Sociedad

Organizaciones sociales accionan ante la Justicia contra el proyecto Neptuno

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Y la lluvia sigue sin ocurrir. Para el fin de semana que pasó estaban anunciadas precipitaciones que no iban a significar un gran aporte a los caudales de los ríos que abastecen a Montevideo y zona metropolitana, pero ni siquiera esas se produjeron y la situación está complicándose más en la capital, en donde se produjo el miércoles 31 una nueva manifestación en la que, entre otras cosas, se pidió un acceso más equitativo al agua embotellada y soluciones de fondo.

El gobierno, en declaraciones realizadas en Trinidad por el propio presidente Luis Lacalle Pou, dijo que el acceso al agua para toda la población está garantizado, pero mencionó que lo que hay que medir es la calidad del agua, a la vez que comentó que una vez que se abra la licitación sobre el proyecto Neptuno se van a tratar de apurar “algunos tramos de la obra que puedan servir eventualmente para disponer de más agua para consumo humano”.

La licitación para la construcción del proyecto Neptuno a la que hizo referencia el Presidente de la República, estaba previsto que se abriera este martes 6 de junio, pero fue el mismo Lacalle Pou –también en Florida-, que anunció que a pedido de empresas interesadas en participar de la licitación internacional, la apertura se retrasaba por unos 15 días. Sin embargo, este no es el último escollo para el proyecto a desarrollarse en este departamento, en la zona de Arazatí., ya que Redes –Amigos de la Tierra, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (que entre otros, integra el colectivo Los Tucu –Tucu de Rafael Perazza), y la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), presentarán diferentes recursos ante la Justicia, que intentan evitar que el proyecto avance, por considerar que no soluciona el problema y causará importantes problemas ambientales.

María Selva Ortíz, integrante de Redes, al consultarle sobre las razones que habrían llevado al gobierno a retrasar la apertura de ofertas a la licitación para construir el Neptuno, opinó que el gobierno dio 45 días “para la presentación de las ofertas y eso era muy poco; si se hubiera presentado solo el consorcio, ellos tenían todo pronto, pero si se presentaban otras empresas tenían que hacer una cantidad de cálculos y estudios para los que ese plazo eran inviables. No se estila esos pocos días para esos llamados internacionales, porque deben reunir información que no es fácil de conseguir. Pensamos que puede ser eso lo que haya pasado, pero en realidad no lo sabemos con exactitud”.

Se llega a la presentación de tres recursos judiciales porque todas las organizaciones “interpusimos recursos administrativos y fueron todos rechazados”, dijo Ortíz, que aclaró que se llega a accionar ante la Justicia “porque agotamos la vía administrativa. Respecto a qué tipo de acción es la que tomarán, dijo que es una acción de amparo, “una medida cautelar de no innovar hasta que se contemplen determinados requisitos que nosotros estamos pidiendo que se contesten”.

 

CUESTIONAMIENTOS | A la hora de enumerar esos requisitos, dijo Ortíz que entienden que “la ley por la cual se está haciendo el proyecto, la 17555, no es aplicable a una planta potabilizadora ni a los servicios de agua y saneamiento, entendemos que no hubo participación, que no hubo estudio de impacto ambiental a cuestiones graves como puede ser el tema de los bañados del Santa Lucía, por lo que están haciendo un llamado a licitación previo a hacer un estudio de impacto ambiental para ver si puede o no pasar el caño por esa zona en la barra”.

“El otro punto es que entendemos que no se escuchó a la academia que ha hecho informes muy solventes que dicen que Arazatí no es el lugar para instalar una planta potabilizadora por los altos niveles de contaminación y de salinidad que presenta”, agregó la integrante de Redes.

Pero además, continuó, “el nuevo tema que tenemos es la emergencia hídrica de todo el área metropolitana. Justamente el agua que nos están dando es el agua del Río de la Plata y está demostrándose lo que venimos diciendo hace tiempo, que es cada mucho menos de 100 años que se dan niveles de salinidad por encima de lo permitido. En esta emergencia hídrica Neptuno no podría haber dado una sola gota de agua porque los niveles de salinidad del Río de la Plata, están muy por encima de la norma permitida”.

 

IMPOSIBLE ADELANTO | Al consultarla por las declaraciones realizadas por el Presidente de la República, sobre adelantar algunas obras del Neptuno, María Selva Ortíz dijo no entender “quién está asesorando al Presidente o al Secretario de Presidencia porque están diciendo disparates. Neptuno no hubiera servido de nada en la emergencia y ellos dicen de poder apurar caños colectores de los que van a traer agua, pero estamos hablando que de acá a que termine la licitación y empiecen las obras faltaría más de un año y en un año ya revertimos esta crisis hídrica, las lluvias habrán llegado”.

Insistió la integrante de Redes-Amigos de la Tierra que se debe “descartar el proyecto Neptuno porque está más que demostrado que no es la solución. No podemos embarcar a los uruguayos en una falsa solución, hay que tomar otro tipo de medidas más drásticas en cuanto al cuidado de nuestra agua dulce. Convoquemos a los espacios de participación, convoquemos a las comisiones de cuenca y al consejo regional para que nosotros podamos proponer las medidas que creemos se tienen que tomar y trabajar juntos”.

 

AGUA EMBOTELLADA | En las distintas discusiones que se han dado en las últimas semanas sobre el déficit hídrico, el costo del agua embotellada y el enriquecimiento de las empresas que se dedican a su envasado, han estado en debate y Redes –Amigos de la Tierra, tiene una visión crítica sobre el uso que las empresas hacen del vital elemento.

“Según está establecido en la Constitución, todas las aguas superficiales y subterráneas del Uruguay son de dominio público, eso quiere decir que esas aguas que se embotellan y que hoy nos están vendiendo, con la que están lucrando en la emergencia hídrica, es de todos los uruguayos, por eso el Estado lo que debería estar haciendo es obligando a que las embotelladoras, que están envasando nuestra agua, la entreguen al costo; que cubran todos sus costos, pero que la vendan sin ganancia, porque hay sectores de la población que no están pudiendo acceder a ella y que están poniendo en riesgo su salud tomando el agua que aporta OSE”, dijo Selva Ortíz.

Además –añadió la integrante del movimiento ambientalista, “hay que suspender ya la exportación de agua y hacer que las empresas nacionales entreguen su producción al costo, porque las aguas que están embotellando es el agua de todos”.

Pasada la actual sequía y pensando en el futuro, entiende Ortíz que “hay que saber cuánta agua se está extrayendo en los pozos habilitados, cuánta agua se están llevando”, porque “esta crisis hídrica lo que nos está mostrando es que sobreexplotábamos el recurso y que en un momento de stress hídrico, los caudales se redujeron mucho, por eso tenemos que tomar medidas para que no vuelva a ocurrir y una de las medidas es ver cómo estamos usando el agua superficial y subterránea para que sea sustentable y solidaria con las generaciones futuras y presentes. Tal vez haya permisos de perforación que hay que retirar”.

 

DISYUNTIVA | Por el momento, la escasez de agua persiste para el 60% de la población del país. Los anuncios de los distintos predictores meteorológicos hablan de lluvias desde el miércoles en adelante, aunque los volúmenes seguirán siendo escasos en función de lo que se necesita para que los embalses que proveen de agua a la capital y a Canelones, mejoren su condición (y vaya a saber si en efecto se dan esas lluvias anunciadas). En buena parte del interior, se mira casi con indiferencia lo que ocurre, aunque en San José no puede ser así, ya que la tan promocionada solución, para uno está en este territorio y para otros, es una equivocación.

Imagen: archivo L.S.

Por Javier Perdomo.

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