Tal como anunciáramos en la edición impresa del martes, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de San José en horas de la noche, se anunciaba oficialmente que la instalación de una planta incineradora de residuos industriales en un predio ubicado en Colonia Italia -al que se ingresa por el kilómetro 57 de ruta 1-, fue rechazada por la Intendencia. Así lo informaban el edil Javier Gutiérrez (PS-FA), y su suplente Pablo Cortés, tras reunirse con el asesor de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Alexis Bonnahón.
Según lo adelantado por Pablo Cortés a este medio, en la presentación ante la prensa de la capital va a dar cuenta del oficio por el que la intendenta Ana María Bentaberri le informó al ministro Adrián Peña que no iba a autorizar la instalación de la planta, junto a un informe de la Comisión de Seguimiento del Ordenamiento Territorial, firmado por el director Carlos Rodríguez, en el que explicitan las razones por las cuales no se autoriza el proyecto.
Según lo dicho por Cortés, “de la decisión ya se notificó personalmente al responsable de la empresa, o sea que queda oficialmente descartado que la empresa se instale en el lugar. Por más que la DINACEA (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, ex Dinama), autorice el proyecto, la Intendencia no lo va a autorizar. Como las acciones de la Intendencia y el Ministerio son concurrentes, una es a impulso de la otra, es decir que si no están las dos autorizaciones, el proyecto no se realiza”.
El oficio enviado por Bentaberri al ministro Adrián Peña es muy conciso. Dice que “la Intendencia no ha otorgado ni otorgará viabilidad para tal proyecto ni para ninguno de igual naturaleza a ser instalado en el departamento de San José”.
SEGUIMIENTO | A su vez, el documento elaborado por la Comisión de Seguimiento del Ordenamiento Territorial, establece que “el padrón 3622 (antes padrón rural 18095), fue categorizado como sub urbano por la Junta Departamental el 21 de noviembre de 2016, a solicitud de la empresa TEK_M S.A., a los solos efectos de retomar la actividad industrial que se había abandonado en el año 2019”.
Luego se explica que “un expediente de 2017 ya contaba con un informe negativo por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial a nivel departamental de fecha 3 de setiembre 2018, en el cual participó el intendente José Luis Falero y no fue adosado al expediente electrónico”. A su vez, en octubre del año 2019, la Intendencia otorgó un plazo de 90 días, a solicitud de la empresa, para adjuntar material relacionado al emprendimiento”, pero “recién en mayo de 2020, la empresa volvió a tener contacto con la Intendencia, manifestando nuevamente interés en el proyecto”.
Es en el mes de setiembre del año 2020, que la empresa ingresa en la oficina de la Intendencia en la ciudad de Montevideo, el proyecto de viabilidad ambiental. “En diciembre de 2020, el asesor de Ordenamiento Territorial de la ISJ se reunió con los representantes de la empresa, Sergio Masculiatte y el doctor Cardozo, a los cuales se les manifestó la negativa a la instalación del emprendimiento”.
Las razones esgrimidas en el informe de la comisión de ordenamiento son que “es prioridad de la Intendencia no generar conflictos ni vectores entre los distintos sistemas productivos que tenemos en el departamento”. Además, se establece que “la caminería rural de acceso a la planta ubicada en el padrón 3622 no es apta para el tránsito y el transporte de los productos a incinerar”.
Otras razones dadas es que “el padrón se encuentra sobre el acuífero Raigón, que Colonia Italia es de prioridad lechera y que en esta zona se encuentra gran parte de la producción mielera del departamento”.
Es por todo esto que la mencionada comisión, aconseja a la intendencia “denegar la instalación de este tipo de industria en esa zona productiva, basándose en que Colonia Italia es una colonia de prioridad lechera, principalmente de productores familiares, y que es de interés de la Intendencia preservar en esta zona ese tipo de producción”.
MOVILIZACIÓN | La decisión está fundamentada en las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, en la ley de ordenamiento territorial, en la Ley General de Protección del Medio Ambiente (número 17283), y el artículo 47 de la Constitución de la República. Además del director Carlos Rodríguez, firma el documento el arquitecto Nicolás Roquero.
De esta forma se estaría poniendo fin a este proyecto que generó la preocupación de productores de la zona y vecinos, particularmente de la localidad de Puntas de Valdez, que se movilizaron en contra de este proyecto y encontraron sintonía en el sistema político.
