La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y Los Tucu-Tucu de Rafael Perazza, ganaron una batalla en su lucha legal por evitar que se concrete la construcción del llamado proyecto Neptuno, en las costas de balneario Arazatí. Un Tribunal de Apelaciones les dio la razón respecto a que la Justicia Civil es competente ante la medida de no innovar presentada por estas organizaciones, lo que ahora genera expectativas sobre lo que pueda determinar la magistrada actuante.
El asunto es complejo de explicar, pero se intentará: el 14 de agosto de 2023 las organizaciones mencionadas, con el apoyo legal de Juan Ceretta del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), como paso previo al inicio de un juicio contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y OSE, presentaron ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo, una medida cautelar de no innovar contra la licitación internacional realizada por OSE para conceder la obra y la operativa de la planta potabilizadora de agua que se construiría en Arazatí.
El documento de 64 páginas solicita que la Justicia actuante ordene “la suspensión inmediata” de la licitación del Neptuno, “previo al acto administrativo de adjudicación, hasta tanto el proyecto se ajuste a los términos de la Constitución, en cuanto a que el servicio público de abastecimiento debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado; se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, realizando un estudio de impacto medioambiental y de ordenamiento territorial con la participación real en el ámbito de los Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca de todo el país; se ofrezcan garantías respaldadas por la comunidad científica acerca de la sustentabilidad ambiental de las obras y la calidad del agua potable a suministrarse del Río de la Plata”.
Pero a los pocos días de presentada la medida cautelar, la Jueza actuante se consideró incompetente en el tema y derivó una posible toma de posición al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), un órgano independiente de la Justicia Administrativa, que jurisdiccionalmente está ubicado fuera de la estructura de los tres poderes del Estado y que es independiente de éstos. Conocida esta decisión, OSE de inmediato adjudicó la obra.
APELACIÓN | El movimiento social no se quedó quieto y apeló la sentencia ante un Tribunal de Apelaciones. El lunes 29 de abril se conoció su dictamen, revocando la sentencia anterior y declarando que es competencia de la Sede Letrada en lo Civil tomar una decisión sobre la medida cautelar de no innovar. No dice qué decisión tomar, sino que dice que la Justicia Civil es apta para tomar una decisión.
El abogado Juan Ceretta, que representa a las organizaciones civiles, celebró el fallo del Tribunal de Apelaciones y dijo a La Diaria que la sentencia dada a conocer por él “reconoce que la sociedad civil puede cuestionar y llevar a la Justicia decisiones que toma el gobierno, en este caso OSE y el Ministerio de Ambiente”. Si bien todavía no hay un pronunciamiento firme sobre la medida cautelar, lo que se abre es la “posibilidad de que eso ocurra”, explicó el abogado.
A nivel departamental, Sofía Mansilla, de “Los Tucu-Tucu” se mostró conforme con la decisión judicial. Dijo a La Semana que “nosotros entendemos que el proyecto es inconstitucional por eso se presentó la medida cautelar, previo a un juicio a OSE, al Ministerio de Ambiente y al MSP. Lo que establece la medida es la vulneración del artículo 47 de la Constitución y que no se innove hasta que se cumpla con todos los requisitos que establece el artículo 47”.
“Nosotros decimos paren la iniciativa de la obra hasta que esté contemplado todo; todo puede ser que no se pueda avanzar con el proyecto, pero eso lo debe decir la Justicia. La medida cautelar es decir, paren ahí, tomen en cuenta todos los procesos que hay, para después recién decir si hay una obra o no”.
CONTINUIDAD | Consultada respecto a qué debería pasar ahora dijo que para Los Tucu-Tucu el proyecto debería estar ahora “pausado por la medida cautelar, pero sabemos que los procesos continúan. No sabemos hasta dónde va a frenar. Lo que sí nos pone contentos es que seguimos guardando elementos, previo a lo que será el juicio”.
Entiende Sofía Mansilla que “estos proyectos perjudican más que benefician, no está bueno que embalen a la gente con trabajo, porque es una mentira, es pan para hoy y hambre para mañana”.
Por Javier Perdomo.
