El director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia Carlos Rodríguez, dijo que existe la posibilidad de requerir más personal en su repartición para hacer frente al control del cumplimiento del Decreto que regulará la pirotecnia sonora en San José (ver nota aparte), en caso de que el Ejecutivo determine que dicha Dirección se encargue de la labor de contralor.
Si bien aún no se ha confirmado esta responsabilidad, Rodríguez expresó su disposición a contar con los recursos humanos y la capacitación necesaria para abordar la tarea a la que calificó como “un trabajo bastante duro”. El proyecto, aprobado por la Junta Departamental el pasado miércoles, se encuentra actualmente en manos del Ejecutivo para su análisis, reglamentación y promulgación.
Rodríguez dijo que se haría necesario trabajar con funcionarios adicionales y prepararlos adecuadamente, ya que el comportamiento de la población con respecto al uso de la pirotecnia varía en las diferentes localidades: “Vamos a tener que trabajar con algún funcionario, preparar a alguna persona más, saber bien cómo funciona la pirotecnia en las distintas localidades porque no en toda la localidades funciona de la misma manera”.
Rodríguez hizo hincapié en la importancia de la educación y concientización de la población en lugar de centrarse exclusivamente en la fiscalización, indicando que una campaña publicitaria efectiva sería clave para evitar conflictos y promover el cumplimiento voluntario de las regulaciones.
OPTIMISMO | A su vez, el Director destacó su acuerdo con las disposiciones incluidas en el proyecto y expresó su confianza en que la población responderá positivamente a las acciones de concientización que también se contemplan. El objetivo es reducir al mínimo indispensable las situaciones de fiscalización que, según Rodríguez, pueden generar tensiones entre los involucrados.
“Podemos transmitirle a la población que perjudica la salud de las personas y que también tenemos un tema con los animales a los que también perjudica bastante. Yo creo que va por ese lado más que por la fiscalización, por la educación y concientizar a la gente que no puede usar ese tipo de pirotecnia”, dijo Rodríguez, que agregó que “la campaña publicitaria que se haga va a ser fundamental para ahorrarnos un poco ese tema de la fiscalización que siempre son duras y siempre generan rispideces”.
“Queremos no tener que llegar a esa instancia sino que tenemos que concientizar a la gente, educarla y prepararlos para que sepan que eso no se puede hacer”, dijo Rodríguez.
En sus declaraciones, Carlos Rodríguez, consideró relevante regularizar y controlar a las empresas que venden este tipo de productos: “Estamos de acuerdo con el decreto que se votó en la Junta Departamental y bueno ahora queda instrumentar cómo ir para adelante, el tema de fiscalizarlo, controlarlo y regularizar a las distintas empresas que venden ese producto”, explicó.
El Director también hizo un llamado a mejorar la preparación del personal existente y mencionó que si bien es común solicitar más recursos humanos, la calidad y eficiencia del trabajo son fundamentales para abordar esta problemática. “Siempre los directores estamos reclamando más personas para todos los lugares pero a veces no pasa tanto por cantidad de gente sino que pasa por preparar mejor a los que tenemos”, consideró.
FAVORABLE | Por su parte y si bien la intendenta de San José Ana Bentaberri, se mostró, en principio, a favor de la regulación de la pirotecnia sonora en el departamento, prefirió no realizar mayores consideraciones hasta revisar en detalle el texto final de la iniciativa votada por el Legislativo.
El proyecto, basado en la propuesta inicial de la edila Mariela Peláez del Frente Amplio, con modificaciones consensuadas con el Partido Nacional, establece que a partir del 1 de enero del 2024, solo se permitirá la venta de pirotecnia con un nivel de sonido no mayor a 110 decibeles. Esta cifra se reducirá a 80 decibeles a partir del 1 de enero del 2025. La regulación contempla multas que oscilan entre las 5 y las 100 Unidades Reajustables, dependiendo de la gravedad de la infracción, que actualmente equivale a casi 160 mil pesos uruguayos.
Por Katherine Martínez.
