En una audiencia celebrada el pasado miércoles 23 de agosto, ante el Juzgado Letrado de 5º Turno de San José de Mayo, debió comparecer el ex militar Francisco Macaluso, quien actualmente cumple una condena de 12 años y seis meses de prisión por delitos de tortura durante la última dictadura, debido a incumplimientos en las condiciones de su prisión domiciliaria.
La jueza María José Camacho, solicitó que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), determine si Macaluso incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria, incluyendo si salió de su domicilio, si su dispositivo electrónico funcionó adecuadamente y si los números de contacto están en orden. Además, pidió al Instituto Técnico Forense (ITF), de Minas evaluar el estado de salud del militar retirado y considerar la viabilidad de su traslado a una cárcel común. La abogada Fiorella Garbarino, representante de las personas que denunciaron a Macaluso, dijo que según el Código Penal, los incumplimientos podrían resultar en la revocación de la prisión domiciliaria.
INCUMPLIMIENTOS | El caso se centró en dos incidentes relacionados con la tobillera electrónica que Macaluso utiliza como parte de su supervisión en prisión domiciliaria. En sus declaraciones, al término de dicha instancia, la doctora Fiorella Garbarino, del Observatorio Luz Ibarburu explicó que “lo que existió fue un incumplimiento en cuanto al dispositivo que tiene Macaluso. Él tiene una tobillera la cual en dos oportunidades se descargó, estaba apagada».
El primero de estos eventos ocurrió el 8 de julio, cuando el dispositivo estuvo apagado durante aproximadamente 20 minutos. Según las declaraciones de Garbarino “se pudieron comunicar con él y cargó la tobillera y lo pudieron ubicar dentro de su domicilio”.
El segundo incidente ocurrió el 29 de julio cuando el dispositivo permaneció apagado durante aproximadamente tres horas y media o cuatro, y no se pudo establecer contacto con Macaluso durante ese tiempo. En este caso, Garbarino dijo que “no teniendo noticias ni información sobre si está o no en su domicilio, la OSLA desde la sede notificó a Fiscalía de este incumplimiento, por lo que fue la Fiscalía la que solicitó esta audiencia”.
El ex militar Macaluso dio su versión de los eventos durante la audiencia. Según su testimonio, en la primera ocasión, no recordaba el incidente y supuso que lo habían llamado, por lo que encendió el dispositivo inmediatamente. En el segundo incidente, explicó que había almorzado temprano y se había acostado a ver un partido de fútbol. En ese momento, recibió llamadas de números desconocidos, que optó por no contestar siguiendo las indicaciones de sus familiares. Sin embargo, uno de sus hijos se percató de las llamadas, verificó que eran de la OSLA y procedió a cargar el dispositivo.
NUEVOS INFORMES | La jueza María José Camacho, en respuesta a estos incumplimientos, dispuso que la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) informe en un plazo de tres días si Macaluso había salido de su domicilio en algún momento durante los dos incidentes, si el dispositivo funcionaba correctamente y si los números de contacto estaban en orden. Además, solicitó al Instituto Técnico Forense de Minas que determine si la condición de salud de Macaluso ha experimentado algún cambio y si es viable su envío a una cárcel común.
En la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión efectiva debido a la falta de un registro específico sobre si Macaluso había salido de su domicilio durante estos dos incidentes. La abogada Fiorella Garbarino destacó que, de acuerdo con el Código, “cuando hay incumplimientos, la prisión domiciliaria tiene que ser revocada”. La decisión final de la jueza se espera una vez que se reciban los informes solicitados.
La condena de Macaluso, junto con la del también ex militar Rubens Francia fue emitida el pasado 1 de junio por la juez Letrada de Primera Instancia de 1º Turno, María Merlo Cabrera, debido a la implicación de ambos en delitos de tortura y privación de libertad durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay contra aproximadamente 20 militantes de la Unión de la Juventud Comunista (UJC), en el ex Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6 en San José.
Si bien Francia fue sentenciado a 12 años y seis meses de penitenciaría tras la decisión de revocar su prisión domiciliaria en Salto, basado en los resultados de las pericias, que no mostraron impedimentos físicos o psicológicos para su reclusión en un establecimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), las pericias realizadas a Macaluso determinaron que la situación en su caso era diferente ya que su evaluación médica estableció que era incompatible con un establecimiento carcelario.
CASARTELLI | Vale agregar que el pasado 9 de agosto, Pablo Casartelli, uno de los ex presos políticos de San José que lideró el juicio contra ambos ex militares, falleció debido a complicaciones de un cuadro oncológico que se había agravado en las últimas semanas.
Al igual que sus compañeros promotores de la acción legal, Casartelli estuvo recluido en el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 6 durante la dictadura. Tras conocerse la sentencia del juicio el pasado 2 de junio, expresó su emoción y dijo que era “incalificable lo que se siente estar en esta instancia 50 años después de haber sucedido los hechos”.
Ante ello, la Departamental del Frente Amplio San José expresó “su absoluta tristeza por el fallecimiento del compañero Pablo Casartelli. Lamentamos la pérdida de un entrañable compañero, comprometido con la lucha por una sociedad más justa durante toda su vida”.
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Por Katherine Martínez.
