Con la apertura de los sobres de la licitación, el pasado martes 13 de junio, el proyecto para construir una planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí, conocido como Proyecto Neptuno, pareció tomar nueva fuerza. Dos consorcios se presentaron al llamado, en tanto que la Justicia desestimó una acción de amparo presentada por Redes–Amigos de la Tierra, que de forma inmediata presentó su apelación. En territorio josefino en tanto, nació un nuevo grupo que rechaza su construcción bajo el nombre de “No al proyecto Arazatí/Neptuno en nuestras costas”, que emitió una declaración en la que fija su posición.
Tal como habíamos informado dos ediciones atrás, el llamado para construir la planta estaba previsto que se abriera el 6 de junio, pero a pedido de las empresas que manejaban presentarse se extendió por una semana (aunque en principio se dijo que serían 15 días). Al momento de la apertura de las ofertas, se presentaron dos propuestas, una del consorcio Aguas de Montevideo, que es el conformado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, que en definitiva son los de la idea, los diseñadores del proyecto Neptuno, y otro consorcio llamado Grupo Arazatí, conformado por las empresas Teyma Uruguay y Compañía Electrónica Industrial.
Según lo informado por el presidente de OSE Raúl Montero, la decisión sobre cuál de los dos consorcios construirá el Neptuno se tomará en un plazo de entre 60 y 90 días, aunque dijo que esperaban poder tomarla antes porque es una obra necesaria. En cuanto a cuándo podría estar operativa la planta, dijo el Presidente de OSE que no será antes de dos años.
“Esto es un paso muy importante para dejar una obra encaminada. Ojalá pudiéramos dejarla terminada, pero los tiempos son los tiempos, para que quienes continúen con el organismo no se encuentren con la situación que nos encontramos nosotros”, dijo por su parte la vicepresidenta del ente Martha Montaner a los medios montevideanos, presentes en la apertura de sobres.
El presidente Montero fue consultado sobre el argumento manejado por los trabajadores y el movimiento social sobre que el proyecto Neptuno privatiza el agua y respondió que considera que “no es una privatización ya que el suministrador del servicio de agua potable va a seguir siendo OSE”.
“Nosotros no estamos comprando agua, estamos pagando por disponer de una infraestructura que va a producir agua potable para la zona metropolitana”, añadió el jerarca.
Fuera del recinto en que se abrían los sobres, los trabajadores sindicalizados realizaron una movilización, que tuvo sus momentos de tensión a causa del accionar policial.
RECHAZO | Tal como informáramos en la nota de hace 15 días, el movimiento REDES–Amigos de la Tierra, iba a presentar una acción de amparo ante la Justicia. Esa acción fue desestimada en menos de 12 horas por el Juez interviniente, con “argumentos cuestionables”, según el colectivo ambientalista.
“Sostener que el amparo no procede, considerando la regulación actual, supone negar la efectiva vigencia de los derechos”, en opinión de REDES, que el mismo martes 13, mientras se abrían los sobres de la licitación en las oficinas de OSE, estaba presentando una apelación ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno de Montevideo.
Según REDES, el dictamen del juez argumenta sobre tres ejes que ellos impugnaron en su apelación. Primeramente expresa el Magistrado que “el recurso de amparo no es la figura correcta, por entender que no hay un daño inminente a un derecho constitucional. Sin embargo, el artículo 47 de nuestra Constitución dice textualmente: ‘el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales’”.
El segundo punto de la apelación dice que REDES no solo entiende que el proyecto “viola derechos constitucionales, sino que también pasa por arriba de al menos tres tratados internacionales ratificados por Uruguay, el Pacto de San José de Costa Rica (sobre derechos fundamentales), las Reglas de Brasilia (sobre acceso a la justicia), y el Acuerdo de Escazú (sobre acceso a la información, participación y a la justicia en temas ambientales)”.
Por último, la sentencia apelada, “alega necesidad de más tiempo para el estudio de un caso complejo y por esto afirma que no hay lugar para los breves plazos legales del amparo”, pero para Redes, “existen evidentes razones de urgencia, de tiempo, de inmediatez, se requiere un actuar sin tardanza y proceder con urgencia, porque la efectiva concesión de la obra supondrá un daño irreparable, ya que privará a las organizaciones sociales y a la academia de la efectiva participación en la implementación y diseño del proyecto y de cualquier posibilidad de formular sugerencias, observaciones o cuestionamientos al mismo”.
Con estos argumentos es que REDES seguirá “exigiendo que se disponga la suspensión de la Licitación Pública Nº 23980/2023 y el trámite del denominado Proyecto Neptuno/Arazatí, por resultar su diseño operativo contrario a lo establecido en el artículo Nº 47 de la Constitución de la República, o bien, hasta tanto se resuelva la acción de fondo sobre la procedencia jurídica de la tramitación del proyecto al amparo de la Ley 17.555”.
DOS MÁS | Hay que mencionar que la acción de amparo de REDES-Amigos de la Tierra, es una de las estrategias legales y constitucionales que los movimientos sociales tienen en curso, pero no es la única. Con apoyo del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), el Movimiento en Defensa del Agua y de la Vida, junto a más de 20 organizaciones ambientalistas de todo el país, entre ellas “Los Tucu-Tucu” de Rafael Perazza, están preparando otra acción legal para intentar detener el proceso de construcción de la planta potabilizadora (no se ha difundido de qué tipo ya que es parte de la estrategia, efectivizarla antes de comunicarla), que según lo informado a La Semana por integrantes de los colectivos, será presentada luego de la Feria Judicial Menor, que tiene lugar cada año en la primera quincena del mes de julio.
La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), a su vez, presentó también una acción de amparo, pero lo hizo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), de la cual aún no se conoce una decisión.
Imagen tomada de la web, apertura de sobres de la licitación.
Por Javier Perdomo.
