El pasado jueves, el gobierno recibió un nuevo espaldarazo legal en su proyecto de construcción del proyecto Neptuno en balneario Arazatí, que implica la construcción de una planta potabilizadora de agua, una tubería de aducción de 80 kilómetros y una reserva de emergencia que abastecerá de agua dulce a la planta cuando se produzcan eventos de salinidad, de forma de potenciar el caudal de agua con el que se abastece el área metropolitana de Montevideo. Tras votación dividida, el Tribunal de Cuentas (TC), no objetó el proyecto y éste continúa adelante.
Como se recordará, la obra fue adjudicada en agosto del presente año al consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Según las estimaciones iniciales, tendrá un costo de aproximadamente 800 millones de dólares. El consorcio financiará menos de un tercio del proyecto (250 millones), y OSE pagará durante 17 años y medio un canon de más de 45 millones de dólares anuales.
LA RESOLUCIÓN | Según lo informado por La Diaria el viernes a la tarde, el Tribunal de Cuentas evaluó en su resolución el gasto derivado de la licitación pública internacional mediante la que se adjudicó el proyecto al consorcio Aguas de Montevideo y resolvió por mayoría (cuatro votos en siete), no formular observaciones a la contratación.
El medio montevideano, explica la procedencia política de los integrantes del Tribunal, Dice que la presidenta Susana Díaz es considerada neutral; Álvaro Ezcurra representa al Partido Colorado y Francisco Gallinal y Darwin Machado al Partido Nacional. Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Flora de Santis, están en representación del Frente Amplio. El voto de cuatro a siete se dio con Díaz votando junto a blancos y colorados por no formular observaciones y los tres frenteamplistas votando en contra.
En su fundamentación, el TC aclara que “no se pronuncia sobre la conveniencia u oportunidad del proyecto sino únicamente sobre su juridicidad”, dice La Diaria. El documento concluye que “la contratación cumplió con los artículos 33 y siguientes del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), con los principios de la contratación administrativa y con los pliegos y condiciones que rigieron el llamado”.
Sin embargo, el punto en discordia entre los ministros del tribunal fue si la adjudicación de la obra a un privado incumple el artículo 47 de la Constitución de la República, que dispone que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Para la mayoría del TC, dice La Diaria, “esta prohibición ‘no impide que OSE pueda contratar obras, servicios y adquirir bienes a terceros necesarios para prestar el servicio público”.
Dice la mayoría del TC que “a través de las referidas contrataciones públicas, los adjudicatarios no interfieren ni gestionan el servicio público, sino que únicamente proporcionan obras, bienes o servicios bajo control y supervisión de OSE, para que ésta pueda prestar el servicio público a su cargo”, por lo cual concluyen que la contratación del consorcio se ajusta a la norma constitucional porque éste no asume la explotación del servicio, sino que se limita a diseñar, construir y mantener una infraestructura.
En cuanto a la operación dicen que “ella se limita al agua bruta, que es aquella no apta para consumo humano” y que “OSE seguirá dirigiendo, organizando y empleando sus recursos en la operación y en los procesos técnicos necesarios para producir agua potable a los efectos de abastecer a los usuarios, bajo su riesgo y responsabilidad”.
OPOSICIÓN | El dictamen también incluye la visión del ministro Miguel Aumento del Frente Amplio (los otros dos representantes coinciden con él), quien opinó que sí se configura una violación del artículo 47 de la Constitución en este proyecto. Dice el Ministro frenteamplista, citando definiciones de la propia Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA), que “el servicio de abastecimiento de agua potable comprende la captación de agua bruta, operación que estará a cargo del consorcio privado”.
A su vez el ministro Enrique Cabrera (FA), dice que tampoco se cumplió con la disposición del artículo 47 que establece que “los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”, quienes “fueron ignorados” y que “los distintos recursos e informes surgidos de las distintas convocatorias no fueron tomados en cuenta”.
