Con la Dirección de Hacienda de la Intendencia de San José, la Fiscalía Departamental de San José va a comenzar las indagatorias que tienen como finalidad determinar si hubo delito en la forma de proceder de la comuna con la empresa fúnebre del diputado nacionalista, líder de la lista 50, Ruben Bacigalupe y en los convenios que fueron firmados entre ambas partas para saldar las deudas.
Según supo La Semana, por ahora no está previsto citar al legislador, pero es una posibilidad que se maneja para más adelante. Si la Fiscalía decide citar a Bacigalupe, éste podrá concurrir a dar su testimonio en forma voluntaria o tendrá la opción de ampararse en los fueros parlamentarios. En principio el Diputado habría manifestado que no se ampararía en los fueros e iría a declarar.
El fuero parlamentario, o inmunidad parlamentaria se denomina a la prerrogativa de los miembros de un cuerpo legislativo que les concede inmunidad parcial de enjuiciamiento salvo en los casos que determine la Constitución. Antes de enjuiciar, es necesario que se elimine la inmunidad, generalmente por un tribunal específico o por la cámara legislativa a la que pertenece.
El Diputado podría ser citado por Fiscalía debido a que el primer convenio de pago de su empresa fúnebre se firmó en el año 2014 cuando ocupaba el cargo de Director de Deportes de la comuna. Por esa razón, la Juntas Departamental consideró que el Diputado actuó como jerarca y a la misma vez como beneficiario de un acuerdo de pago, generándose un conflicto de intereses.
INDAGATORIA | Las actuaciones de este caso fueron iniciadas hace 20 días cuando el fiscal de Primer Turno Alfredo Ruiz convocó a las autoridades del legislativo departamental para ratificar la denuncia. La misma se llevó adelante a través del abogado Germán Sfeir, y el secretario general Andrés Pintaluba.
Mientras tanto, Fiscalía prepara las citaciones dirigidas a las personas que habrían estado vinculadas en este caso, pero en calidad de testigos. Según se informó, las indagatorias se van a iniciar por la Dirección de Hacienda de la Intendencia, a través del contador Gerardo Gadea, debido a que el profesional fue mencionado en la denuncia que fuera presentada por el deliberativo.
En el documento redactado por la Comisión Investigadora que analizó el proceder de la Intendencia con las deudas de las funerarias del departamento, existen declaraciones del profesional que despertó en ese equipo de trabajo diversas dudas referidas a los certificados de BPS y DGI. Por esa razón se solicitó que la justicia profundice acerca del proceder de los “jerarcas municipales sobre quienes recae la responsabilidad en el control de las empresas que contratan con el gobierno departamental”.
De acuerdo a la denuncia realizada, el 7 de diciembre de 2017 Gadea aseguró que la Intendencia no solicita esas certificaciones a las empresas que realizan convenios de pago. No obstante y en contrapartida, el 22 de febrero de 2018, el funcionario recordó que para hacer accesible el cobro de los servicios, es un requisito que las funerarias estén al día con los tributos.
Con esa información, la investigadora procedió a solicitar la documentación correspondiente. En respuesta, la comuna entregó las copias “de todas las empresas fúnebres que operan en el departamento menos la de la empresa de la familia Bacigalupe”.
ANTECEDENTES | La denuncia a Fiscalía ingresó al Ministerio Público en el mes de mayo de este 2019, tras la decisión adoptada por la Junta Departamental en base al trabajo realizado desde 2017 por una comisión investigadora abocada a profundizar en esta situación. En su informe final, ese grupo de trabajo dedujo que la Intendencia de San José tuvo un trato preferencial con la empresa del Diputado en relación a la manera de proceder del Ejecutivo con otras que también poseen deudas.
En este sentido, cabe recordar que la funeraria de la familia Bacigalupe firmó un total de tres convenios debido a la demora en el pago de la «Tasa por servicios de Cementerios». El último se rubricó en 2017 por casi 2.800.000 mil pesos, luego de que incumpliera con un anterior convenio de 2016, sin que la comuna tomara acciones.
La funeraria cobraba la tasa de inhumación pero no volcaba la suma a la comuna como corresponde. La empresa firmó un convenio en el mes de mayo de 2016 para pagar la suma, pero lo incumplió. En marzo de ese año los adeudos ya superaban el millón y medio de pesos uruguayos.
Según expresaba el convenio en cuestión: “el atraso en más de dos cuotas, traerá aparejado la caducidad automática” del mismo, “dando lugar a que el Gobierno Departamental de San José, reclame la totalidad de lo adeudado con las sanciones por mora y recargos actualizados, y a que se promuevan las acciones judiciales que correspondan”.
Más adelante en el documento se advierte que “en caso de producirse la caducidad”, no se autorizará “bajo ningún concepto” la prolongación de la prestación del servicio fúnebre hasta que la situación no se regularice. Según informó Bacigalupe en distintos medios, el monto acumulado se debe a dificultades económicas que se produjeron en la firma.
La Comisión Investigadora que buscaba determinar si la Intendencia no tomo cartas en el asunto debido a la vinculación política entre Bacigalupe y Falero, investigó a su vez los pagos a la ISJ de otras empresas fúnebres.
De acuerdo a la comisión, la demora para finalizar su trabajo se ha debido fundamentalmente a que la Intendencia de San José se atrasó varios meses en dar respuesta a los pedidos de informes cursados.
Los pedidos de informes fueron cursados con el objetivo de acceder a información que les permitiera conocer a fondo la realidad de la situación y tenían como finalidad, entre otras cosas, conocer si el Diputado está al día con el pago de la deuda millonaria.
El informe denuncia que los Pedidos de Informes cursados a la Intendencia “fueron respondidos de forma incompleta y tardía lo que quitó agilidad y posibilidad de mayor esclarecimiento”.
Por Katherine Martínez.
