Mientras continúan los pronunciamientos en contra del proyecto Neptuno -la pasada semana se sumó el de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)-, el gobierno insiste en que el plan para construir una toma de agua para abastecer del vital elemento al área metropolitana de Montevideo en la zona de Arazatí sigue en pie y que a más tardar a principios de octubre, se presentará a OSE y luego que ésta lo apruebe, se estará en condiciones de comenzar el proceso licitatorio.
A mediados de la pasada se conoció el informe del INDDHH (firmado por tres integrantes de la anterior Dirección del instituto), que cuestiona el proceso que está llevando adelante el gobierno para concretar la obra, luego de estudiar los informes solicitados a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente, a OSE, a la URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), y a la Intendencia de San José. El informe surge a partir de una denuncia realizada ante la institución por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
RECOMENDACIONES | El documento de 16 páginas repasa cada una de las respuestas brindadas por los organismos consultados y en sus consideraciones finales, recomienda a Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y a OSE, “no innovar ni continuar adelante respecto al llamado a licitación pública referido a la IPPN (Iniciativa Privada Proyecto Neptuno), hasta tanto no se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua” y le plantea que la IPPN “podrá ser un insumo más, entre otros, a considerar dentro de dicha planificación”.
A su vez, recomienda al Ministerio de Ambiente que “fortalezca sus efectivas competencias en la política nacional de aguas y en la planificación de la mejora de la cantidad y calidad en la disponibilidad de agua potable, de acuerdo a lo establecido por la Ley 19.889 (LUC)”.
También recomienda a la URSEA (que informó que no tenía la información técnica del proyecto), y a la Intendencia de San José (que no respondió los pedidos de información que se le realizaron), que “fortalezcan sus efectivas competencias en la materia objeto” de la denuncia.
A su vez, la Institución Nacional de Derechos Humanos, establece que “el proceso de abastecimiento de agua potable a la población mediante una nueva infraestructura de redes públicas, no se trata de una mera obra constructiva, sino que implica diferentes acciones de planificación y gestión sobre los recursos hídricos y el territorio, sobre las que tienen competencias concurrentes distintos organismos públicos, por lo tanto no debe ser objeto de decisión exclusiva por parte de la OSE”.
En base a esto, recomienda que se debe “establecer que la planificación de una nueva toma de agua para potabilizar, a partir de la extracción desde el Río de la Plata (cuya cuenca es integrada por todo el territorio nacional junto con el de otros países), constituye en sí misma, o debe ser al menos parte de, una política nacional de aguas. Es decir, debe basarse en los principios de ordenamiento del territorio, protección del ambiente, gestión sustentable de los recursos hídricos, establecimiento de usos del agua y el territorio con enfoque de cuenca, y en la participación pública, de acuerdo a lo establecido por el cuerpo normativo internacional y nacional sobre el derecho humano al agua”.
También dice el informe de la INDDHH que “de continuarse adelante con la implantación de la IPPN, a través de un llamado a licitación pública u otro procedimiento competitivo, se estaría otorgando rectoría a la ley 17555 (ley de reactivación económica, industria de la construcción), por sobre el conjunto del cuerpo normativo internacional y nacional sobre el derecho humano al agua”.
Por último, dice el informe que “de acuerdo a estándares internacionales del derecho humano al agua, la IPPN, tal como está planteada, se trata de una delegación a entidades privadas (empresas transnacionales), de la capacidad de propuesta sobre la planificación de recursos hídricos, así como de la prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua potable”.
AMBIENTE | Por su lado, el ministro de Ambiente Adrián Peña, al ser consultado luego de conocerse el informe de la INDDHH, declaró que el proceso para construir la toma de agua aún está en marcha y que no hay un proyecto “definitivo”. Según lo declarado por el Ministro, la intención es “tratar de que el proyecto pueda estar disponible a fines de setiembre o mediados de octubre y que una vez que cuente con la aprobación de OSE se pueda habilitar la instancia de licitación pública”.
Una vez que OSE brinda su visto bueno al proyecto, se procederá a realizar el llamado a licitación para seleccionar la empresa constructora que se hará cargo de la tarea y se iniciará el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente.
Según lo informado por Peña a medios nacionales, el jueves 8 se realizó una nueva sesión virtual del Consejo Regional de Recursos Hídricos para la cuenca del Río de la Plata y Frente Marítimo, donde se trabajó en la definición de una hoja de ruta para poder iniciar y avanzar en el proceso de autorización ambiental. “Se convocará a representantes del Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y la Comisión de la Cuenca del Santa Lucía, junto a otras organizaciones en una mesa de trabajo para que nutran este proceso”, dijo a Montevideo Portal el ministro Peña, quien agregó que para el Ministerio de Ambiente es “importante brindar toda la información con la que se cuenta en esta etapa de estudio y definición, para asegurar la transparencia y participación de los actores involucrados en el proceso”.
SIN CAMBIOS | La Semana consultó a integrantes del colectivo “Los Tucu-Tucu” y de la Federación de Funcionarios de OSE (FOSSE), que participaron de la reunión del consejo, quienes dijeron que no hubo mayores avances en la información brindada por el Ministerio en esa instancia.
Ramón Parra, Secretario General del gremio, dijo a este medio que en la reunión que mantuvo una delegación del sindicato con el Ministro -pocos días después del encuentro con el Presidente-, éste les informó prácticamente lo mismo que les dijo el presidente Lacalle Pou respecto a que posiblemente la inversión se haga mediante un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). El gremio la aclaró al Ministro que, junto a las organizaciones sociales, continuarán insistiendo con que no se realice esta obra, considerada perjudicial para el ambiente y para la salud de cientos de miles de personas.
Hay que agregar que este martes se supo que el FA interpelará al ministro Peña por el proyecto, ya que hay muchos aspectos, la mayoría técnicos, que no convencen a la oposición.
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Por Javier Perdomo.
