Como ya es de público conocimiento el pasado jueves el Concejo Municipal decidió en mayoría otorgar “canastas” de alimentos a los más de 300 beneficiarios del programa Oportunidad Laboral y a la plantilla de 41 funcionarios del Municipio de Ciudad del Plata.
Esta erogación tendrá un costo aproximado a los 750 mil pesos, monto por el que habilita el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), para realizar una compra directa.
Junto con el reclamo de los beneficiarios organizados y una vez reunidos ante el Concejo Municipal, una beneficiaria del programa denunció por acoso a un encargado de cuadrilla y otros compañeros salieron de testigos afirmando lo mal entonado de este funcionario para con ellos y le solicitaron a la alcalde Marianita Fonseca que intervenga ante el funcionario a su cargo.
LA PREVIA | El proceso por el que se entregarán las canastas se inicia ante una solicitud por escrito de la concejal suplente Stephanie Espantoso durante la licencia de su titular Richard Mariani, quien volvió a la actividad el pasado jueves.
Espantoso solicitaba al Municipio la entrega de canastas por las tradicionales fiestas a los beneficiarios del programa oportunidad laboral, en vista del contrato firmado ante la Intendencia para cumplir funciones en el área operativa del Municipio.
Esta solicitud se realizaba por la vía de la excepción y tenía un monto original de cinco mil pesos; en la moción de Espantoso, se detallaba la distribución del mismo.
Pasados los días también y acompañado de firmas de los interesados se envió un oficio a la ISJ solicitando también la adjudicación de las respectivas canastas a los beneficiarios. El jueves mientras el ministro Heber realizaba su conferencia de prensa en la comisaría Décima, a pocas cuadras, los trabajadores organizados se reunían con los concejales Denis Hornos y Richard Mariani para realizar el planteo en función de que otras intendencias ya habían resuelto otorgar las canastas a los trabajadores de “Oportunidad Laboral”.
Uno de los argumentos esgrimidos por los representantes locales fue la autonomía departamental que rige constitucionalmente lo que no obliga a todos los gobiernos departamentales a estar en sintonía, a menos que sea mandatado por el Congreso de Intendentes y así y todo se podría ajustar a un no acatamiento.
DENUNCIA | Los trabajadores se reunieron después con el Concejo Municipal, sin estar la visita en el orden del día, pero sí el tratamiento de la nota solicitando las canastas.
Luego de varios minutos con distintas exposiciones, entre los comentarios surge la denuncia de parte de una trabajadora para con uno de los encargados de cuadrilla de acoso físico. “Donde éste de pesado la quiso besar en la boca”, dijo casi sollozando la trabajadora ante todos los presentes.
Martín Maldonado la consulto sobre si había realizado la denuncia policial y ella con mirada de temor y sintiéndose culpable dijo que no, que precisa el trabajo y por eso no la realizó. Los concejales y Marianita Fonseca le estimularon a realizarla y la propia Fonseca se ofreció a llevarla hasta la repartición de “violencia doméstica y familiar”, lugar al que una vez que concluyó la sesión se dirigió la involucrada en este hecho denunciado y catalogado como grave por los gobernantes locales.
La alcalde Marianita Fonseca esperará la denuncia para abrir así el “sumario administrativo” que irá acompañado con la denuncia policial y la declaración de la involucrada a “jurídica de la ISJ”.
Entre idas, vueltas y comentarios que surgieron, un beneficiario solicitó a la Alcalde que intervenga ante el funcionario denunciado, por no ser ésta la primera vez que acomete irrespetuosamente para con el personal.
DECISIÓN | Continuando con el orden en que fueron planteados los temas el Concejo pasó a sesionar se solicitó que nombrasen tres delegados para recibir la resolución de lo solicitado. Con el voto afirmativo de los concejales Hornos, Mariani y Maldonado y la inclusión del personal del municipio, se aprobó el gasto de 750 mil pesos, aproximadamente, para la adquisición de canastas por valor de dos mil pesos cada una.
Si bien no está resuelto el método de compra, por no haber tantos proveedores inscriptos al RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado), se busca la forma desde el punto de vista administrativo para llegar con el beneficio antes de fin de año de ser posible. Quienes no dieron su consentimiento fueron la alcalde Marianita Fonseca y el concejal Samuel Silvera. Este último argumentó que no votó a favor por la falta de tiempo para estudiar el tema.
Por Carlos García.
