Este jueves 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, un recurso del que Uruguay posee en abundancia y por eso su preservación y control es central mirando a futuro. En esta edición de La Semana, abordaremos en varias páginas esta temática trascendental para la vida humana, desde distintas ópticas. Esta nota está dedica en principio a un tema que estará en la agenda de discusión durante buena parte del año y quizás de 2019. Estamos hablando de la campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum para que todos los uruguayos decidamos si sigue firme o se deroga la Ley 19553 o Ley de Riego con Destino Agrario, que fuera votada por el Parlamento nacional en noviembre de 2017.
El puntapié inicial de la campaña lo dio la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), que durante todo el proceso de discusión parlamentaria del proyecto del gobierno, alertó de la inconstitucional de la normativa y manejó desde el principio que, en caso de aprobarse, iba a recurrirla. Hoy, con el apoyo de distintas organizaciones y habiéndose sumado en las últimas semanas el Pit-Cnt, se lanzó la campaña para intentar llegar a las 657 mil firmas necesarias para que se habilite la instancia de referéndum que se cumpliría con las elecciones nacionales de 2019.
La Semana dialogó con Carlos Sosa, Secretario de Organización de FFOSE e integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para conocer las razones por las que el gremio se opone a la Ley votada por la casi unanimidad del sistema político (solo un Diputado -Eduardo Rubio-, y una Senadora -Carol Aviaga-, votaron en contra).
Comenzó explicando el dirigente sindical que como gremio han participado de todas las instancias de discusión sobre el tema del agua. “Participamos de la elaboración de la ley 18610, de política nacional de aguas y los concejos que se han creado, el nacional, el regional y los comités de cuenca y en todos esos ámbitos habíamos dicho que estábamos preocupados por lo que estaba pasando en las fuentes de agua de las que OSE toma para la potabilización y tenemos que decir que el agua está cada vez más comprometida”, comentó y añadió luego de un intenso debate “a la interna de nuestro sindicato, se tomó la decisión de impulsar un referéndum contra la ley de riego, que en última instancia lo que hace es profundizar aún más el deterioro de la calidad del agua”.
Dijo el dirigente sindical que desde un principio supieron que no era una parada fácil porque “el país no estaba consustanciado con el debate sobre la ley de riego que se estaba discutiendo en el parlamento, por lo que vimos que teníamos un desafío por delante que era enterar a la gente sobre la ley, lo que implicó un esfuerzo durante el verano para informar sobre los riesgos que conlleva esta nueva ley de riego, que modifica la anterior”.
El dirigente de FFOSE dijo que “a la interna del movimiento sindical llevó un proceso de discusión, que termina hace algunos días con la realización de una Mesa Representativa Ampliada, donde se definen a favor de sumarse a la campaña de recolección de firmas, con solo tres abstenciones”.
LOS POR QUÉ | En cuanto a las razones por las cuales FFOSE y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se oponen, Carlos Sosa dijo que “después de la reforma de 2004 (que estableció que el agua es un derecho humano), el país hace un quiebre y a partir de allí se generan condiciones muy importantes, que establecen principios para el manejo de los recursos hídricos del país. Uno de los principios fundamentales es la preservación para las generaciones futuras, otro dice que lo prioritario es el consumo humano. También se estableció en aquella Ley que los usuarios, la sociedad civil, participaría en todo el proceso de planificación, gestión y control de los recursos y nosotros decimos que la ley de riego es inconstitucional porque vulnera todos estos principios que estaban incluidos en la reforma de 2004”.
“Otro tema que estaba en el debate es si el agua es un derecho humano fundamental o es una mercancía. Triunfó la posición que dice que el agua es un derecho humano fundamental y por lo tanto hay que preservarlo”, añadió Sosa.
Continuó explicando el dirigente sindical que “la Constitución en su artículo 47 establece que tanto el agua superficial como subterránea es de dominio público estatal y no puede ser gestionada por un privado” y con esta ley “se crea un mercado de agua para riego, hay operadores de riego privados que van a vender el agua a los productores. Este hecho también vulnera los principios de la Constitución”.
Prosiguió explicando que como gremio “también decimos que se privatiza el agua”, pero aclaró que “el concepto de privatización que nosotros manejamos no es el mismo que maneja la ciudadanía. Nosotros decimos que el concepto de privación va mucho más allá. Cuando el agua se embotella es una forma de privatizar, cuando el agua se contamina y yo no puedo acceder a algo que es un bien común y se lo apropia un privado y lo contamina, por desposesión está privatizando el agua. Cuando se embalsa agua para riego y no se deja circular por un río como naturalmente debe ocurrir en un río, también eso es una privatización. Por lo tanto para nosotros el concepto de privación, no es solamente que lo gestione un privado, sino las consecuencias que tiene esa gestión”.
SIN PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Otro elemento que maneja la comisión es que en la Constitución, por voto popular, quedó claro que “en todo el proceso de gestión, planificación y control, va a estar implicada la ciudadanía, pero en esta nueva Ley de Riego, todo esto se lo abroga el Poder Ejecutivo, por lo tanto también se vulnera ese principio que está en la Constitución”.
Otro elemento negativo de la ley, según Sosa, es que excluye del agua a los pequeños y medianos productores, porque “cuando yo quiero acceder al riego, lo primero que tengo que hacer es firmar un contrato con los operadores de riego. Ese contrato obliga a poner en hipoteca o garantía mis tierras y además pagar un canon, eso me obliga a comprometer un pago sobre la base de poner mis tierras y si no cumplo con mis obligaciones, en la próxima cosecha se me corta el agua”.
Uno de los argumentos manejados por quienes promovieron la votación de la ley es que la anterior ley ya preveía la participación de privados, a lo que Sosa responde que “la reforma constitucional de 2004 tiene y tuvo diferentes interpretaciones. Nosotros creemos que hay cosas que en la ley anterior son inconstitucionales. En el Código de Aguas y en la ley del año 1997, se establece que el Estado puede cobrar un canon y todos los gobiernos estuvieron omisos a cobrar un canon por el agua. Si bien es cierto que esa ley admitía la participación de privados, es algo que habría que revisar de acuerdo a lo que hoy establece el 47 de la Constitución”.
Dijo luego que “este sistema abre la posibilidad de las inversiones extranjeras directas en el manejo de los recursos hídricos y eso es un aspecto fundamental de la ley y por otro lado rompe el vínculo que tenía el productor con el agua, porque la ley anterior decía que para tener acceso al agua tenés que ser productor, no admite capitales. Hoy se crea las asociaciones agrarias de riego, que permite que cualquier financiera invierta”.
En definitiva, dijo el dirigente sindical, “esta ley, a la mala situación de la calidad del agua, la profundiza aún más”.
Por Javier Perdomo.
