Sociedad

Selva Ortiz, Redes-Amigos de la Tierra: El proyecto Neptuno es «un capricho» y una «falsa solución»

4 Mins read

En el Marco del Día Mundial del Agua y como parte de la campaña de oposición a la construcción del proyecto Neptuno, tuvo lugar en Montevideo el 22 de marzo una movilización (de la que participó una delegación de “Los Tucu-Tucu”), realizada por los colectivos sociales que trabajan en defensa de los recursos hídricos. Ese mismo día, se conocía también que Redes-Amigos de la Tierra, interpuso un recurso ante OSE que a su entender tiene carácter suspensivo de la licitación en curso. De no lograrse ese objetivo por la vía administrativa, la organización ambientalista y co-redactora de la reforma constitucional de 2004, tiene pensado recurrir ante la Justicia.

La socióloga María Selva Ortíz es una de las principales referentes de Redes, quien en diálogo con La Semana comentó que entendieron que debían interponer un recurso a la resolución de OSE que llama a licitación internacional para la construcción del proyecto Neptuno en la zona de Arazatí. “Entendemos que es recurso suspensivo porque así lo establece el texto ordenado del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera): los recursos administrativos en materia de contratación administrativa, obligan a la administración a suspender el proceso hasta la tramitación de los mismos”, dijo la Socióloga.

Según Selva Ortíz, tiene que haber una suspensión mientras se tramitan los procesos, porque se están violando “normas constitucionales”, varias leyes y se está usando de forma incorrecta la ley 17555 (de inversiones).

El pasado sábado, El Observador informó que no están dadas las condiciones para que el Directorio de OSE suspenda la licitación (el único que votaría a favor sería el director del FA Edgardo Ortuño). Ortíz, dijo que esa “es una posibilidad, pero nosotros entendemos que es muy firme el recurso, que es muy clara la ley, que hay suspensión y que nosotros tenemos legitimidad activa para presentarnos ya que somos una de las organizaciones que impulsamos la reforma constitucional de 2004 y venimos participando en todas las instancias establecidas por la normativa que fue regulando el artículo 47 de la Constitución”, dijo. El artículo 47 es el que estableció la imposibilidad de que los privados participen en el suministro de agua potable y saneamiento a la población.

Para la integrante de Redes-Amigos de la Tierra, el Proyecto Neptuno “es una falsa solución al problema de la falta de agua que estamos sufriendo; una problemática que es real, sobre la cual se deben tomar medidas urgentes pensando en el cuidado de la cuenca del Santa Lucía”, que tiene un “altísimo el stress hídrico” y que seguirá teniéndolo porque “cada vez van a ser más frecuentes los eventos extremos, producto del cambio climático”.

“Tenemos que tomar medidas ya, medidas que venimos proponiendo y discutiendo en la comisión de cuenca del río Santa Lucía, que no se están tomando y que por eso hoy estamos en esta situación. Una de las 10 medidas que desde 2013 estaba sobre la mesa, era la represa de Casupá que este gobierno dejó de lado. Ese fue un grave error, si se hubiese avanzado con ella ya estaría pronta y no tendríamos la problemática que tenemos ahora. Casupá ya tendría que estar operando, es una reserva del 70% de la demanda del agua potable del área metropolitana y hubiera asegurado el caudal ecológico del río Santa Lucía. No sólo es una reserva, es una herramienta para asegurar el caudal ecológico del río”, dijo María Selva Ortíz.

 

INTERPRETACIONES | La integrante de Redes-Amigos de la Tierra, entiende que la ley 17555, que es utilizada por el gobierno como argumento para justificar la pertinencia del proyecto Neptuno y la participación de privados en él, “es inaplicable porque es una ley para iniciativas privadas de 2002, cuando después en 2004 hubo una reforma constitucional que dice que privados no pueden prestar servicio de agua y saneamiento. Ese fue el objetivo primario de quienes redactamos e impulsamos esa iniciativa popular”. Ortíz se preguntó cómo una ley del año 2002, puede tener más validez que una disposición constitucional vigente desde 2004.

“Era muy claro: cuando nosotros discutíamos qué era lo que no queríamos que pasara, bueno, era esto de Arazatí. Eso fue lo que le explicamos a la población para que nos apoyara, que no queríamos que el agua fuera una mercancía y no queríamos que privados metieran mano en algo tan estratégico como el agua”, comentó.

Ortíz dijo luego que como colectivo ambientalista, siguen analizando cuáles acciones a nivel judicial hay que seguir, en caso en que falle la vía administrativa, para que ésta “imponga una medida cautelar de no innovación hasta que no se estudie más en profundidad este tema”.

Insistió María Selva Ortíz en que entienden que “la ley 17555 no se aplica porque dice la Constitución que los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Acá es un privado que construye, que es dueño de la planta, que hace todo el mantenimiento y parte del proceso”.

“Cuando los constitucionalistas hablaban de servicio público, hablaban de todo el proceso, que implica la potabilización del agua. No solamente quien le entrega el agua a la población y quien cobra la factura, por eso entendemos que han aplicado de forma incorrecta la ley y eso es lo que debe contestarnos OSE a nosotros por vía administrativa y si no tendrá que ser un Juez el que lo defina”, explicó Ortíz.

 

UN CAPRICHO | Para la integrante de Redes, todo el proyecto Neptuno es “muy poco serio, no ha tenido planificación, es un capricho de alguien adentro de OSE. Descartaron un proyecto que ya estaba armado, que tenía financiamiento, que tenía estudio de impacto ambiental, que ya se habían comenzado las expropiaciones por esta grandilocuencia del proyecto Arazatí, que es espejito de colores con lo cual nos vamos a embargar todos los uruguayos y no va a dar ninguna solución a los problemas que estamos teniendo”.

La integrante de Redes entiende que no es seguro que el gobierno pueda comenzar con la construcción antes que finalice 2023, ya que más allá de si se les da andamiaje a los recursos interpuestos, hay etapas fundamentales que faltan, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental. Concluyó Ortíz en que es la aspiración de los colectivos que defienden el agua en manos del Estado, es que el proyecto del gobierno se detenga porque, dijo, “es una falsa solución al problema. Es un error ambiental, económico y social para el país”.

Imagen tomada de la web.

Por Javier Perdomo.

Related posts
Sociedad

Así lucirá la piscina de la Plaza de Deportes, cerrada y climatizada

1 Mins read
A media tarde de este lunes, La Semana tomó contacto con el llamado a licitación para el cerramiento y climatización de la…
Sociedad

Escultura colocada en la plaza de los 33, a la espera de locación definitiva

1 Mins read
Si bien no estuvo en la sesión del Concejo Municipal del pasado jueves 23, el de la escultura que se encuentra en…
Sociedad

Al cierre de marzo, el desempleo en San José había llegado al 9.5%

1 Mins read
Continúa el crecimiento del desempleo en San José, según los datos cerrados a marzo, que fueran difundidos en la pasada semana por…
Periódico La Semana presenta su 2 x 1
Promoción limitada $ 295/mes

Suscribite a la experiencia digital completa del PERIÓDICO LA SEMANA , acceso sin límites a todos nuestros contenidos. Con tu suscripción DIGITAL te enviamos la Edición Impresa GRATIS !!! Nuestros suscriptores de la Edición Impresa tendrán Acceso GRATUITO E ILIMITADO a todos los artículos digitales !!!