Como “un ejemplo escandaloso de mala gestión del agua” definen a lo ocurrido en Uruguay a mediados del presente año, cuatro especialistas en temáticas relacionadas con el agua -entre ellas la bióloga Tamara Avellán-, en un trabajo que será publicado en la revista científica de la Fundación Heinrich Böll de Alemania, al que tuvo acceso La Semana. Las científicas realizan a su vez una serie de recomendaciones al gobierno uruguayo para enfrentar futuras situaciones de sequía que dicen, se seguirán dando a causa del cambio climático.
El trabajo a publicarse se titula «Recursos hídricos y cambio climático: ¿Cómo debemos gestionar unos recursos cada vez más escasos?» y lo firman además de Avellán, María Paula Collazo, Martha Hoffmann y Katrin Lammers. La Fundación Heinrich Böll, que editará el trabajo, está vinculada al Partido Verde alemán y fue creada en 1997.
Las especialistas parten de la idea que “el cambio climático está causando variaciones regionales en las precipitaciones, lo que provoca sequías e inundaciones. Esto puede provocar escasez de agua en regiones con mayor riesgo de sequía, como el sur y el centro de Asia, el sureste de Sudamérica, el centro de Europa y el sureste de EEUU”.
URUGUAY | Al hablar de Uruguay dicen que “es un país tradicionalmente rico en agua que declaró el acceso al agua potable como un derecho humano en su Constitución en el año 2004 a través del artículo 47”. A partir de allí “se introdujo toda una serie de sistemas de gobernanza en cascada y participativa para salvaguardar el país del abuso del agua, incluidos los organismos de cuenca fluvial (OCF), que representan los intereses locales”.
Luego hacen referencia a los “procesos participativos socavados durante la crisis del agua” y dicen que “la escasez de agua en Montevideo dio lugar al estado de emergencia, que legitimó la actuación inmediata del gobierno sin evaluaciones de impacto social o medioambiental. Algunas de estas medidas contribuyeron a mejorar el acceso de los más pobres al agua embotellada, pero no sin concesiones. En cuestión de días se construyeron presas, tuberías y estaciones de bombeo para recoger y trasvasar agua con el fin de asegurar el suministro de Montevideo. Esto demuestra cómo las crisis permitieron eludir los procesos reguladores de las áreas protegidas, ya que ambos lugares de actuación -el embalse del río San José (Buschental y Puente Valdez), y la estación de bombeo de Aguas Corrientes-, se encuentran en una de las pocas áreas protegidas del Uruguay”.
Avellán y sus compañeras dicen que todo el proceso vivido en Uruguay estuvo marcado por la “falta de información y de evaluaciones, lo que suscitó muchas preguntas sobre la población afectada, el carácter temporal o permanente de la infraestructura, la seguridad del suministro local de agua y la compensación por las pérdidas de medios de subsistencia, incluida la expropiación”.
Narran luego que la población afectada -en este caso vecinos de Colonia Italia y Buschental-, y políticos “solicitaron acceso a la información a través de los canales legales públicos correspondientes, pero sus consultas quedaron sin respuesta; sin embargo, la resistencia y las protestas locales, incluido un frente político regional unido, forzaron las respuestas a las preguntas más acuciantes: parece que algunas partes de la infraestructura serán permanentes, mientras que la presa y las bombas deben retirarse según el Ministerio de Ambiente, al menos de momento. Además, las protestas exigían un aumento de la concienciación medioambiental y un mayor intercambio sobre la gestión del suministro local de agua entre los distintos grupos de la sociedad, la política y los medios de comunicación”.
“La forma en que se socavaron los procesos democráticos y participativos ejemplifica el papel que pueden desempeñar las crisis del agua en un mundo con cambios climáticos y debería llevarnos, global y localmente, a reconsiderar nuestros planes de gestión del agua. Ante los diversos proyectos uruguayos de uso intensivo de agua que están en marcha, como una central ecológica de hidrógeno en la región norteña de Tacuarembó o un centro de datos de Google en el departamento de Canelones, los recientes desafíos en Montevideo plantean las siguientes preguntas: ¿Cómo coincidirán y se desarrollarán en el futuro los recursos y las demandas de agua? ¿Cómo garantizar procesos democráticos y participativos en la gestión del agua, teniendo en cuenta las crecientes tensiones debidas al cambio climático?”, se preguntan luego las profesionales.
