Se habrá dado cuenta usted que no hice mención alguna a la nostalgia en las anteriores ediciones elucubradoras de agosto. Es que a este escriba de pueblo chico no le gusta caer en los lugares comunes ni reiterarse en sus dichos (aunque a veces eso sea inevitable), por eso le invito a seguir estas líneas que, en su última versión del mes ocho del año 23, le hablará de las cosas más presentes que nunca, porque eso de andar con nostalgias, es de otra época. Si le parece, vamos comenzando, ya que el tiempo no para, como decía Cazuza.
Y al final el gobierno, con la opinión contraria de la comunidad científica, de los movimientos sociales y de la oposición política, adjudicó la licitación para construir el proyecto Neptuno en la zona de Arazatí, en la costa josefina. No es ninguna novedad quién ganó la licitación; fue el Consorcio Aguas de Montevideo, que tenía pronto este proyecto para cuando ganara la coalición multicolor y lo puso sobre la mesa enseguida que asumieron las nuevas autoridades para que fuera aprobado.
No hay que ser muy despierto para darse cuenta de los compromisos previos que existían para que el gobierno llevara adelante este proyecto y para que fuera adjudicado a este grupo de cuatro empresas consorciadas (Sacemm, Fast, Berkes y Ciemsa). Pero claro, por suerte con el Estado, no es tan sencillo como decir “haceme esto” o “hagamos aquello”, hay que cumplir un montón de procesos y controles y la adjudicación de una obra de esta índole, inevitablemente pasa por una licitación, más allá que no cumplieran con otros pasos previos que están previstos, por ejemplo un estudio de impacto ambiental serio. Pero la etapa de la licitación la cumplieron y el asunto parece estar blanqueado, los dueños de la idea son los que la van a hacer.
Disculpe que sea tan crudo en la descripción, pero es eso lo que ocurrió con el Neptuno. Le adjudicaron un negocio que les va a dejar más de 800 millones de dólares en 18 años a un grupo de empresas amigas. Desde ahí, para este escriba de pueblo chico, más allá de las razones técnicas y de la privatización que implica, todo está deslegitimado. Todo el proyecto tiene flancos débiles y si bien hay una adjudicación, que compromete al Estado uruguayo a sanciones en caso de no cumplir, sigo pensando que no está asegurada 100% su construcción, al menos por ahora.
¿Por qué lo pienso? Bueno, porque son muchas las acciones legales que lleva adelante la sociedad civil organizada y el gremio de OSE, intentando detener el proceso que llevaría a construir la planta potabilizadora y el polder (reservorio de agua), en una zona natural que será alterada por completo, y porque cuando se trata de un bien esencial para la vida, como lo es el agua, la gente se moviliza. Le ha dicho no a anteriores intentos privatizadores y le puede volver a decir no a éste.
¿La forma en que lo hará? Bueno, eso lo dirá el tiempo y las propias organizaciones, este escriba sólo se encarga de husmear y manejar posibles escenarios, pero la realidad es más compleja de lo que uno imagina y vaya a saber hacia dónde nos lleva todo esto.
Mire, yo sé que en este tipo de discusiones está en juego esa constante contradicción entre lo ambiental y la necesidad de inversiones y puestos de trabajo. Ese es uno de los principales caballitos de batalla de los promotores de megaproyectos como el Neptuno, ya sean privados o estatales: el empleo, la prosperidad para las localidades cercanas, siempre está mencionado.
Con 26 o 27 años en esta profesión (a cierta edad, uno empieza a perder la noción del tiempo que ha pasado), he presenciado decenas de disyuntivas como la que se presenta ahora entre lo que es la conservación del ambiente y las necesidades de trabajo y deseos de progreso económico concreto, que tienen quienes habitan el país (la contradicción se vivencia en muchos otros lugares el mundo).
Si le soy sincero, no recuerdo a ninguna causa ambiental ganar una pulseada de este tipo en Uruguay, quizás en esta ocasión ocurra y no se concrete algo que nace mal, que técnicamente es inadecuado, que genera demasiadas suspicacias y que viola la Constitución de la República, porque el espíritu de la reforma de 2004 siempre fue claro: todo el proceso del agua debe ser brindado por la empresa estatal y por ello el Neptuno es un emprendimiento privatizador.
Hablando del plebiscito, pero siguiendo con el tema, le quiero hacer un comentario: en estos días vi una nota que le hicieron colegas de San José de Mayo al secretario general de la Intendencia de San José Sebastián Ferrero, quien molesto por los cuestionamientos recibidos de parte del FA por cómo ha actuado la comuna respecto a los obras que ha realizado el gobierno nacional en el río San José, entre todas las cosas que dijo -no me quedó claro a razón de qué lo dijo-, mencionó como un logro para el país, la reforma constitucional que el 64% de los uruguayos votamos en 2004.
Está muy bien que lo destaque, pero también hay que ser memoriosos (que no es lo mismo que ser nostálgico), y recordar que el sector político de Ferrero (el viejo herrerismo con nombres nuevos como Todos, Sumate, Sumar y varios más), estuvo en contra de aquél referéndum, hizo campaña contra la propuesta y además era responsable de la privatización del servicio de agua en Maldonado, origen de toda la movida que llevó a implementar la norma constitucional. No quería decir nada más, sólo poner en perspectiva declaraciones que se hacen y que pueden sonar muy bien, pero que no reflejan toda la realidad. Para eso estamos los periodistas, para hacer memoria, de lo bueno y de lo no tan bueno.
Ya finalizando este texto dejemos el agua a un lado y exploremos un asunto final, que no es nostálgico, pero que tuvo como escenario el fin de semana largo por el 25 de agosto. Dicen que unos 100 mil uruguayos cruzaron el charco, a darse una vueltita por Baires y otros lugares de la vecina orilla. Como se habrá dado cuenta, no estuve entre ellos, pero conozco mucha gente que tuvo la oportunidad de hacerlo y me parece muy bien, porque la posibilidad de vacacionar y/o conocer nuevos lugares es un derecho humano y si el país visitado ofrece oportunidades, bien hacen quienes pueden ir a darse una vuelta.
Claro que esto genera una contradicción muy grande a nivel local. Qué pasa con todos aquellos que a diario hacen un esfuerzo para mantener funcionando un comercio o un emprendimiento, si sus posibles clientes se van del país cada fin de semana y compran todo lo que uno vende, en la otra orilla. Sin dudas que es un gran dilema; por un lado está el derecho al disfrute vacacional y por otro el derecho a la sobrevivencia del comercio local.
Las autoridades nacionales dicen que poco o nada pueden hacer, mientras ven como el comercio del litoral baja las persianas, pero también es cierto que uno pasa por las aduanas sin casi ser revisado, por lo cual por ahí algo se podría hacer. Es demasiada la permisividad, tal vez con algún poco más de control algo, el comercio local no se vería tan afectado y todos podrían ir a hacer su paseo por Argentina, sin la necesidad compulsiva de comprar porque es más barato.
Pero usted no me haga caso, recuerde que yo soy sólo un escriba de pueblo y tengo poca experiencia en viajes. Por ahí se la dejo en esta ocasión. Recuerde que en siete días nos volvemos a encontrar en este mismo espacio. Hasta entonces.
Imagen ilustrativa, tomada de la web.
Por Javier Perdomo.
