En la sesión ordinaria de la Junta Departamental del 27 de febrero, la edila frenteamplista Ana María Piñeyrúa (lista 82), al hacer uso de una media hora previa pidió que la Intendencia cumpla con la Ley Orgánica Municipal y haga de “policía sanitaria” en relación a las fumigaciones de agrotóxicos.
Recordó la Edila que en Uruguay desde 1996 está autorizado el cultivo transgénico, destacándose entre ellos la soja y el maíz. La representante dijo que es algo que ha ido en aumento. “Hablar de transgénicos nos lleva indefectiblemente a hablar del uso de plaguicidas. Y hablar del uso de plaguicidas nos lleva directamente a hablar de la contaminación ambiental con la consiguiente alteración de los ecosistemas (tierra, aire, agua), y la repercusión en la salud de la población”.
“El desarrollo de los cultivos transgénicos ha aumentado la exposición de la población a los plaguicidas y el contacto con el ser humano puede darse a través de la piel, de la vía respiratoria y vía digestiva. Según el grado de exposición los efectos en la salud podrán ser agudos o crónicos; estos últimos están vinculados a una exposición a bajas dosis durante un largo período de tiempo”, agregó la Edila y Pediatra retirada.
En su exposición Piñeyrúa comentó que no pretendía extenderse sobre las repercusiones en la salud humana que, dijo, son muy variadas y más o menos graves, pero si quería “hacer énfasis es en que los plaguicidas son sustancias potencialmente tóxicas, por lo que hay recomendaciones para disminuir el riesgo vinculado a la exposición”.
“La magnitud de estos riesgos depende de las características propias de cada producto, de las formas de uso, de la maquinaria utilizada, de las condiciones atmosféricas, entre otras. Quienes están más expuestos no son solamente los trabajadores agrícolas y quienes manipulan estos productos, sino también los vecinos y vecinas de los cultivos, que viven en zonas rurales, así como los habitantes de poblaciones más o menos pequeñas que se encuentran próximas”, dijo la Edila del FA.
EL BALNEARIO | La representante se refirió en particular a los vecinos de Kiyú. “Desde hace bastante tiempo un grupo de vecinos de distintos puntos de Kiyú me han manifestado su preocupación por la cercanía de las plantaciones de soja y maíz transgénico, cercanía al centro poblado que constituye el balneario, a las dos escuelas de la zona y a las poblaciones distribuidas en toda la ruralidad”, mencionó.
Ana María Piñeyrúa mostró en sala una imagen “donde se visualiza la plantación de maíz al costado de la avenida principal del balneario, en un tramo relativamente largo. Dicha plantación está separada del centro poblado solo por dicha avenida. Es muy fácil de imaginar lo que debe suceder cuando se procede a la fumigación con plaguicidas, ya sea por tierra o por aire”, dijo.
“Queda en evidencia que la distancia requerida por el marco regulatorio para poder fumigar, no se cumple. Si a esto le agregamos que muchas veces se procede a la fumigación sin tener en cuenta lo exigido en cuanto a características del clima, como temperatura, humedad y vientos, la situación es más grave aún”, comentó .
Para finalizar, Ana María Piñeyrúa, recordó lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, que dispone “la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores” y lo que disponen los numerales 15 y 24 del artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal que dice que “los gobiernos departamentales deben velar por los derechos de sus habitantes”, así como “ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones”.
Según Ana María Piñeyrúa, “queda claro que hay cosas que no se están cumpliendo, por lo que creo que se debe actuar con celeridad”.
Por Javier Perdomo.
