En una decisión tomada durante la última reunión de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, la coalición decidió presentar un pedido formal de acceso a la información pública a la Intendencia de San José. La presidenta Marcela Barrios anunció la medida, diciendo que quedaron muchas preguntas sin respuesta sobre la compra irregular de tres motos por parte de un funcionario municipal durante el llamado a sala realizado el pasado lunes en la Junta Departamental en el que comparecieron los directores de Hacienda y Tránsito, Miguel Olagüe y Yarwynn Silveira, para responder sobre este hecho, aunque más precisamente con los sistemas de compras y empadronamientos de la comuna.
Según lo dicho por Marcela Barrios, las respuestas proporcionadas por los jerarcas no dejaron satisfechos a los legisladores departamentales del Frente Amplio, por lo cual decidieron tomar el camino del pedido de acceso previsto en la ley 18381 para lograr información adicional.
En rueda de prensa, Marcela Barrios expresó que el Frente Amplio tiene dudas sobre quién respaldaba al funcionario involucrado en la mencionada compra irregular, cómo ingresó a la administración pública, quién lo habilitó para realizar compras y sobre la fecha y el denunciante de la presunta actividad delictiva.
La Mesa Política del Frente Amplio considera que a pesar de la información aportada durante la sesión, persisten incertidumbres que requieren mayor claridad. “Estuvimos evaluando la última sesión de la Junta y si bien entendemos que hay mucha información que se aportó, hay algunas respuestas que quedan sin contestar, dudas que persisten y lo que resolvimos es hacer un pedido de acceso a la información pública”, contó la dirigente.
Barrios informó que el pedido de acceso a la información pública a realizar se centra en obtener detalles sobre la presunta denuncia policial. Aunque inicialmente se manejó la versión de que la Intendencia la habría presentado, esta respuesta fue negada durante la sesión en la Junta Departamental. “Se preguntaron unas cinco veces más o menos en relación a la denuncia policial. Nosotros entendemos que si un funcionario público toma conocimiento de un hecho de apariencia delictiva lo debería denunciar, entonces nos quedan esas dudas; si efectivamente se hizo o no, porque se dijo que había una denuncia, pero no se dice quién la hizo”, dijo la Presidenta del Frente Amplio.
Barrios también abordó las denuncias realizadas por el edil del Partido Colorado Alfredo “Nito” Lago durante la sesión, haciendo referencia a dos casos desconocidos hasta ahora, ocurridos el año pasado y relacionados con el mismo funcionario. Al ser consultada sobre si se tiene pensado investigar estos casos, Barrios dijo que la responsabilidad de la investigación recae en la justicia o en el Ejecutivo Departamental. Sin embargo, mencionó trascendidos no confirmados sobre posibles actuaciones adicionales del funcionario, las cuales serán profundizadas en el pedido de acceso a la información pública.
En cuanto a las expectativas sobre las respuestas del pedido de acceso a la información pública, Barrios expresó que confían en que el ejecutivo podrá proporcionar respuestas satisfactorias en 20 días hábiles, tal como establece la normativa de la referida ley. Ante la posibilidad de respuestas insatisfactorias, Barrios dijo que el Frente Amplio seguirá analizando y considerando medidas adicionales, incluyendo más pedidos de informes.
Sobre la posibilidad de solicitar una audiencia con la Intendente de San José, Barrios dijo que, aunque políticamente podría considerarse relevante, respetarán las decisiones de la jerarca en cuanto a la magnitud política que le otorgue al asunto. Sin embargo, Barrios dejó en claro que no descartan ninguna acción en la Junta Departamental u otros ámbitos, manteniendo abiertas todas las opciones, tanto en el ámbito legislativo como político.
PREOCUPA “IMPUNIDAD” | En un comunicado emitido previamente, el Frente Amplio San José había expresado su preocupación por lo que consideran una «impunidad» por parte de un núcleo duro del Partido Nacional en la Intendencia. También cuestionaron la retirada de derechos políticos del funcionario municipal involucrado en las compras de los birrodados sin explicar las bases de esa decisión.
“En el llamado a sala a la intendenta el 6 de noviembre (que se llevó a cabo sin la intendenta), quedó clara la impunidad de un núcleo duro del PN en la intendencia”, dice la comunicación del FA y agrega que “no dieron respuestas y retiraron los derechos políticos de un funcionario a puertas cerradas, sin explicar las bases de su decisión”. Tampoco “explicaron cómo se siguen realizando compras sin órdenes liberadas por el ejecutivo”, dice el comunicado.
Es en ese marco que “nos preguntamos por qué no se denunciaron errores en el empadronamiento y si la responsabilidad recae en el contador o en la intendenta”, cuestiona el comunicado público.
“Inconsistencias, irregularidades, exceso de confianza, falla de la comunicación y transferir responsabilidades es el saldo que nos deja un llamado a sala. No podemos seguir gobernados con el piloto automático, es hora de hacerse cargo”, concluye la comunicación.
DESTAPAN OTROS CASOS | Durante la comparecencia en la Junta Departamental de las autoridades del Ejecutivo antes mencionadas, el edil Alfredo Lago del Partido Colorado presentó dos nuevos casos de compras irregulares relacionadas con el mismo funcionario de la Intendencia que está siendo investigado.
Tras escuchar las explicaciones del contador Miguel Olagüe sobre el sistema de compras, Lago expresó sus dudas sobre la consistencia de los procedimientos, haciendo referencia a dos casos específicos de adquisiciones irregulares en los que el mismo funcionario estaba involucrado. Lago dijo que en ambos casos no se emitieron órdenes de compra y que la mercadería fue retirada.
Lago agregó que en uno de esos casos el perjudicado era un proveedor al cual él también le realiza compras y comentó que debió intervenir personalmente, comunicándose con alguien cercano a la intendente Ana Bentaberri, sugiriendo que la máxima autoridad ejecutiva podría tener conocimiento de al menos uno de los incidentes. Además, cuestionó la afirmación del titular de Hacienda de que la Intendencia no desembolsa dinero sin la correspondiente orden de compra, argumentando que en los casos que mencionó no se siguieron estos procedimientos.
En respuesta a lo denunciado por Lago, el edil del Partido Nacional Walter Faggiani habló de la responsabilidad de los comerciantes de no entregar mercadería sin una orden de compra y defendió la eficiencia y robustez de los sistemas de compras y empadronamiento.
Faggiani consideró que el tema se politizó y responsabilizó a la Intendente, aunque agregó que ella envió a los representantes adecuados para brindar explicaciones. Concluyó destacando la inevitable presencia de errores humanos, funcionarios infieles y comerciantes confiados en todos los ámbitos.
Por Katherine Martínez.
