La Asociación Civil Paulina Luisi Janicki, presentó el jueves 30 de marzo en la Sociedad Italiana de San José de Mayo, en el marco del Mes de la Mujer, una investigación que expone las debilidades que posee Uruguay en el combate a la trata de personas con fines de explotación sexual, al comparar los datos obtenidos a través de la Fiscalía General de la Nación (FGN) con los brindados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
La investigación estuvo a cargo del magíster en Ciencias Humanas, psicólogo y docente de sexualidad en la Universidad de la República (Udelar), Néstor Rodríguez y surge en el marco de la tesis titulada “La trata sexual en el Río de la Plata” en el que comparó los diseños institucionales de Argentina y Uruguay para el combate a la trata con fines de explotación sexual.
Mientras que Argentina se encuentra mejor posicionada mundialmente por el número de condenas y la persecución de ese delito, Uruguay se encuentra rezagado en cuanto a las condenas y la política desarrollada se centra principalmente en la protección a las víctimas.
La investigación, editada por la Fundación de Cultura Universitaria, incluyó la realización de unas 45 entrevistas a distintos actores vinculados con la temática, como pueden ser juezas del crimen organizado, funcionarios policiales, fiscales, trabajadoras sexuales y organizaciones civiles antitrata.
BRECHA NUMÉRICA | La investigación toma como punto de partida la brecha que existe entre la cantidad de víctimas de trata de personas con fines sexuales detectadas por los servicios de atención en Uruguay y el número de casos denunciados e investigados a nivel penal.
“El planteo -que es el problema que se empieza a investigar- es la brecha numérica que existe entre los casos detectados atendidos por el Instituto Nacional de Mujeres y los casos que llegan como denuncias y que son investigados en el marco de la justicia penal”, dijo Néstor Rodríguez en su presentación.
A continuación habló de dos de los “grandes hallazgos” de su trabajo: “Uno de ellos tiene que ver con cuál es el paradigma del cual se ha entendido el problema de la trata sexual en nuestro país y el segundo tiene que ver con que no se ha establecido una relación directa de la trata sexual con el ejercicio prostitucional, tal como está entendido acá en Uruguay”.
La investigación toma datos del 2008 al 2019 con un punto de corte en el 2017 que se explica por la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal que pasó a ser acusatorio, adversarial, oral y público. De acuerdo a un pedido de informes realizado al Poder Judicial entre el año 2008 y el 2017 solamente ocho casos llegaron a sentencia, aunque no todos ellos corresponden a un delito por trata de personas, mientras que desde el año 2017 al 2019 hubo unas 30 denuncias. Sin embargo y según revela el autor, desde la puesta en funcionamiento de sus servicios de atención al año 2019, el Inmujeres reportó a unas 700 víctimas atendidas.
Rodríguez señaló que de esa diferencia surge la pregunta problema de la investigación”, que “busca es arrojar luz acerca de cuáles son los motivos que explican esa brecha entre víctimas detectadas y caso judicializados y con condena”.
MOTIVOS | Según observó Rodríguez, la política pública uruguaya se ha basado en una “falsa dicotomía” entre la persecución del delito y el apoyo a las víctimas: “incluso está en los propios documentos institucionales y el propio fundamento de la Ley Integral de trata en donde lo que hay es una priorización de la atención a las víctimas en detrimento de la persecución del delito”. Según dijo Rodríguez, “en términos muy sencillos, si persigo el delito no voy a poder proteger a las víctimas”, explicó Rodríguez.
El docente universitario agregó que otra debilidad se vincula con “una larga tradición en términos de reglamentación del ejercicio prostitucional”, es decir que “Uruguay es un país reglamentarista en relación al trabajo sexual. Se concibe la prostitución como un trabajo y eso no ha sido integrado tampoco en toda la construcción de la política pública en materia de trata” que conlleva a la existencia de problemas “para poder efectivizar la política pública en materia de trata”.
El académico mencionó luego que a partir de los hallazgos revelados en la investigación se realizan recomendaciones para la mejora de la política pública en materia de persecución e investigación del delito: “La idea es poder establecer algunas recomendaciones en materia de política pública para que sea repensada en materia de persecución del delito de trata y también atención a las víctimas”, dijo.
La presentación contó también con la presencia de la Directora del Instituto de Salud de la Facultad de Psicología de la UDELAR, Alejandra López Gómez y de la Defensora de Derechos Humanos y ex trabajadora sexual Karina Núñez, quien habló de la importancia de la investigación realizada por Rodríguez para que de esa forma Uruguay cuente con bibliografía propia sobre ese tema.
FALTA | En ese marco, Karina Núñez opinó que la investigación “le pone una mirada que es extremadamente crítica sobre el paso que hay entre lo que escribe el legislador y lo que el Estado lleva adelante como política pública”.
“Lo que digo es que la letra es muy linda pero letra sin plata es letra muerta. No hay ningún esfuerzo que el legislador ponga en letra que si no se le pone con equipo, con respaldo, que se universalice, que se democratice y que se expanda en el territorio, entonces no es una política”, por lo que consideró que “seguir haciendo políticas públicas para abordar un tema que solamente ayude a unos pocos que estén ubicados en capitales departamentales o en la capital nacional solamente, para mí, es tirarle maíz a los chanchos”.
“Sobre todo la importancia de que esto tenga la fortaleza de la Constitución, del dinero y de recursos porque los mayores traficantes de personas se encuentran dentro de los ámbitos que realizan las políticas que deben de cuidar a las personas de no caer en este tipo de engaños o prácticas”, agregó.
“A esta altura con cómo están las redes de trata es como si fueran el Quijote queriendo pelear contra los molinos de viento, no se puede. Si no ponés recursos y gente capacitada a lo largo de todo el país para poder detectarlo esto va a seguir pasando y las gurisas van a seguir desapareciendo”, concluyó Karina Núñez.
Por Katherine Martínez.
