólares por año y la obra ronda los 280 millones en una primera instancia. Es mucho más de la mitad de la deuda que ya tiene OSE, por lo tanto esa definición no puede tomarla OSE en forma solitaria”.
“Nuestra aspiración es que logremos un régimen de contrato que sea favorable para el país, lo más rápido que podamos y salir a un procedimiento competitivo, una licitación, lo más rápido posible”, dijo Montero, que añadió que aspira a que “sea a mediados de este año”.
FUNCIONARIOS | Para la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), en tanto, el proyecto Neptuno -al que se opone-, “tiene como base la lógica de lo que se llama participación público privada. Se ha ensayado en otras ramas en Uruguay, como la educación o las cárceles. Siempre tiene un componente de un negocio que si lo hiciera sólo un privado, no sería rentable, pero como el Estado aparece como garante lo vuelve muy rentable”, dijo Federico Kreimerman, recientemente electo Presidente del gremio.
Según el funcionario del ente, “a pesar de que quienes lo proponen justifican la participación de un privado por el libre mercado, es lo más anti libre mercado que hay. Estamos hablando de que quienes ponen los capitales no toman riesgos, como sí lo hacen en el libre mercado que suelen defender”.
Mencionó Kreimerman a La Diaria que “el proyecto Neptuno no es una licitación donde se le dice a alguien ‘construime una nueva planta de agua potable’ y después OSE va a contratar y operar esa planta. El proyecto Neptuno es decirle al privado que construya la planta, pero que la opere y le venda el agua a OSE. A su vez, OSE le garantiza determinado nivel de ganancia por un lapso de años para que sea rentable. El propio ministro de Ambiente Adrián Peña, ha hablado de que ese período sería de entre 25 y 30 años”.
“Ahí se vuelve un disparate. Viola cualquier ley de libre mercado, le aseguran a un empresario que siempre va a tener ganancia. En este caso se tiene que hacer así, si no nadie invertiría más de 100 millones de dólares. Pero es una inversión que podría hacer el Estado, a pesar de que se diga que no”, dijo Kreimerman.
“Otro punto es que hay momentos de déficit hídrico donde se va a justificar una segunda toma, pero hay momentos de lluvia en abundancia y esa planta no va a ser necesaria y se va a pagar igual. ¿Quién la va a pagar? OSE es autónoma desde el punto de vista de sus finanzas y por lo tanto se va a pagar a través de la tarifa o a través de recursos que vengan del Estado, que llegan vía impuestos o la tarifa de otro servicio público. En definitiva, siempre se termina trasladando a la población ese costo”, agregó el dirigente de FFOSE.
Para el Presidente de OSE, los principales efectos que tendrá esta planta están referidos a la “desigualdad en el acceso”, porque “la privatización nunca es completa. El ejemplo de Argentina muestra que ni siquiera desde el punto de vista capitalista funciona bien. El Estado después subsidia o complementa en aquellos lugares que no le son rentables al privado. En medio de esto se ve afectada la población que dispone menos recursos para acceder a servicios. En el caso concreto del agua potable, está claro que es rentable servir a grandes cantidades de población, pero llevar un caño a un pueblito es poco rentable. Probablemente el último nunca se privatice. Por eso la lógica no es vender empresas públicas enteras para ser privatizadas”, dijo Federico Kreimerman.
LA CIENCIA | Por su parte el investigador y especialista en temas ambientales Eduardo Gudynas, publicó en la edición del pasado viernes en Brecha un artículo titulado “La renuncia ambiental”, en el que dice que detrás de las justificaciones gubernamentales para que los montevideanos beban agua del Río de la Plata, asoma lo que aparece como una renuncia. Esa es la propuesta del proyecto Neptuno, que implica tomar agua del estuario, potabilizarla y encaminarla por un acueducto a la capital”.
“El ministro de Ambiente Adrián Peña, dice preferir el proyecto Neptuno a una nueva represa en la cuenca del río Santa Lucía, porque asume que no logrará descontaminarla en un futuro cercano. En ese razonamiento hay una renuncia a mandatos básicos de un ministerio del ambiente, ya que entre ellos está asegurar la calidad de las aguas dentro del país”, agrega Gudynas.
Más adelante en su nota, Gudynas dice que el ministro de Ambiente admite que no puede resolver los problemas de la cuenta del Santa Lucía rápidamente y “convierte esa confesión en un argumento para justificar una costosa megaobra. Prefiere abastecerse de aguas platenses que reciben contaminantes y desechos de otros cuatro países, en una superficie de más de tres millones de quilómetros cuadrados y con más de 130 millones de personas. Si el Ministerio de Ambiente todavía no ha podido revertir las causas de la contaminación hídrica, por ejemplo, en Canelones ¿Cómo hará con los efluentes que provienen de Argentina y Brasil?”.
Gudynas agrega al final de su nota que “sea bajo condiciones privadas o estatales, o cualquier combinación de ellas, el proyecto Neptuno es ecológicamente indefendible, por los riesgos involucrados y por contribuir a seguir con las aguas contaminadas en la cuenca del Santa Lucía”.
Como verá, esta es una discusión ya instalada en el país y que involucra a toda la comunidad josefina. Habrá más novedades sobre el tema.
Por Javier Perdomo.
