El pasado lunes 14 en su página web y el martes 15 en su edición papel, La Semana fue el primer medio del país que anunció la presentación en el Jugado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo de una medida cautelar de no innovar contra la licitación internacional realizada por OSE para conceder la obra y la operativa de una planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí, proyecto conocido como Neptuno.
La acción judicial fue presentada por el abogado Juan Ceretta del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), representando a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización de Rafael Perazza, conocida como “Los Tucu-Tucu” (Nelson Altieri y Carmen Sosa y Anahit Aharonian comparecen en nombre de la CNDAV y Virginia González, Rogelio Días y Silvana Fernández lo hacen por “Los Tucu-Tucu”).
En un documento de 64 páginas se pide que el Juez actuante ordene “la suspensión inmediata de la Licitación Pública Internacional Nº 23980 (PROYECTO NEPTUNO-ARAZATÍ), previo al acto administrativo de adjudicación, hasta tanto el proyecto se ajuste a los términos de la Constitución, en cuanto a que el servicio público de abastecimiento debe ser prestado exclusiva y directamente por el Estado; se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, realizando un estudio de impacto medioambiental y de ordenamiento territorial con la participación real en el ámbito de los Consejos Regionales, y Comisiones de Cuenca de todo el país; se ofrezcan garantías respaldadas por la comunidad científica acerca de la sustentabilidad ambiental de las obras y la calidad del agua potable a suministrarse del Río de la Plata”.
PARAR | El abogado Juan Ceretta, explicó a La Semana que una medida de no innovar “es una medida que solicita a un Juez que ordene que no cambien las cosas. En este caso referente al proyecto Neptuno, lo que se está pidiendo es que le ordene al Estado, no seguir adelante; dejar las cosas como están ahora, mientras se discute algo”.
Respecto a los plazos que tiene un Juez para tomar una medida de este tipo, dijo el representante de las organizaciones sociales que “ahí tenemos un problema porque si bien las medidas cautelares son urgentes, no hay un plazo establecido, determinado en cantidad de días para que el Juez decida, como ocurre en la acción de amparo que tiene tres días para resolver; acá no existe ese plazo pero sí está claro que son medidas urgentes, por lo tanto depende un poco de cada Juez, pero son todos conscientes que es un tema urgente”.
En cuanto a las características del planteo realizado, dijo Juan Ceretta que “en primer lugar nosotros cuestionamos la compatibilidad de este proyecto con la reforma constitucional de 2004; es un tema discutible, es cierto, hay dos posiciones. La OSE entiende que la obligación constitucional de que el abastecimiento de agua tenga que ser prestado exclusivamente por personas públicas, se refiere exclusivamente a la etapa de bombear el agua y que salga por las canillas, mientras nosotros entendemos que abastecer también implica que esté en poder público el proceso inicial de toma de agua bruta, el tratamiento, etcétera”.
“Si se considera que el concepto de abastecimiento implica también la etapa inicial de la toma del agua y su administración, este proyecto vulneraría la Constitución”, dijo el abogado.
“Esa es la primera objeción jurídica; además de ésta, la medida cautelar se funda también en el impacto a nivel ambiental, en la salud, en lo territorial, que traería consigo esta obra y que aún no sabemos en detalle. Sí tenemos un montón de dudas y preguntas para hacer, que nosotros acreditamos con distintos informes científicos que agregamos a la medida cautelar, pero como no se ha hecho un estudio específico de impacto ambiental, territorial y de la salud, que traería aparejado este proyecto, no lo sabemos”, detalló Ceretta.
“Estas son las razones por las que pedimos la suspensión. Hasta que no esté realizado un estudio que permita saber a ciencia cierta qué impactos tendría la implementación del proyecto Neptuno, queremos que no se siga adelante con las obras”, agregó el titular de la Cátedra.
SIN DEBATE | Otro punto destacado en la medida cautelar es que no se consultó a la población para decidir la obra. “Nosotros entendemos que no ha habido una participación pública, como ordena la normativa nacional, sobre todo el acuerdo de Azcazú (por la ciudad del mismo nombre en Costa Rica), no se ha debatido, no se ha explicitado entre la población las características, las consecuencias y las razones del proyecto; por eso exigimos el formato de audiencia pública, que son parte de la evaluación de impacto ambiental. Cuando se realiza evaluación de impacto ambiental hay que hacer audiencias públicas y entendemos que no se han realizado en la dimensión que es necesario hacer”.
Consultado sobre qué pasará en caso en que el Juez actuante haga lugar a la medida, Ceretta explicó que “lo que va a hacer el Juez es ordenarle al Estado que no adjudique el proyecto Neptuno a ninguna de las empresas que se presentaron a licitación hasta tanto no se realicen todos esos estudios. Pondría en pausa el proyecto, habría que hacer una serie de estudios y una vez que se tengan esos estudios, ahí recién tomaría una decisión sobre si el proyecto puede seguir adelante o no”.
El docente universitario dijo que son optimistas en cuanto al resultado, “pero obviamente que estas cosas hay que resolverlas en el Juzgado; es un caso muy polémico, perfectamente puede haber opiniones que adhieran a lo que nosotros planteamos, pero también puede haber opiniones en contrario. Es un caso muy complejo, confiamos en que va a ser analizado por la Justicia y seguiremos los caminos que jurídicamente tenemos para seguir peleando por esto”.
ESTRATEGIA | “Si tuviéramos una decisión en contra apelaremos y si también fuera en contra la apelación, analizaremos la posibilidad de llevar el caso al ámbito internacional. Iremos evaluando en la medida que vayan pasando las cosas, cuál es la mejor estrategia”, comentó Ceretta.
Aclaró por último que una vez presentada la medida, el Estado puede presentar sus descargos. “Siempre está prevista esa posibilidad, ya sea que se tramite por el formato unilateral, se puede recurrir. Siempre existe la posibilidad que la otra parte haga valer sus argumentos y eso es lo que hay que hacer, es lo correcto”, dijo al finalizar.
Imagen tomada de la web.
Por Javier Perdomo.
