La Junta Departamental de San José tomó una decisión unánime en su sesión del jueves 25 de abril, aprobando el pedido de anuencia de la Intendencia para la destitución del funcionario involucrado en el polémico caso de la compra de motos a nombre de la comuna. La reunión duro poco más de una hora y fue llevada a cabo en sesión secreta durante la noche del pasado jueves.
Al término de la instancia convocada por el Frente Amplio, la edila Mariela Peláez, presentó un pedido de informes al Ejecutivo comunal por entender que el caso plantea interrogantes que van más allá de la situación específica, abarcando aspectos relacionados con los procedimientos administrativos, posibles errores y la necesidad de contar con documentación que respalde la actuación de los funcionarios involucrados.
En sus palabras, Peláez expresó: “Por el tema de que es secreta, en realidad no puedo ahondar en muchos detalles, pero sí decirles que mi intervención dio lugar a un pedido de informes que acabo de ingresarlo por Secretaría”, informó.
La Edila dijo que durante la sesión, la bancada del FA logró exponer todas las dudas y preocupaciones respecto al caso, especialmente en lo relacionado con las posibles irregularidades en el empadronamiento de las motos.
Sobre este punto, dijo que creen que “si se le hubiese exigido la documentación y la hubiese presentado, o no porque no la tenía, se hubiese parado este tren de comprar motos, no hubiésemos pasado a la segunda, nosotros pensamos eso”.
Peláez explicó que el pedido de informes se centra en el tema del empadronamiento y busca obtener respuestas y documentación sobre las presuntas irregularidades detectadas. Dijo que será importante evaluar la respuesta del Ejecutivo a este pedido, ya que se plantean preguntas cruciales para determinar la legalidad de los “empadronamientos provisorios” realizados.
Sobre la posibilidad de convocar al director de Tránsito Yarwynn Silveira a una sesión, Peláez dijo que por el momento se centrarán en el pedido de informes, pero no descartó futuras acciones. “Por ahora empezamos con el pedido de informes, haremos la evaluación de lo que se habló hoy. Yo creo que la respuesta del pedido de informes es muy importante porque se hacen preguntas que realmente para nosotros son importantísimas para poder determinar la legalidad o no de esos empadronamientos provisorios que no tienen respaldo de SUCIVE”, concluyó.
PEDIDO DE INFORMES | En el documento, se detalla que para realizar el empadronamiento de la motocicleta, incautada por inspectores el día 15 de julio de 2023 por circular sin empadronar (conducida por una mujer), se presentó el funcionario municipal, manifestando ser el propietario. Tras firmar un convenio para pagar la multa, se procedió a realizar el trámite de empadronamiento. Sin embargo, el funcionario ahora destituido no presentó la factura de compra que documentara su propiedad, alegando no tenerla consigo y mostrando únicamente una foto de una factura donde solo constaba un importe de venta.
Ese procedimiento despertó una serie de preguntas, entre las que se destacan la solicitud de explicaciones sobre la aceptación de una foto de una factura sin el nombre del titular como documento válido: “¿Es usual que se tome como válido una foto de un celular de una factura donde no consta el nombre de quien dice ser el dueño del bien?”, se pregunta Peláez.
Asimismo, indaga sobre la práctica de realizar empadronamientos sin factura o documento notarial que documente la titularidad del bien, interrogando: “¿Se realizan empadronamientos sin factura o documento notarial que documente titularidad del bien, u otra documentación?”.
Peláez destaca que, en caso de realizarse empadronamientos sin la documentación requerida, se genera una contradicción con los requisitos establecidos por la Intendencia de San José, ya que la página web de esta institución remite directamente al enlace de SUCIVE, donde se especifica claramente la documentación mínima necesaria para el empadronamiento, incluyendo la nota o carta de venta.
La pregunta que surge de esta situación es: “¿Cuál es el sustento legal para realizar empadronamientos sin la documentación exigida por la ISJ y SUCIVE?”.
