Como la inversión más importante que ha hecho OSE en 150 años, catalogó el secretario de la Presidencia de la República Álvaro Delgado al anuncio de la adjudicación al Consorcio Aguas de Montevideo de la licitación para la construcción de una planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí (con un polder o reservorio de agua), en el departamento de San José, que lleva por nombre Proyecto Neptuno. Sin embargo, los movimientos sociales que hace tiempo manifiestan su oposición al proyecto, lo califican como un proyecto caro, que no solucionará el problema de abastecimiento de agua que tiene el área metropolitana de Montevideo. Hagamos un repaso de lo que ocurrió en la semana que pasó.
En la pasada edición de La Semana, dábamos cuenta de las declaraciones realizadas por el abogado Juan Ceretta respecto a la medida cautelar de no innovar que presentara ante un Juzgado Letrado montevideano, representando a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), y el grupo “Los Tucu-Tucu” de Rafael Perazza, que buscaba detener el proceso licitatorio para conceder el emprendimiento.
Luego de publicada esa nota, la Jueza que tomó el caso en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo, se declaró incompetente para decidir el caso y derivó el diferendo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), para que éste defina. El TCA, es un órgano independiente de la Justicia Administrativa, que es “un órgano jurisdiccional ubicado fuera de la estructura de los tres poderes del Estado e independiente de los mismos, que de acuerdo al artículo 309 de la Constitución conoce de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder”.
LA ADJUDICACIÓN | Esta decisión de la Jueza dejó liberado al Directorio de OSE para conceder la licitación en el plazo legal estipulado para estos casos (las dos ofertas que se habían presentado, estuvieron a estudio por dos meses), ya que la decisión del TCA puede demorar un tiempo prudencial en ocurrir. La licitación fue concedida al consorcio integrado por las empresas Berkes, Saceem, Fast y Ciemsa, que fueron las que diseñaron el proyecto y lo presentaron al Directorio del ente al inicio de este período de gobierno.
La propuesta de estas empresas fue aprobada por mayoría, es decir dos a uno, ya que el Directorio está integrado por sólo tres personas. Votaron a favor del proyecto el presidente Raúl Montero (PN), y la vicepresidenta Martha Montaner (PC). Se opuso el frenteamplista Edgardo Ortuño, entre otras cosas por el alto costo que tendrá el proyecto (más de 1100 millones de dólares, entre obra y canon, a pagar por OSE en 18 años).
Los movimientos sociales opuestos al proyecto Neptuno, se expresaron de distintas formas al conocer la noticia. El Movimiento Uruguay Sustentable (MOVUS), por ejemplo, difundió un comunicado en el cual declara que la adjudicación del Neptuno «es un error estratégico, una mala alternativa técnica, una inconveniente decisión económica y una opción ambientalmente muy comprometida».
Más adelante, el movimiento dice que «ni la OSE ni las empresas proponentes, ahora adjudicatarias, tienen un solo estudio que justifique la ubicación de la toma de agua allí, existiendo múltiples estudios independientes, en especial de la Universidad de la República que muestran la inconveniencia, por factores ambientales de la zona de Arazatí como fuente de agua para potabilizar».
Agrega que «en lo económico, no existe justificación para que se pague por el proyecto el monto adjudicado, (más de 800 millones de dólares) que supera largamente el costo de las obras, su mantenimiento y los costos financieros involucrados (258 millones), aun considerando una financiación local mucho más cara que la internacional a la que podría acceder OSE y a la que, con la garantía del contrato, accederán las empresas adjudicatarias. Son esas empresas las únicas ganadoras en este proceso que compromete por muchos años los recursos del Estado, limitando la capacidad de realizar otras obras indispensables y con mayor impacto positivo en el suministro de agua de calidad a la población, en cumplimiento del mandato constitucional”.
NO ES SOLUCIÓN | La novedad no fue bien recibida por “Los Tucu-Tucu” de Rafael Perazza, quienes prefieren que las declaraciones las realicen representantes de la CNDAV o el propio abogado Juan Ceretta. Fue Nelson Altieri de la comisión nacional quien en este caso dialogó con La Semana, tras conocerse la decisión del Directorio de OSE.
Dijo Nelson Altieri que el proyecto aprobado “no es una solución a largo plazo, por ejemplo hoy, las represas están al 50 o 55% y se puede dar agua como veníamos teniendo, pero no es una solución definitiva a los problemas del agua, que por los efectos del cambio climático van a seguir ocurriendo sequías como la que se vivió hasta ahora”.
“Neptuno -continuó diciendo Altieri-, dará un 22 o 23% del agua que necesita el área metropolitana. Quiero ver el verano que viene cuando se llegue a los 700 mil metros cúbicos por día de consumo qué va a pasar, porque esa obra no está construida, se necesitan dos años o dos años y medio para que eso empiece a funcionar. No es una solución inmediata”.
El integrante de la CNDAV se mostró también molesto por la decisión de la Jueza Letrada en lo Civil que analizó el recurso presentado por Ceretta. “Nos parece una barbaridad lo que pasó con el reclamo, que la Jueza se declare incompetente. Le presentamos, como Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y Los Tucu-Tucu, un legajo de 64 páginas, con documentos nacionales, documentos internacionales traducidos, testigos en cada una de las áreas en materia de salud pública, de economía, de paleontología y de derechos humanos. Todo eso presentado, solamente con leerlo tendría que haber parado la licitación hasta que se contestaran las preguntas, pero terminó dándole plazo a OSE para que hiciera las obras”.
OTROS RECURSOS | Mencionó el integrante de la CNDAV que como movimiento van a “seguir con las protestas y las reuniones” intentando parar esta obra que consideran negativa en todos los sentidos”.
Resta mencionar que si bien la obra fue adjudicada, los intentos por detenerla no han terminado. Este jueves 31 es la interpelación al ministro de Ambiente Robert Bouvier (PC), en la Cámara de Diputados (ver nota a Nicolás Mesa), en tanto se espera por la determinación de varios recursos interpuestos en el Tribunal de Cuentas y en otras dependencias judiciales por actores privados y también por el sindicato de OSE, la FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE).
Imagen: Nelson Altieri, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
Por Javier Perdomo.
