Sociedad

Con otras 26 organizaciones, «Los Tucu-Tucu» denunciaron a Uruguay por violar acuerdo internacional

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El pasado jueves 20, Redes-Amigos de la Tierra y CIEDUR (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo), en nombre de otras 25 organizaciones sociales entre ellas “Los Tucu-Tucu” de Rafael Perazza, denunciaron al gobierno uruguayo por incumplir el Acuerdo Regional de Escazú, durante la Conferencia de las Partes del Acuerdo sobre Acceso a la información, participación y acceso a la justicia en temas ambientales, realizada en Buenos Aires.

Las organizaciones entienden que el gobierno ha incumplido el acuerdo en la implementación de los proyectos: Neptuno; Tambores (hidrógeno verde); el centro de datos de Google; +Colonia; las obras en la rambla del balneario Punta Colorada y la ampliación de la Ruta 102, a través del área protegida Humedales de Santa Lucía.

En la denuncia, al mencionar al proyecto Neptuno o Arazatí, dice que fue presentado por un consorcio integrado por cinco empresas privadas denominado “Aguas de Montevideo”, que “se propone construir una nueva planta potabilizadora de respaldo para el área metropolitana que abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable, llevando en una tubería que recorrerá 81 kilómetros pasando por la reserva de humedales del Santa Lucía y estarán ubicados en la zona de Arazatí departamento de San José, tomando agua del Río de la Plata en una zona con frecuencia de eventos de cianobacterias y niveles de salinidad con frecuencia por encima de lo habilitado para potabilizar”.

“En esta oportunidad el Ministerio Ambiente negó el acceso a la información apelando al ‘secreto comercial’ a las organizaciones sociales que participan activamente en los espacios formales de participación, desconociendo lo establecido en el artículo 47 de la Constitución, un artículo aprobado por iniciativa popular en año 2004 que establece que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y dispone la participación de los usuarios y la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control de los Recursos Hídricos, sin que las organizaciones mencionadas contaran con la información desde las etapas iniciales del proyecto”.

Según el documento presentado en Buenos Aires por Redes, la información sobre el Neptuno les fue entregada “en un drive cuando el Proyecto fue aprobado, el 22 de diciembre de 2022 y el Ministerio de Ambiente resolvió unilateralmente citar a tres reuniones del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata, los días 11, 18 y 25 de enero, en pleno receso estival”.

Agregan por último que “las organizaciones interpusieron recursos administrativos que el poder ejecutivo, el 29 de marzo de 2023, rechazó por considerar que estas organizaciones no cuentan con legitimación activa para presentar este tipo de recursos”.

Por este accionar respecto al Neptuno -y también respecto a los otros casos mencionados-, la denuncia presentada en Buenos Aires estable que el Poder Ejecutivo uruguayo “no cumple con los principios de acceso a la información establecidos en el Acuerdo de Escazú en su artículo 6, especialmente en los numerales 6, 9, 10, 11 y 12. En la mayoría de los casos, se priorizó los derechos económicos a los derechos de accesos dispuestos en el acuerdo utilizando la figura del ‘secreto comercial’ para no otorgar la información”.

 

CONCLUSIONES | Las organizaciones sociales uruguayas entienden que “la participación de la población no se ha dado desde las etapas iniciales como lo dispone el Acuerdo en su artículo 7 punto 4. Asimismo, las convocatorias no se realizan con plazos ni información adecuados para que los y las vecinas puedan participar de manera informada tal como lo dispone el artículo 7 en sus numerales 6 y 8”.

Además, dicen que en todos los casos “se interpuso la falta de legitimación activa de las personas y organizaciones demandantes tanto para solicitar información como para acceder a la justicia, desconociendo el artículo 8 numeral 3 inciso C del Acuerdo”.

Ante eso que advierten “el incumplimiento del Estado a un Acuerdo Internacional de Derechos Humanos y exhortamos al Ministerio de Ambiente y su Tribunal máximo en vía administrativa que actualicen y adapten los procesos administrativos a los principios y disposiciones que declara el Acuerdo”. Agregan por último que “las organizaciones sociales nos encontramos dispuestas a apoyar en este proceso y articular esfuerzos para garantizar de manera efectiva lo consagrado en el Acuerdo de Escazú”.

El Acuerdo de Esacazú fue ratificado por Uruguay a través de la ley 19.773 del 17 de julio de 2019. Este acuerdo “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También busca contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, establece la información brindada por Redes-Amigos de la Tierra.

 

¿Qué es el acuerdo de Escazú?

 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, por el lugar donde fue firmado (localidad en Costa Rica), es un tratado regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información en materia ambiental, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.

Es considerado el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Esto es fundamental teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe es la región del mundo donde ocurrieron la mayor cantidad de crímenes contra militantes ambientalistas en el mundo, según el Global Witness.

El Acuerdo como tal entró en vigencia luego que fuera ratificado por 11 naciones y ahora ya supera las 15 naciones que lo integran. Ellas son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Belice, República Dominicana, Colombia, México, Argentina y Uruguay. Varias otras naciones están en el proceso de adhesión.

 

Imagen, archivo La Semana.

Por Javier Perdomo.

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