Un informe de la Intendencia de San José que asegura que el camino de acceso al balneario Arazatí es privado podría ser incluido como prueba en el caso judicial que vecinos llevan adelante en contra de la familia Voulminot para liberar ese acceso al público. El documento fue agregado a la causa por la parte demandada en el marco de la audiencia que tuvo lugar el pasado jueves 10 de diciembre, luego de haber sido postergada en dos oportunidades.
De la instancia participó el perito ingeniero Patricio Birriel, que trabajó sobre los planos de los años 1957 y 2012, a partir de los que determinó que la arteria que permite el acceso a la costa es una servidumbre de paso.
“Se denunció lo que procesalmente se conoce como un hecho nuevo, donde la parte demandada, en este caso la familia Voulminot denuncia un hecho nuevo concretamente citando un informe institucional de la Intendencia de San José donde dice concretamente que el camino en cuestión es un camino privado”, informó el abogado Franklin Fuentes, quien junto al abogado Diego Caraciolo trabaja a favor de los vecinos para demostrar que el camino es de acceso público.
No obstante, Fuentes destacó que en la oportunidad, el resultado obtenido por la defensa fue más del que buscaban: “Yo creo que obtuvimos más de lo que fuimos a buscar”, mencionó.
Aun así, el informe dado a conocer durante la audiencia podría complejizar el caso ya que se trata de una respuesta dada por la Intendencia a un pedido de informes cursado por la comisión Pro Balneario Arazatí (Los Tucu-Tucu), a través de Sofía Mansilla quien era su representante antes de ser electa Edila por el Frente Amplio. En el documento que está firmado por el ex sub director de Administración y asesor jurídico de la comuna Pablo Pucheu, la Intendencia dice que el camino es privado.
“Ese informe está firmado por el doctor Pablo Pucheu a raíz de una petición presentada por la señora Sofía Mansilla contra la Intendencia de San José solicitando información que le es respondida por este profesional en representación de la Intendencia y que ahora es utilizada como prueba por parte de la familia Voulminot y solicitan su agregación al expediente oficiando a la Intendencia y al Instituto de Derechos Humanos para que se agregue esa prueba como hecho nuevo y bueno, esa es la situación”, dijo Fuentes.
“Aquí hay dos hechos nuevos en este proceso. Primero una petición hecha por la señora Sofía Mansilla que surge del escrito presentado por la contraparte y segundo, un informe del doctor Pablo Pucheu que la contraparte infiere que en ese informe habría dicho que es un camino privado y que en este caso Pucheu lo hace en representación de la Intendencia de San José”, agregó el abogado que asesora a los vecinos.
EL CASO SE COMPLEJIZA | Al término de la audiencia, Franklin Fuentes dijo que lo sucedido impidió que se convocara a la instancia de alegatos y abre la posibilidad de que se agreguen nuevas pruebas lo que, naturalmente, complejiza el caso abierto en 2017 y demorará el fallo de la justicia.
“Alarga más el juicio en el sentido de que nos dan traslado a nosotros para evacuarlo y puede, eventualmente, habilitar otro tipo de prueba; ahora nosotros tenemos la oportunidad de presentar la contraprueba y no lo descartamos, lo vamos a analizar pero está dentro de las posibilidades y obviamente que el juicio se alarga porque ingresan otros actores”, dijo al respecto.
“Siempre lo hemos dicho, nosotros de lo que no podemos hacernos responsables con los vecinos es del trabajo que realizamos en este juicio y lo que hemos venido realizando desde 2017, de lo que hacen otros no podemos… Simplemente tenemos que trabajar como lo hemos venido haciendo y porque estamos convencidos que en este caso los vecinos tienen la razón pero esa es la realidad, no es la realidad que decimos nosotros, es la realidad que surge del expediente”, añadió Fuentes quien indicó que el traslado que se abre es de seis días: “Hay un traslado para nosotros de seis días que lo vamos a evacuar y después la señora Juez tendrá que proveer si admite o no ese hecho nuevo y ese es el trámite procesal”.
No obstante, Fuentes prefirió no opinar sobre la responsabilidad que podrían tener la comisión Pro Balneario Arazatí o la Intendencia en lo ocurrido: “Yo no puedo afirmar eso, como no puedo afirmar que la actuación hecha por la Intendencia tenga… Yo muestro los hechos y los hechos están en el expediente y lo que surge del expediente y está al conocimiento de todo el mundo. Es una prueba que la parte contraria, inteligentemente, utiliza a su favor. Son las reglas del juego y las valoraciones sobre si fue oportuno o no todo esto que acabo de relatar no me corresponde a mí realizarla, somos abogados, estamos para trabajar desde el punto de vista jurídico y otro tipo de valoraciones van por otro lado”, comentó.
“Estamos hablando de informes y actuaciones que no conocíamos y que obviamente nos obliga a redimensionar la estrategia en este aspecto para ver si ese hecho es admitido y en caso de serlo ver qué incidencia puede tener en un fallo final”, concluyó el abogado.
Por Katherine Martínez.
