La situación financiera de la Intendencia de San José vuelve a estar en entredicho luego de conocerse el informe del Tribunal de Cuentas ante el pedido de anuencia de la ISJ para tomar un préstamo por 64 millones de pesos ante el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en el que se establece que de tomar el crédito solicitado se deberán aumentar los recursos o abatir el gasto de forma de evitar aumentar “el déficit acumulado”.
En principio, en la Junta Departamental se hizo circular entre los periodistas la primera página del informe del TCR, que apenas dice que se “aprueba el informe que se adjunta” y quiso ser “pasado” como la aprobación al pedido de anuencia, pero fuero ediles del Frente Amplio los que luego difundieron el verdadero contenido del informe, cuya primera hoja era apenas la introducción.
El informe es de la contadora Olga Santinelle Tauber, realiza una serie de advertencias para evitar aumentar el endeudamiento y el déficit que ya tiene la ISJ y que debería estar abatido para fines del año 2020. El informe establece que el monto máximo al que la Intendencia podría acceder es de 59.500.000 pesos. En el caso que la ISJ haga uso de la totalidad del préstamo se generarían intereses por 9.300.000 pesos (15.5%), pero advierte que el rubro “intereses y otros gastos de deuda” es de 7.609.501 pesos para el año próximo.
A eso se añade que la Intendencia actualmente tiene préstamos vigentes de hasta 94.454.128 lo que determina que una proporción importante del rubro destinado a intereses en el presupuesto quinquenal, ya es absorbido por los intereses que se generan para los préstamos vigentes, lo que significa que la Intendencia deba tomar préstamos sensiblemente menores al monto máximo de la línea de crédito, para no aumentar el déficit acumulado a la fecha.
“En resumen, la Intendencia deberá reestructurar su endeudamiento de forma tal que el total de la deuda vigente no sea mayor al 70% de la Línea de Crédito en promedio, ya que de lo contrario el déficit seguirá aumentando. Si insiste en la línea de pedir el préstamo deberá o aumentar los ingresos o abatir el gasto, concluye el Tribunal de Cuentas.
MÁS PROLIJIDAD | Uno de los primeros dirigentes del Frente Amplio que salió a hablar del tema, fue el dirigente del Frente Líber Seregni (FLS-FA), Pablo Urreta, quien si bien aclaró que las determinaciones del TCR no son vinculantes -no obligan a la Intendencia a actuar según lo que se dictamina-, lo que hace “es confirmar lo que venimos diciendo desde el Frente Amplio desde hace cinco o seis años y es que la situación financiera de la Intendencia es crítica. Por eso recomienda que la solicitud sea reformulada y de un valor menor al solicitado en principio” (64 millones de pesos).
“De acuerdo a las líneas de crédito que tiene para estos préstamos, la Intendencia podría, en una situación saneada, solicitar hasta 60 millones de pesos, pero debido al alto endeudamiento que tiene, al alto déficit acumulado que tiene, a que los intereses para estos préstamos son de 15.5% del monto total y que eso supera la previsión presupuestal para pagar intereses, recomienda en definitiva reformular la solicitud y cambiar las condiciones propuestas para no incrementar ese déficit acumulado, que el TC entiende que es crítico”, comentó Pablo Urreta.
Pero -prosiguió el dirigente del FLS-, “yo creo que el TCR se extiende un poco más y recomienda que para solicitar ese monto la Intendencia tiene que demostrar que va a aumentar los recursos de recaudación y que va a bajar los gastos. Nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, el problema es el descontrol en los gastos, porque la recaudación de la Intendencia viene siendo incrementada año a año. Lo que le piden al Intendente es que sea más prolijo”.
Ahora llega una nueva etapa en la discusión y es el tratamiento en la Junta Departamental del efectivo pedido del préstamo, algo que debía discutirse en una sesión plenaria a realizarse ayer lunes, pero el Frente Amplio pidió no hacerla ese día para poder analizar con seriedad el informe y tomar una posición definitiva. La reunión se realizaba ayer, al cierre de la presente edición. Hay que recordar que en principio había aprobado el pedido (no así el otro sector nacionalista, Alianza Nacional).
