Tal como se había anunciado una vez que culminara la comparecencia de los directores Carlos Olagüe y Yarwin Silveira a la Junta Departamental para brindar explicaciones sobre el sistema de compras de la Intendencia y sobre la forma en que un funcionario adquirió en nombre de la comuna hasta tres motos en un comercio de la capital departamental, el Frente Amplio San José, presentó un pedido de acceso a la información pública debido a haber considerado insuficientes las explicaciones brindadas por los jerarcas en aquella oportunidad.
El pedido fue elevado el jueves 30 de noviembre y hecho público en la jornada del lunes 4 de diciembre. Apelando a lo establecido en la ley 18.381, el Frente Amplio solicita “copia del expediente de compra o de cualquier actuación administrativa relacionada con la adquisición de vehículos” en un comercio de la capital, en el cual haya “participado, autorizado o no”, el funcionario cuestionado.
También solicita el FA el “registro y detalle de otras compras que hubieren sido detectadas con similares visos de irregularidad, realizadas por el mismo u otro funcionario y de las medidas investigativas denunciadas que la administración haya realizado por ellas”.
Otro de los ítems del pedido de acceso a la información pública solicita los “detalles sobre dicha o dichas adquisiciones, como fechas de compra y retiro del o los vehículos, identificación de funcionarios que pudieren haber intervenido en ella/s, precio/s comprometido/s y/o pagados y toda otra información relacionada con dicha/s transacción/es”.
Además, solicita el “detalle sobre la forma y fecha en que los jerarcas correspondientes y usted en particular (el pedido está dirigido a la intendente Ana María Bentaberri), tomaron conocimiento del hecho referido”. También se pide que se identifique a “los jerarcas involucrados en la toma de conocimiento”.
DENUNCIAS | Otro de los pedidos tiene que ver con la “copia y fecha de la denuncia que se haya presentado en la seccional policial correspondiente o en la Fiscalía Departamental, una vez conocida la existencia del hecho con apariencia delictiva referido, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 177 del Código Penal y en el artículo 390 TOFUP” (Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos).
Pide también el FA la “resolución y fecha de su dictado, por la que se haya determinado el inicio de la investigación administrativa de los hechos referidos”. Aclara esta consulta que “si bien se entiende que el carácter reservado correspondiente a dicha investigación impide que se nos brinde copia de las actuaciones que se estén llevando a cabo en ella, solicitamos copia y fecha de la resolución que haya determinado su inicio”.
El último punto está orientado a la actuación de la Dirección de Tránsito, al pedirse “copia de toda la documentación y detalles del o los empadronamientos y eventual/es anulación/es de dichos trámites en relación a uno o más de los vehículos involucrados”.
El Frente Amplio solicita que toda la información pedida le sea entregada en formato papel y en pen drive, adjuntándose un dispositivo para que la Intendencia lo coloque en él.
La realización de este pedido de acceso a la información pública, había sido anunciado por la presidenta del Frente Amplio Marcela Barrios, tras la realización de una Mesa Política Departamental de la coalición de izquierdas en la que se habían considerado insuficientes las explicaciones dadas por los jerarcas en su comparecencia a principio0s del mes de noviembre.
Según lo que establece la ley 18.381, la Intendencia tiene 20 días hábiles para responder al pedido o solicitar un aplazamiento por otro período similar. En caso de no ser respondido el solicitante, en este caso el Frente Amplio, puede recurrir a la Justicia.
Imagen ilustrativa, tomada de la web.
Por Javier Perdomo.
