El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), es uno de los organismos que cuando aparece en las noticias de los grandes medios es debido a hechos negativos y es común que se vincule la sigla exclusivamente con la conflictividad legal de los adolescentes, sin embargo cada año el INAU atiende a 125 mil niños, niñas y adolescentes con diferentes grados de vulnerabilidad que no están representados por los menos de 400 que tienen conflictos con la ley.
Desde el INAU se generan constantemente políticas de promoción, protección y restitución de derechos a menores de 18 años, para conocer parte de esas políticas consultamos a Andrea Venosa, Asesora Letrada del Directorio de INAU que en principio se refirió a la participación del organismo en la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), en la redacción del proyecto de reglamentación de la ley 19307, comúnmente denominada Ley de Medios.
En ese sentido la profesional dijo que “junto a la sociedad civil, los medios de comunicación y el MIEM estamos trabajando para elaborar el proyecto de reglamentación. El Ministerio de Industria envió en principio un proyecto que era muy general, no le agregaba mucho a la ley y se ha dado un proceso largo y tedioso, estamos ahora elaborando el informe final en el que estamos viendo artículo por artículo, con tres o cuatro alternativas de los artículos porque se han hecho agregados, de ahí saldrá el proyecto final que en definitiva lo va a terminar el Ministerio de Industria, porque muchas cosas que hemos querido incorporar pero el MIEM nos ha cortado un poco las alas”.
Venosa agregó que “de todas formas en lo que tiene que ver con la parte de niñez, el capítulo que nosotros propusimos en su momento, el Ministerio no nos discutió casi nada, si lo hizo la sociedad civil, hay una organización que es la Agencia Voz y Vos que ha discutido algunas cuestiones en las que nosotros queremos poner énfasis en cuanto a cómo se configura la vulneración de derechos de los niños en los medios, nosotros intentamos que exista una producción hecha por los propios chiquilines y sugeríamos un porcentaje de pantalla de producción nacional hecha por chiquilines”.
La Asesora de INAU dijo que se busca “darle a la reglamentación un contenido más específico que ayude a los jueces, también le estamos dando muchas responsabilidades al Consejo de Comunicación Audiovisual, algunas que antes caían en el INAU y ahora la ley se las otorga al Consejo, pedimos que el Consejo protocolice las denuncias o de qué forma deben hacerse las publicidades protagonizadas por niños, qué cuidados deben tenerse en los programas de televisión, porque son tareas que hay que empezar a definir y que hoy en día no existen”.
PARTICIPACIÓN| Un dato poco conocido es la existencia del Consejo Asesor Consultivo del INAU, “integrado por niños, niñas y adolescentes, funciona con grupos nucleados en el marco del Programa de Participación Infantil y Adolescente (PROPIA), funcionan grupos de hasta 150 chiquilines en cada departamento. Esos consejos asesoran al Director Departamental de INAU y mandan sus representantes al Consejo que asesora al Directorio del INAU”.
Los propios chicos son los que plantean al Directorio “todas las inquietudes recogidas en el país, desde agendas de actividades que ellos proponen para que INAU las desarrolle o financie o planteos de quejas o problemáticas específicas de cada departamento”.
De estas propuestas surgió un proyecto de ley que se encuentra en trámite parlamentario, Venosa dijo que se trata “de institucionalizar el Consejo Asesor Consultivo, porque ahora está funcionando a partir de una resolución del Directorio de INAU, y cualquier cambio de la integración del Directorio podría dejarla sin efecto, lo que se busca es que tenga rango legal y en el texto del proyecto se establece que las políticas públicas deben definirse con la participación de los propios niños, niñas y adolescentes”.
De ese Consejo Consultivo han surgido interesantes propuestas, como “audiovisuales para programas de televisión, hay una radio que funciona en Artigas, un periódico hecho por ellos y solventado por INAU, casi todo tiene que ver con medios de comunicación, pero también han hecho campañas de sensibilización, por ejemplo sobre embarazo no deseado o cuestiones vinculadas a lo educativo”.
Es interés de INAU la difusión sobre la existencia en todos los departamentos de estos grupos a efectos de lograr “una participación más amplia, porque cuando se hizo el último plan donde se fijan las metas de cada organismo para proteger los derechos ellos también fueron escuchados, pero la consulta abarcó a muy pocos y no estuvo representada la mayoría del país, esa fue una prueba piloto para escucharlos en el diseño de las políticas, pero lo ideal es que haya más participación para enriquecer las propuestas”.
CONVENIOS| La amplia gama de servicios que atiende INAU obliga a articular con la sociedad civi., Andrea Venosa dijo que así “se llega al Interior, hay organizaciones como El Paso o El Abrojo que atienden la problemática de violencia a través de convenios con INAU, es decir que INAU les transfiere un dinero y fija un reglamento del convenio, se marca un perfil determinado y las organizaciones tienen que ajustarse a ese perfil y deben atender cierta cantidad de niños con esas situaciones de violencia o abuso sexual con equipos multidisciplinarios, algunas de ellas tienen abogados que asesoran en la judicialización de los casos o si no los tienen solicitan el apoyo de INAU para judicializarlos, ahora también les puede representar la Fiscalía en casos de denuncias penales que correspondan”.
Pero además de las diferentes organizaciones, se han creado también “los Centros de Referencia locales, son como células del SIPIAV en todos los departamentos, funciona como una Mesa Interinstitucional donde está la Fiscalía, el Poder Judicial, las Defensorías de cada departamento, el MSP, el Ministerio del Interior, la ANEP, MIDES e INAU, allí se deben atender las situaciones de violencia o abuso de cada lugar y generar los procesos de reparación de daños y también campañas para prevención y sensibilización”.