Consultado Urreta respecto a si puede haber cambio en la postura del FA, dijo: “a la luz de esta situación vamos a reconsiderar. No sé cuál será la posición, pero si vamos a reconsiderarla. El FA lo que votó fue la habilitación al Intendente a solicitar el préstamo. Ahora esto tiene que volver a pasar por la Junta, porque la Junta le tiene que dar los votos para que eso pase (que se pida el préstamo), pero a la luz de este informe vamos a analizar esta situación”.
“No sé qué va a pasar, pero en estas condiciones es difícil que se vote un nuevo endeudamiento. Si bien la otra vez se tomó una medida responsable para que no se corte la cadena de pagos, este informe cambia la situación, porque el Intendente tiene que demostrar que puede tomar medidas para bajar los gastos y ser más prolijo en la gestión de todos los josefinos”, dijo Urreta.
MÁS INGRESOS | Respecto a cómo puede la Intendencia aumentar los ingresos, dijo Urreta que de hecho ya los ha incrementado. “De hecho en este 2017 hay un incremento de impuestos muy importante, con el tema de la contribución inmobiliaria, porque antes dentro de la contribución inmobiliaria se pagaba tasa de alumbrado y salubridad. Para este año, la Intendencia le cambió el nombre a esa tasa, la aumentó por IPC y además creó la tasa de alumbrado, por lo tanto ahí se está duplicando la carga tributaria para brindar los mismos servicios”, dijo.
“También recibe la Intendencia de San José un aumento importante de la recaudación de la contribución inmobiliaria rural, que en 2017 es un 22% más cara porque a pedido del Congreso de Intendentes, donde el Partido Nacional es mayoría, se eliminó el descuento del 18% que se había creado en el gobierno de Batlle (2000 -2005), eso da un 22% más. Pero además tiene un importante crecimiento de aportes del gobierno nacional y eso viene creciendo año a año, según está establecido en el presupuesto nacional”.
Para mejorar la situación financiera de la ISJ, según Pablo Urreta, “la clave es bajar los gastos” y aclaró que el problema está en “los gastos de funcionamiento, no son inversiones. Hay clientelismo, nuevos cargos de confianza, hay ingreso de nuevos funcionarios”.
Recordó Urreta que en ocasión de analizar el proyecto de Presupuesto Quinquenal, el Tribunal de Cuentas ya había analizado algunos aspectos negativos en la gestión de la ISJ y enumeró algunos: “existen incumplimientos normativos y debilidades en el control externo. No existen manuales de procedimiento en las compras, ni se documentan las deudas con particulares, siguen existiendo gastos destinados a los municipios, ordenados y ejecutados por la Intendencia, no hubo rendición de cuentas de los municipios a la Intendencia, se siguen pagando horas extras para el personal de alta dedicación, sigue habiendo funcionarios que trabajan más de 48 horas semanales”.
¿TASA? | Pero mientras se conocía el informe del TCR, el edil frenteamplista Pablo García (lista 711), difundió un gráfico en base a un pedido de informes por él realizado, sobre la recaudación de la Tasa de Alumbrado. Según el informe, en los primeros seis meses del año, la recaudación por alumbrado público fue de 33.314.013 pesos, en tanto que el pago por la energía realizado a UTE es de 22.765.714 pesos, lo que da un un saldo a favor de la ISJ de 10.428.299 pesos.
Según Pablo García, esto “confirma que era un impuesto encubierto. En el concepto de tasa de alumbrado se paga por el servicio que recibís y acá queda claro en pedidos de informe que hemos realizado, que a la Intendencia le queda un excedente de 10 millones de pesos. No está contemplado el pago de las luminarias porque es de otro rubro, no tenemos que pagarlo los ciudadanos. Nosotros lo que pagamos es la tasa de alumbrado y queda demostrado que son excesivas”. Esto quiere decir que al cierre de 2017, la recaudación sería superior a los 20 millones de pesos.
Pablo García dijo que “vamos a insistir nuevamente con la baja de la tasa, por lo menos la más baja, de 150 pesos, bajarla a 50 o 70 pesos”.
Consultado sobre si alguna posibilidad que la Intendencia realice el cambio, dijo García que “la primera vez que salimos a manifestar esto el Intendente dijo que se iba a estudiar el tema, hace unos 15 días dijo que a fin de año lo iba a estudiar”.
“Con estos número encima de la mesa, no tiene manera de no bajarla”, opinó García e insistió en que fue una estrategia recaudatoria, porque “nosotros hemos denunciado que tenemos una Intendencia que está totalmente desfinanciada”.