Peláez solicita explícitamente la norma o acuerdo que ampare este procedimiento, especialmente considerando que la foto de la factura presentada en este caso no documenta de manera suficiente la titularidad del bien: “Teniendo en cuenta que la media foto presentada en el caso que nos ocupa no documenta nada solicito se me proporcione la norma o acuerdo que ampare este desvío de la legalidad del trámite exigido en todas las intendencias del país”, dice la Edila.
Además, pregunta sobre la práctica de realizar «empadronamientos provisorios», solicitando información sobre su naturaleza y los requisitos necesarios para su presentación, así como la normativa que respalda este proceso: “¿Se realizan ‘empadronamientos provisorios’? ¿En qué consiste un ‘empadronamiento provisorio’, con qué documentación faltante se realiza y cuál es el plazo para su presentación? También en este punto solicitamos norma o convenio que avale la legalidad de este trámite”.
La Edila también interroga sobre el procedimiento a seguir en caso de detectar la intención de empadronar un vehículo con documentación falsa: “En el caso de detectar la intención de empadronar un vehículo con documentación apócrifa, ¿Cuál es el procedimiento que se sigue?”.
Asimismo, cuestiona sobre las fechas y documentación relacionadas con la reclamación de la factura original de compra del vehículo, así como las acciones tomadas ante el incumplimiento de plazos: “El vehículo en cuestión fue empadronado el 19/07/2023, ¿en qué fechas se reclamó la factura original de compras y cómo quedó documentado? ¿Qué plazo se otorgó al Sr. Copete para la entrega de la factura original de compra y cómo quedó documentado? Constatado el incumplimiento del plazo otorgado, ¿cuáles fueron las acciones realizadas?”.
Finalmente, Peláez pregunta sobre la fecha real de la baja del empadronamiento, solicitando documentación que respalde esta transacción: “¿En qué fecha real se da de baja al empadronamiento (fecha valor 19/07/2023)?”.
BENTABERRI | Consultada por La Semana, la intendente de San José Ana Bentaberri, destacó el respaldo de la Junta Departamental para la destitución del funcionario municipal implicado en el caso. “Desde el primer momento intentamos tomar el tema con mucho respeto y mucha seriedad, creo que lo he expresado en varias ocasiones, de seguir cada paso que corresponde respetando la normativa (…); creo que no hay más nada para decir, lo demás ha sido público, el proceso también ha sido público y estamos dando el punto final que estamos convencidos que es el que corresponde”, expresó.
Bentaberri prefirió no hacer comentarios sobre el pedido de informes de Peláez, ya que aún no lo había recibido. Recordó que en anteriores llamados a sala, se habían proporcionado explicaciones, según ella satisfactorias, por parte del Director de Hacienda y el director de Tránsito, y que los ediles habían quedado conformes. Sin embargo, se comprometió a responder a las dudas surgidas a raíz del expediente enviado a la Junta.
“En su momento se hizo un llamado a sala y los ediles tuvieron la oportunidad de sacarse todas las dudas y si mal no recuerdo, habían quedado muy conformes con las explicaciones del Director de Tránsito, de repente ahora en base al expediente que se envió a la Junta, surge alguna duda y obviamente la estaremos contestando, pero no quiero profundizar más porque no sé en qué términos expresa ella esas dudas”.
En cuanto a las características de los empadronamientos y consultada sobre la existencia de empadronamientos provisorios en la Dirección de Tránsito, la Jefa Comunal mencionó que consultaría con el titular de esa repartición para proporcionar información precisa: “No les sé decir, eso es algo que le voy a tener que consultar al Director de Tránsito, en primera instancia te diría que no, pero no me gusta contestar en el aire y no lo voy a hacer, no corresponde”, concluyó.
Imagen: Edila Mariela Peláez (foto tomada de la web).
Por Katherine Martínez.