EXPLOTACIÓN| Otro tema que preocupa a INAU es la explotación sexual y trata de personas vinculados a niños, niñas y adolescentes. Andrea Venosa dijo que “el año pasado hubo 356 casos, pero es muy difícil trabajar esos casos y lamentablemente la cifra está muy por debajo de la realidad, en su mayoría son adolescentes mujeres, aunque también hay varones, y es muy difícil que reconozcan que realmente están siendo explotados sexualmente, muchas veces no permiten que se intervenga en los casos, porque eso significa que pierdan el recurso económico que pueda a veces ser el único y no aceptan seguir un proceso de enjuiciamiento de los casos y buscar salir de esa situación”.
Al respecto la profesional dijo que es importante “llegar a la denuncia por parte de un amigo, un familiar, alguien del entorno, un docente, un vecino que sospeche que hay una situación así para tratar de desbaratar la red, porque en realidad no son casos aislados sino que existen redes de explotación y muchas veces hay vinculadas personas destacadas en los pueblos del interior, gente que suele hacer donaciones, o empresarios conocidos, de alto poder adquisitivo, como pasó en Paysandú hace un tiempo con un estanciero, un caso muy difundido”.
Sobre la acción preventiva de INAU Venosa dijo que se “inspeccionan los espectáculos públicos, tenemos un cuerpo inspectivo que recorre los boliches, pero eso en realidad es más para ver si hay menores y si están consumiendo alcohol, pero a veces en esas inspecciones se detectan algunas indicaciones que alertan que puede haber alguna situación y a partir de ahí se pueden activar los protocolos, pero no hay un cuerpo inspectivo que busque específicamente detectar situaciones de explotación sexual”.
Actualmente existe una línea, 0800 5050 para que cualquier persona pueda hacer denuncias sobre estas situaciones, “pero estamos trabajando para ofrecer una atención de 24 horas, porque en el momento esa línea no cubre el horario nocturno que es cuando se dan la mayor cantidad de casos de las vulneraciones o violaciones”.
ARTICULAR| Para Andrea Vensa “es trascendental el rol de la sociedad civil, no se si el Estado podría estar cubriendo las políticas públicas que se han implementado” y destacó que “hemos tenido también una discusión al interior de la fuerza política sobre si seguir tercerizando estos servicios o si hay que oficializarlas más con más herramientas institucionales, hoy las políticas del INAU se desarrollan en un 80% con organizaciones sociales y solo el 20% son servicios oficiales”.
En estos momentos INAU analiza “modificaciones al reglamento de los convenios, que está muy enfocada en la parte contable o de gestión de recursos y la rendición de cuentas pero sin que existan lineamientos programáticos, como el interés superior del niño, o la no revictimización, que están como implícitos pero no claramente establecidos y eso impide actuaciones cuando se detectan situaciones de vulneración de derechos”.
A modo de ejemplo Venosa dijo que “nos ha pasado con el tema de la laicidad, porque cuando tenemos convenios con organizaciones religiosas surge un gran problema, porque casi el 80% de las organizaciones que se presentan son de origen religioso, por ejemplo para gestionar un CAIF, entonces en algunos lugares a determinadas horas tienen como actividad obligatoria para los chiquilines la misa, o ir al culto, o les obligan a rezar para darles la comida y en esos casos tenemos que aplicar la Ley de Educación que establece la laicidad”. Comentó un caso ocurrido “el año pasado en Rivera, donde se instaló una mesa receptora de votos para la elección de los jóvenes del Partido Nacional en un CAIF y nos decían que ese era su único local”.
FAMILIA AMIGA| Otro programa poco conocido apunta a “generar hogares de acogida o Familias Amigas, donde se busca que las familias se inscriban para recibir transitoriamente a niños hasta que se resuelva su reincorporación a su familia biológica o si se abre un proceso adoptivo, para eso los interesados deben presentarse en las oficinas de INAU de su departamento”.
Andrea Venosa agregó que tras “un proceso de dos o tres meses, se les califica y si encuadran en el perfil de las familias ya pueden recibir niños para vivir con ellos y el INAU les paga un importe por cada niño para la manutención y cubrir las necesidades de los chiquilines, es como atender a un hijo, pero teniendo en cuenta que no es algo permanente, es transitorio mientras se resuelve su situación”.
Esas familias recibirán apoyo de “equipos técnicos que visitan periódicamente a las familias y apoyan los cuidados requeridos según las vulneraciones que cada uno arrastre, cómo enfrentar algunas situaciones que pueden presentarse, el equipo trata de apoyar o indicar alguna terapia, también se hace un seguimiento de supervisión, si lo mandan a la escuela, o si le hacen los controles médicos, esas son visitas aleatorias, sin avisos previos e incluyen charlas personales con los niños”.
La Asesora de INAU dijo que “hay 4500 chiquilines de 0 a 18 años en régimen de internado 24 horas, mayoritariamente adolescentes, que no tienen conflictos con la ley, sino que están en el sistema de protección porque no han podido ser atendidos por sus familias, porque los padres han perdido la capacidad de cuidarlos, por diferentes razones como salud mental, problemas de adicciones, narcotráfico y otras veces es porque se les ha vulnerado en sus derechos por abusos sexuales o situaciones de violencia doméstica, esos niños llegan al régimen de protección por una decisión judicial con asesoramiento de equipos técnicos en territorio que así lo recomendaron”.
Esos 4500 niños en este régimen ubican a Uruguay “con el índice más elevado en América Latina y nos ha valido alguna observación internacional al respecto” finalizó diciendo la profesional.
Por Jorge Gambetta.
