El futuro de Arazatí:
El futuro de esta zona del departamento se está decidiendo a nivel nacional, a la luz del proyecto Neptuno que el gobierno nacional se plantea realizar en esa zona del departamento. A su vez, en la semana que pasó se suspendió una audiencia por el litigio entre usuarios de la costa de Arazatí y la familia Voulminot, que tiene cerrado el acceso al punto de la playa donde históricamente concurrían los visitantes.
Según informaron medios nacionales en la pasada semana, el Directorio de OSE aprobó la “viabilidad técnica” del proyecto de construcción de una toma de agua desde el Río de la Plata para abastecer parte de la zona metropolitana de Montevideo, a partir de la iniciativa presentada por el consorcio de empresas constructoras conformado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que supone una inversión cercana a los 300 millones de dólares en la costa josefina.
El director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dio su parecer contrario a lo decidido por el ente porque entiende que no se definió el tema de fondo, que si es o no constitucional que privados gestionen el proyecto, a la luz de lo emanado del referéndum de 2004, en que más del 60% de los uruguayos votó la reforma constitucional que estableció que el saneamiento y el suministro de agua potable son servicios que debe brinda únicamente el Estado.
Ortuño advirtió en medios nacionales que la empresa estatal “se encuentra en un contexto de recortes presupuestales y debilitamiento general, plasmado tanto en la reducción de inversiones como de funcionarios”. Mencionó que la plantilla de trabajadores se redujo en un 25% y se recortaron 240 millones de dólares en inversiones, en relación a lo invertido en la administración pasada.
Según Ortuño, el Directorio de OSE se encamina a aprobar este proyecto mediante un contrato llamado “BOT” (Construir, Operar y Transferir, por su sigla en inglés), lo que supone que OSE compre agua potabilizada a un privado. El ex legislador rechazó esta opción por “ser inconstitucional y contraria al pronunciamiento ciudadano resultante del plebiscito sobre el agua en el año 2004”.
Fue el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el que anunció en su cuenta de Twitter que OSE había aprobado la “factibilidad técnica” del proyecto para la construcción de la nueva planta potabilizadora en Arazatí. Ortuño dio a conocer en la misma red social su voto contrario porque, escribió, “no se incluyó el informe del grupo de técnicos que estudiaron un año”. Además, dijo, no se resolvió acerca de la gestión pública de OSE o de la privatización de la construcción y operación de la planta durante 28 años, que dijo será “335 millones de dólares más costosa”, además de “inconstitucional”.
Según contó el ex subsecretario de Industria, él pidió que antes de tomar una decisión se recibiera “el informe del grupo de técnicos nombrado para asesorar al Directorio y a la gerencia general, y resolver sobre todo el informe de factibilidad, que incluye las alternativas de gestión del proyecto (pública o privada)”.
Pero el presidente, Raúl Montero (PN) y la vicepresidente, Marta Montaner (PC), votaron el pasado miércoles la factibilidad “sin esa definición y sin informe técnico”, lo que a entender de Ortuño es importante no sólo por cumplir con el procedimiento formal, sino porque “hay técnicos que plantearon que el informe aún dejaba dudas en aspectos técnicos del proyecto, a seguir profundizando”.
Según Ortuño, con esta definición del Directorio, el proyecto quedó aprobado, porque habilita a licitarlo dentro de los próximos cuatro meses y luego realizar la adjudicación para su construcción. El Director opositor insistió en que lo aprobado se hizo “sin definir el tema de fondo: gestión pública de OSE o gestión privada, a mayor costo e inconstitucional”.
Como ya hemos publicado en ediciones anteriores, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), coincide con el director Ortuño en que el proyecto Neptuno es inconstitucional y reclama la participación de las comisiones de cuenca, que deberían haberse llamado antes de todo este proceso, según lo dicho por la dirigente Carmen Sosa a La Semana.
JUICIO | Otro tema por el que Arazatí genera atención a nivel departamental es por el juicio que presentó un grupo de vecinos contra la familia Voulminot, que cerró el camino de acceso hacia el lugar más concurrido por los visitantes al aún no declarado balneario (el final del arroyo Sauce). El jueves 28 se esperaba que esta historia tuviera un nuevo capítulo, pero no fue así.
Ese día estaba previsto que a las 14 horas se realizara en el Juzgado Letrado de San José de Mayo una “audiencia de alegatos” por el caso, pero a pedido de la Dirección Nacional de Catastro la audiencia fue suspendida, corriéndose para el miércoles 11 de mayo.
Según lo informado por el abogado de los vecinos denunciantes, Franklin Fuentes, a medios de la capital departamental, el pedido de Catastro se debe a que cambió de abogado y el nuevo profesional pidió unos días para ponerse al tanto del tema, algo con lo que Fuentes concordó. Vale mencionar que la declaración de Catastro es fundamental a la hora de lograr determinar si el camino que llega al arroyo Sauce es de dominio público o de uso privado.
El colectivo “Los Tucu-Tucu” -que no es parte del juicio que representa Fuentes junto a su colega Diego Caracciolo-, había anunciado que iba a manifestarse fuera del Juzgado mientras se realizara la audiencia y planificaba una conferencia de prensa con participación de integrantes de la CNDAV, pero al suspenderse la instancia, quedó todo sin efecto.
El colectivo emitió una breve declaración rechazando la dilatoria y anunció que piensa movilizarse el día 11, la fecha en que está prevista la audiencia frustrada al cierre del mes de abril.
Ampliaron la información el viernes a la noche, cuando difundieron un nuevo comunicado anunciando la que la conferencia de prensa que se suspendió el 28 de abril, se realiza este martes sobre las 14 horas. La instancia llevará como título “Arazatí y el proyecto Neptuno” y se realizará en el local de AEBU de la capital departamental.
Participaran de esta instancia Silvana Fernández, actual vocera de los “Tucu Tucu” de Arazatí, Carmen Sosa de la “Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida”, Renato di Nicola del Foro Italiano del Agua (Movimiento Europeo por el agua), y representación de FFOSE (Federación de Funcionarios de OSE).
Por Javier Perdomo.
