La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), difundió en las últimas horas un comunicado en el que reafirma su parecer negativo respecto al avance del proyecto Neptuno, consistente en la construcción de una planta potabilizadora de agua en el Río de la Plata, a la altura de Arazatí, en el departamento de San José, para abastecer parte de la zona metropolitana de Montevideo.
Para la CNDAV el Neptuno es “una falsa solución a los graves problemas de potabilización que tiene el sistema metropolitano de abastecimiento de agua potable de OSE basado en la Planta de Aguas Corrientes, que se abastece del río Santa Lucía” y su habilitación “se basa en una errónea interpretación de la Constitución que realiza la división Jurídica de OSE en la cual se habilita la gestión privada del agua potable y el saneamiento”.
Para la comisión que encabezó el plebiscito de 2004, que estableció constitucionalmente que el saneamiento y el suministro de agua potable debe estar en manos del estado, la carta magna “es clara y no admite interpretaciones: desde el 31 de octubre de 2004 con el triunfo de la Reforma Constitucional del Agua la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento debe ser exclusivamente pública y con participación social. La gestión privada del agua es inconstitucional”.
El documento de la CNDAV, dice además que el Proyecto Neptuno “será financiado con la tarifa que pagan los usuarios del agua potable. Toda la sociedad subsidiará el lucro de un grupo de empresas” y que “la viabilidad del emplazamiento de la planta potabilizadora del Proyecto Neptuno ha sido cuestionada por la academia, ya que la zona –Arazatí-, no garantiza calidad ni condiciones permanentes de potabilización durante todo el año”.
Pero además, dicen la comisión, “todo el proceso de aprobación del Proyecto Neptuno es inconstitucional pues ha estado marcado por el ocultamiento de la información -bajo la premisa del secreto empresarial-, y la ausencia de instancias de participación”, por lo cual “no se ha cumplido ninguna de las instancias de participación previstas en la Constitución y la Ley”, como las comisiones de Cuenca o los Consejos Regionales de Recursos Hídricos. Cree la CNDAV que “no llamar a la participación es inconstitucional”.
Imagen ilustrativa, tomada de la web.
