Michel Foucault (1926-1984) dijo alguna vez que “la prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas son útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes sirven”, ya que “cuanto más miedo en la población, más aceptable se vuelve el sistema de control”.
Aterrizando en el Uruguay de hoy, parece inequívoco que la mirada que la sociedad tiene sobre los problemas de la criminalidad la ubican como un tema prioritario tanto para la opinión pública como para el sector político. El debate en torno a la criminalidad se intensifica a medida que nos acercamos a 2019. Los medios y las redes explotan ante cada hecho noticioso, gobierno y oposición responden según su posicionamiento e intereses, desde cada lugar surgen permanentes interpretaciones, medidas, propuestas y reclamos en la búsqueda tanto de su comprensión como de la mitigación de sus efectos.
REALIDAD| Todo indica que efectivamente, como sugería Foucault, el tema está siendo funcional a quienes aspiran mantener o recuperar el gobierno, cada uno lo interpreta a su manera, la realidad muestra un creciente descontento social, los vecinos han creado grupos de WhatsApp, en ellos circulan alertas y novedades de todo tipo y de credibilidad dispar. En la localidad de Toledo opera un grupo de vigilancia civil y el arresto ciudadano, peligrosamente cercano al concepto de “justicia por mano propia”, está surgiendo como un fenómeno con claros y oscuros.
El Poder Ejecutivo ha planteado polémicas modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal a pocos meses de su entrada en vigencia, tales correcciones han sido duramente cuestionadas desde el Poder Judicial y desde algunos sectores del propio partido de gobierno, pero apoyadas con matices por la oposición.
Al mismo tiempo el sector que encabeza el senador Jorge Larrañaga viene recorriendo el país con su proyecto de reforma constitucional que permitiría los allanamientos nocturnos, el patrullaje militar en las calles e impondría una especie de cadena perpetua para algunos delitos muy graves.
Las redes sociales también parecen ir en consonancia con Foucault, se reclama mano dura y repican las noticias, sin ir muy lejos el pasado jueves se produjo en Libertad una rapiña a un comercio y minutos más tarde el video de las cámaras de seguridad del local ya circulaba en Twitter y Facebook.
El miércoles una delegación encabezada por el intendente José Luis Falero, los diputados Walter De León y Ruben Bacigalupe y representantes de todas las bancadas de la Junta Departamental de San José se reunió con el secretario de Presidencia Miguel Angel Toma para plantear una serie de inquietudes y reclamos como la instalación de cámaras y el refuerzo de las dotaciones policiales.
Desde el Ministerio del Interior todo hace suponer que el cierre del mes de junio mostrará los peores resultados registrados en el informe semestral que viene realizando el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Eso sugieren las declaraciones públicas que vienen formulando desde hace algún tiempo las máximas autoridades como el Director Nacional de Policía Mario Layera, el ministro Eduardo Bonomi y recientemente el subsecretario Jorge Vázquez, atribuyendo a diferentes factores y actores el incremento de los delitos contra la propiedad y las personas.
GARCÉ| Mientras tanto, en una actividad organizada por jóvenes del Partido Nacional el viernes se presentó en la sede del Club Campana el ex Comisionado Parlamentario Penitenciario Álvaro Garcé, actual asesor del Senador nacionalista Luis Lacalle Pou, para dialogar con adherentes partidarios y público en general sobre el tema seguridad.
La Semana dialogó con Garcé poco antes de comenzar la charla y dijo que “venimos a hablar del tema que más preocupa a la ciudadanía por el aumento constante de todos los delitos y sobre todo por un rumbo equivocado del Ministerio del Interior que hace tiempo viene errando en las políticas de seguridad y los resultados están a la vista”.
Álvaro Garcé dijo además que “también vinimos a intercambiar con los jóvenes cuáles son las posibles medidas que se deberían tomar para revertir esta situación” y en ese sentido agregó que lo primero que debe hacerse es “evitar que el delito siga aumentando y después enfrentarlo con políticas de prevención, disuasión, represión y rehabilitación de las personas encarceladas, sin esos puntos fundamentales no hay política de seguridad que sirva”.
Sobre su visión de cuáles serían sus propuestas en materia de prevención, Garcé dijo que “la prevención es la clave, así como en Salud se dice más vale prevenir que curar, en materia de seguridad pública más vale prevenir que lamentar o que reprimir” y agregó que “no sólo se trata de instalar cámaras, que están bien y ayudan, pero el concepto de prevención es mucho más amplio, la acción policial resulta absolutamente la clave, nosotros creemos que actualmente el cuerpo policial no tiene el apoyo que merece desde el Ministerio del Interior”.
