Tanto la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), como las organizaciones en defensa de los derechos humanos, expresaron su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de realizar un sumario a la jueza de San José de Mayo María Elba Merlo, quien envió a prisión a los represores Francisco Macalusso y Rubens Francia por reiterados delitos continuados de privación de libertad, muy especialmente agravados, en reiteración real con reiterados delitos de tortura. El sumario se inició a raíz de una denuncia planteada por uno de los hijos de Macalusso, quien espió a familiares de la magistrada para realizar su denuncia.
Según lo publicado por La Diaria, en la denuncia que presentó ante la SCJ, Pablo Macalusso le adjudica a Merlo parcialidad en su accionar por intereses políticos a partir de investigar su entorno y redes sociales. El lunes 29 de abril, dice el matutino, “Macalusso presentó una ampliación de esa denuncia en la que menciona a la madre, dos hermanos, el hijo y tres sobrinos de la magistrada aportando fotografías y publicaciones en sus redes sociales con alusiones a favor de los ex presidentes José Mujica y Hugo Chávez, al senador Óscar Andrade y la organización Madres de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”. Esto, según Macalusso, evidencia “la ideología que profesa su núcleo familiar más íntimo”, y si bien está dentro de la “libertad de pensamiento de todas las personas”, eso “no puede confrontar con la independencia que debe tener todo juez”.
Desde la Asociación de Magistrados se cree que la decisión de la Corte de iniciar el sumario es “un hecho grave” porque se genera a partir de una investigación por parte de la familia del militar, que ingresó al perfil de la red social de la jueza -cuya cuenta estaba bajo pseudónimo y no era pública- a través de otra jueza que era amiga suya en Facebook. Según lo dicho por el juez Javier Gandini de la AMU, “la colega no tiene ninguna manifestación política en su Facebook y no hizo nada público. Nosotros tenemos prohibición de tener actividad política, pero no nuestra familia”.
LA COMUNICACIÓN | Los magistrados difundieron un comunicado de prensa en el que además, manifiestan “su profunda preocupación por la investigación a la vida privada de una jueza y la de su familia (hijo, hermano, sobrina y madre fallecida), por parte de familiares de una persona condenada por delitos cometidos en la dictadura”.
“Los ciudadanos tienen todas las garantías del debido proceso para atacar las decisiones de los jueces, tal como en este caso, donde tras apelar la decisión de la primera instancia, la misma se confirmó en segunda instancia en términos de condena”, dice el comunicado, que agrega que la vida privada de los jueces y la de sus respectivas familias no puede ser producto de pesquisas secretas por parte de persona alguna y desde ya expresamos que nuestros familiares no se encuentran alcanzados por ninguna incompatibilidad o prohibición establecidos por la Constitución de la República. Nos genera gran preocupación que la Suprema Corte de Justicia dé curso a denuncias que violan la vida privada de una magistrada y la de su familia. Desde ya respaldamos a la colega que está sufriendo un acoso personal y familiar”, dicen los jueces.
Es por eso que solicitan a la SCJ que “realice la denuncia penal pertinente ante hechos con apariencia delictiva”.
La jueza Merlo condenó el año pasado a una pena de 12 años y seis meses de prisión a Francisco Macalusso (también a Francia), pena esta que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones que entendió en el caso.
Imagen ilustrativa, tomada de la web.
Por Javier Perdomo.