Otro cuestionamiento que realiza el ministro Aumento es que se vulneró el artículo 73 del TOCAF, que dispone que “los recursos administrativos tendrán efecto suspensivo, salvo que la Administración actuante por resolución fundada declare que dicha suspensión afecta inaplazables necesidades del servicio o le causa graves perjuicios”. Opina el Ministro que los recursos de revocación y anulación contra resoluciones de OSE vinculadas al proyecto Arazatí presentados por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), y por la Intendencia de Montevideo, “debieron haber tenido un efecto suspensivo sobre las acciones de OSE que el organismo ignoró”.
También opinó Aumento que considera que con la contratación no se respetó el decreto reglamentario 442/002 de la Ley 17.555 sobre iniciativas privadas, que establece que estas podrán presentarse “siempre que la obra o el servicio respectivo no esté, al momento de la presentación, siendo estudiada por los organismos” estatales correspondientes. En el caso de Arazatí, Aumento apunta que “es sabido que la factibilidad de uso del agua del Río de la Plata como fuente de aducción ha sido por demás estudiada por la Administración Pública -por sí o por consultoras contratadas- desde hace largo tiempo, incluso décadas”. Por ello, Aumento concluye que el gasto derivado de la licitación pública “es objetable jurídicamente” y que debió ser observado.
REPERCUSIONES | La decisión del Tribunal de Cuentas no sorprendió al colectivo “Los Tucu-Tucu” de Rafael Perazza, que están ahora enfocados a sumar elementos a la medida de no innovar presentada en un Juzgado Civil en Montevideo y que como la Jueza a cargo se declaró incompetente en el tema, está en manos ahora del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que debe pronunciarse en el próximo tiempo.
Sofía Mansilla, vocera de “Los Tucu-Tucu”, comentó que el tema “quema”, que es un asunto que “nadie quiere tener en sus despachos”. Recordó la integrante del colectivo que defiende la playa natural Arazatí que la medida cautelar presentada “es para que no se avance con la obra, para que se pare la obra”.
Con esta decisión del Tribunal de Cuentas, “lo que ocurre es que se agrega un nuevo hecho a la carpeta, para seguir reuniendo elementos hacia adelante, pensando en terminar presentando el tema a nivel internacional, porque ya que sabemos que la decisión del gobierno es continuar hacia adelante”, dijo Sofía Mansilla.
Añadió que “seguimos esperando que haya un fallo y después se tomará la contramedida que entendamos conveniente en función del fallo, pero para eso se necesita dinero también; de todas formas, nosotros vamos a dar todos los pasos”.
Mansilla es Edila del Frente Amplio y consultada sobre si entiende que en caso que el FA llegue al gobierno el próximo año, se detendrá la obra que ya estará iniciada (los anuncios estiman que será en marzo del año próximo), contó que el colectivo estuvo reunido con Fernando Pereira (Presidente del FA), “y le dijimos que gobierno que esté, nosotros vamos a seguir igual buscando detener la obra y él lo entiende de esa manera. Ojalá que el FA lo pare, aunque nosotros estamos esperando que este gobierno lo pare”.
Comentó la integrante de “Los Tucu-Tucu” que “las organizaciones civiles son autónomas y yo no le puedo decir a mis compañeros que no hagan nada porque ganó el Frente Amplio; no, nosotros vamos a continuar con las medidas contra la planta, porque siempre, por más que perdamos, ganamos”.
En opinión de Mansilla el actual gobierno pagará un costo político importante con esta obra, que “no ha tenido respaldo”. La Edila dijo, “por más que me digas da trabajo, es algo de corto plazo que ves a la larga, estuvieron por un par de años, vendiste un par de chorizos más, pero después no queda nada, bueno sí, sólo queda drogas y prostitución”. Por último expresó su pena, porque la planta estará en “la parte más linda de Arazatí”.
Sofía Mansilla y Carmen Sosa en Arazatí (imagen de archivo).
Por Javier Perdomo.
