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Elucubraciones

Elucubraciones semanales, edición 10/05/2022: «Hablemos del agua»

5 minutos de lectura

Acá entre nosotros, le comento, cómo cuesta en invierno meterse bajo la lluvia. Sin dejar de hacerlo, le reconozco que me demoro todo lo que puedo, aunque una vez que lo hago, me siento feliz al ser invadido por esa sensación de bienestar que se siente al golpear el agua sobre uno y ven esos momentos es que recuerdo que vivo en una zona privilegiada del planeta. Esta casi confesión pública, viene a cuento del tema central que abordará esta edición elucubradora de mayo, que viene con discurso decidido desde que empezó a gestarse. Si le parece, tras el punto y aparte, le voy contando.

El líquido elemento será lo que marque esta página de papel -y la página de la web también-, ya que me interesa hablarle del proyecto Neptuno, que atañe a todos los vecinos de este departamento, porque como ya ha informado el medio que nos sostiene, se desarrollará en las costas josefinas -más concretamente en balneario Arazatí-, si es que termina concretándose, porque si bien hay apuro gubernamental por sacarlo rápido, no está todo decidido.

Mire, si bien he escuchado argumentos técnicos en contra y a favor del proyecto, no me considero capaz de dar una opinión con conocimiento sobre ese aspecto del Neptuno, pero lo que más me preocupa -o me ocupa-, es cómo pretenden burlarse de la voluntad de quienes en el año 2004 votamos una reforma constitucional que era muy clara y precisa y que establecía que el suministro de agua potable y el saneamiento debían ser brindados por organismos estatales. El agua pasó a considerarse un derecho humano inalienable y no un negocio.

“El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”, dice con claridad la reforma constitucional que votamos el 64.5% de los ciudadanos en 2004 y que con una burda interpretación legal se quiere birlar ahora para permitir la intervención del sector privado en el manejo de un recurso finito y esencial para la vida como es el agua.

Porque supongo que la mayoría no recuerda -la locura por la supervivencia diaria hace que la memoria sea cortoplacista y eminentemente práctica-, porque hay gente que no vivió ese tiempo y porque además, se supone que una de las funciones del periodismo es ser la memoria activa de las comunidades -de las pequeñas más aún-, le voy a recordar el ambiente de aquellos primeros años del siglo XXI y las razones que llevaron a la movilización social que determinó la reforma constitucional.

No recuerdo si fue en el gobierno de Lacalle padre o en el segundo de Sanguinetti que se inició un experimento de privatización del agua en el departamento de Maldonado. Vasca, si mal no lo recuerdo (la memoria a veces falla y no quiero la ayuda del tío Google para todo), era la empresa a la que se le concedió el manejo del recurso en el departamento turístico por excelencia. Fue todo un desastre, mal servicio, costos altos, ineficiencia total y un movimiento fuerte de vecinos fernandinos (multipartidario), comenzó a exigir de inmediato el regreso del servicio a OSE. Allí estuvo el embrión de la reforma constitucional.

En 1999, y gracias a una reforma constitucional que retrasó el acceso del Frente Amplio al gobierno por cinco años -con votos frenteamplistas incluidos-, llega Jorge Batlle al gobierno y en su megalomanía liberal plantea la posibilidad de extender la experiencia fernandina con el agua a otras zonas del país y en poco tiempo surge el movimiento que nos lleva al plebiscito de 2004 encabezado por FFOSE y el movimiento fernandino.

En realidad Batlle pudo avanzar poco con su plan privatizador, porque llevaba menos de un año en el gobierno y se le vino toda la estantería abajo. Se le cayó el paraíso fiscal al que nos querían supeditar como nación y las prioridades pasaron a ser otras. Sin embargo la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (aún activa), se fijó el objetivo de terminar con la concesión en Maldonado y establecer una norma que en el futuro -por ejemplo el hoy-, impidiera el acceso a privados al agua, entendido su suministro como un derecho humano fundamental. Uruguay fue el primer país del mundo que lo hizo. Así fue que se llegó al plebiscito y junto a las elecciones nacionales se aprobó la reforma, con casi el 65% de las voluntades afirmativas.

La actual administración, le da vía libre a un proyecto privado para la generación de una alternativa de suministro de agua potable para una parte del área metropolitana de Montevideo, que se vio como un proyecto inviable a principios de siglo -gobierno de Batlle con el maragato Alberto Casas como Director de OSE-, pero que ahora reflotó un grupo de cuatro empresas constructoras y de ingeniería, que parece que hacía tiempo estaban muy bien enteradas de lo que querría el nuevo gobierno, porque tenían todo el paquete armado para presentar al asumir el gobierno la coalición multicolor.

Es un proyecto faraónico que genera dudas técnicas importantes y que pretende burlar la reforma constitucional estableciendo que el agua sigue llegando a los hogares por las cañerías de OSE, se registra en sus contadores y se le paga el ente. En efecto esto es así, pero el punto es que la infraestructura que permite suministrar agua será privada y OSE paga al privado por ese suministro. Eso es suministro privado del agua y está prohibido por la Constitución.

Es sencillo lo que ocurre, estamos ante un intento de privatización encubierta, que además será onerosa para los consumidores finales -nosotros, usted, yo-, porque obviamente el privado querrá amortizar la inversión y obtener ganancia, porque si no, para qué invertir 300 millones de dólares en un negocio a 30 años. Eso inevitablemente se reflejará en las tarifas.

He consultado a gente de la comisión nacional en defensa del agua, sobre los caminos que piensan seguir para intentar frenar esta injerencia privada en un derecho humano fundamental como el acceso al agua y pareciera que no hay mucha claridad de cómo oponerse, más allá de algún recurso jurídico (que los gobiernos casi nunca acatan), y la participación social en las comisiones de cuenca (instancias de discusión en las que no se discute, los gobiernos las convocan sólo para informar lo que van a hacer). Con esto no alcanza, porque veo que viene como tromba el Neptuno y a este ritmo pronto tendremos noticias de que el consorcio constructor, habrá ganado una licitación hecha a su medida, para hacer una obra que, según la Constitución, de hacerse, tendría que estar en manos del Estado.

¿Será tiempo de convocar a la sociedad civil toda para enfrentar este nuevo proyecto privatizador? No sé cómo, otro referéndum sobre el tema no sería posible, pero la inventiva del movimiento popular dirá por qué camino seguir.

Las elucubraciones van llegando a su final por esta semana; compungido por el divorcio presidencial y dispuesto a darme un chapuzón a pesar del frío, le dejo abierta la discusión sobre el futuro de nuestra agua, la suya, la mía, la que no puede faltarle nunca a un ser humano, la del derecho fundamental. No permitamos que nos tomen el pelo, lo que votamos en 2004, fue claro.

 

Por Javier Perdomo.

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