PROPUESTA| En ese sentido Garcé opinó que “esa falta de apoyo se da fundamentalmente en el nivel clave que es la represión del delito, hoy los policías no tienen respaldo y no tienen las herramientas jurídicas como para enfrentar a la delincuencia creciente, uno de los proyectos que están en el Parlamento es el presentado por el Senador Luis Lacalle Pou sobre Legítima Defensa Policial Presunta”.
Para explicar el concepto del proyecto, Garcé dijo que “es extender la legítima defensa, con una presunción relativa, en principio supone que el policía que hace uso de su arma de reglamento ha actuado dentro de la ley y si ha cometido algún tipo de exceso naturalmente no queda amparado en la legítima defensa”.
El ex Comisionado Penitenciario agregó que “hoy cuando un policía saca el arma tiene que esperar que lo agredan para poder responder y eso no tiene sentido porque está arriesgando su vida y se trata de darle respaldo en una situación crucial donde está en juego la vida propia o la del otro en un segundo”.
La pregunta siguiente caía por su propio peso, cuál es la fina línea entre eso y el llamado gatillo fácil y Garcé dijo que “la línea es que la presunción que nosotros planteamos no es una presunción absoluta, esto quiere decir que admite prueba en contrario, si alguien va por la línea del gatillo fácil entonces está actuando fuera de la ley y fuera de la ley no tiene ningún tipo de respaldo, nosotros queremos respaldar a los funcionarios que hacen las cosas bien y conforme a derecho”.
En los últimos dos años la población carcelaria ha superado números históricos, ubicándose actualmente por encima de los 12000 reclusos, al mismo tiempo se ha reducido el promedio de edad de las personas privadas de libertad, para Garcé, estos dos elementos “más una reincidencia que está en el orden del 75% hablan del fracaso del sistema carcelario en este momento y hablo de fracaso porque si bien hace unos años, en 2012, 2013, parecía encaminarse un principio de solución, hoy se está peor que antes”.
En este sentido Garcé agregó que “la señal más clara de ese fracaso está en los niveles alarmantes de violencia y de homicidios dentro de las cárceles, cuando la gente está recluida en esas condiciones y se enfrentan de una manera tal que la vida no vale nada, luego cuando salen actúan de la misma forma, es decir que el criterio es que la vida no vale nada dentro o fuera de la cárcel, no vale la propia ni la de nadie”.
El asesor nacionalista dijo que “cuando las cárceles son cada vez más violentas las sociedades se van volviendo también cada vez más violentas a plazos, a veces nos dicen que dejemos de hablar de las cárceles, pero esa es una de las dimensiones de la seguridad pública, por eso debemos combinar la prevención, la disuasión, la represión y fundamentalmente rehabilitación para bajar la reincidencia, porque si no entramos en un círculo vicioso que no termina nunca”.
En lo que tiene que ver con políticas sociales y educativas, Garcé dijo que “la prevención social del delito no le atañe a la policía, y son muy importantes y un eventual gobierno del Partido Nacional va a priorizar las políticas sociales, pero hoy vinimos a hablar acá no en la cancha tan grande de las políticas sociales sino específicamente de lo preventivo, y lo primero es votar ese proyecto del Senador Lacalle Pou para respaldar a la policía”.
Sobre el proyecto propuesto por el Senador Larrañaga, Garcé dijo que “es una medida que en lo personal no suscribo el medio pero estoy de acuerdo con el fin que es mejorar la seguridad y en eso estamos todos de acuerdo, pero creo que lo importante es respaldar a la policía”.
Sobre las modificaciones propuestas desde el Poder Ejecutivo al nuevo Código del Proceso Penal, Garcé dijo que “parece que el partido de gobierno está borrando con el codo lo que durante años escribió con la mano, durante mucho tiempo se decía que había que modificar el proceso penal y ahora se está volviendo al sistema anterior” y agregó que “habría que ser más cauto, de todas maneras lo que me preocupa son las explicaciones que se han hecho en estos días, como hoy, que la inclusión financiera es la causa del delito, créame que estoy asombrado por el nivel de banalización del análisis, me asombra que se diga que una medida de ese tipo explica la crisis de seguridad que vivimos, hay que asumirlo, acá lo que ha fracasado es la política de seguridad, los resultados están a la vista y para revertir eso lo primero que hay que hacer es cambiar la política de seguridad”.
Por Jorge Gambetta.