PRIORIDADES | “Dado que los recursos de agua dulce son muy limitados, su uso a escala industrial debería limitarse a las tasas de renovación de la fuente respectiva y realizarse con una alta eficiencia y procesos de reciclado del agua. Las fuentes de agua dulce de alta calidad, como los acuíferos, deben considerarse reservas estratégicas de agua dulce. Su uso y la extracción de agua deben evaluarse y controlarse cuidadosamente en relación con las renovaciones de las aguas subterráneas, que están sujetas a cambios en las tasas de infiltración debido al uso del suelo y a los patrones de precipitaciones afectados por el cambio climático”, dicen las especialistas y en base a ello realizan una serie de recomendaciones a las autoridades de gobierno de Uruguay.
“En el caso concreto de Uruguay, donde la reciente crisis del agua en Montevideo pone de relieve la importancia de la gestión sostenible del agua, podemos ofrecer recomendaciones políticas directas”, como “garantizar un suministro de agua resiliente para la población”, creando “un comité interdisciplinar de expertos para el desarrollo a largo plazo de un sistema de abastecimiento de agua y saneamiento resiliente y la gestión de Montevideo y las demás ciudades del país. Para contribuir a la aplicación de los planes de gestión, deberían incrementarse las capacidades institucionales de la empresa nacional de aguas (OSE), ampliando el personal más allá de los ingenieros civiles”.
PARTICIPACIÓN | También recomiendan “reforzar las Comisiones de Cuenca para la participación local”, empoderando “a los organismos de cuenca mediante la materialización de su poder de decisión constitucionalizado. Además, deberían crearse nuevos organismos de cuenca para los acuíferos que actualmente no están representados”.
Además plantean “establecer planes resilientes de gestión del agua a largo plazo”, desarrollando “planes de gestión para el uso de aguas superficiales y subterráneas que se basen en pruebas científicas de las variaciones hidrogeológicas en extensión, volumen, calidad y capacidad de renovación. Esto debería tener en cuenta los impactos del cambio climático, así como los cambios en la capacidad de infiltración debidos a alteraciones en el uso del suelo. Deben establecerse reservas estratégicas de agua. De acuerdo con la Constitución, debe darse prioridad al acceso al agua potable”.
También recomiendan “capacitar a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para que se unan en torno a cuestiones medioambientales y apoyen la acción local de concienciación medioambiental. Este apoyo es muy necesario, ya que las organizaciones actuales tienden a ser pequeñas y dispersas, mientras que las organizaciones internacionales siguen ausentes. A largo plazo, esto podría reforzar las cuestiones medioambientales en el debate y la representación política”.
Como resumen final, las especialistas entienden que en todos los procesos relacionados al agua, “los criterios subyacentes deben ser la resistencia climática, la sostenibilidad y los procesos participativos”.
Las autoras
Doctora Tamara Avellán: es docente en la Universidad de Oulu, donde estudia las prácticas sostenibles de retención de agua y nutrientes en la agricultura. Es experta en gestión sostenible del agua y está interesada en los procesos participativos para el cambio transformacional.
Doctora María Paula Collazo: es doctora en Hidrogeología y profesora de Aguas Subterráneas en la Universidad de la República, Uruguay. Sus principales líneas de investigación son la hidrogeoquímica, la contaminación y vulnerabilidad de los acuíferos y la gestión, protección y conservación de las aguas subterráneas.
Doctora Katrin Lammers: es investigadora en el Reiner Lemoine Institut (RLI). Participa en varios proyectos que analizan los riesgos y oportunidades de la aplicación del hidrógeno verde en el contexto internacional. También es experta en modelización de sistemas energéticos resistentes al cambio climático.
Martha Hoffmann: es estudiante de doctorado en la Escuela de Postgrado sobre Transición Energética de la Fundación Reiner Lemoine de Berlín, donde investiga cómo incorporar las cuestiones de justicia energética a la planificación de la transición energética.
Imagen: Proceso de instalación de las bombas en Puente Valdez (archivo La Semana).
Por Javier Perdomo.
