El pasado martes 15 de noviembre a última hora de la tarde -como para salir en los informativos centrales de la televisión-, el presidente de la República Luis Lacalle Pou convocó a conferencia de prensa para anunciar la aprobación del plan para construir el proyecto Neptuno en la zona de Arazatí. El primer mandatario, comenzó diciendo que la que se realizará en el departamento de San José, será la mayor inversión en materia de potabilización y saneamiento en el país de los últimos 150 años.
La presentación del proyecto la hizo el Presidente junto al ministro de Ambiente Adrián Peña, el presidente de OSE Raúl Montero y la vicepresidenta Susana Montaner, quienes habían dado el visto bueno al plan en una sesión del Directorio del ente realizada al mediodía de ese miércoles y cuestionada por el representante de la oposición Edgardo Ortuño, por haberse realizado a las apuradas y sin poder él, hacer las consultas pertinentes, ya que el proyecto aprobado no era el mismo que se manejaba hasta el momento.
El Presidente de la República dijo en la conferencia de prensa que “después de una larga peripecia que termina hoy, una etapa importante en el Directorio de OSE, se ha aprobado el proyecto Arazatí”. Posteriormente explicó que la inversión que se va a realizar en el departamento va a superar los 200 millones de dólares y que podría llegar a casi 500 millones de dólares si se avanza en un proyecto paralelo de saneamiento presentado por las mismas empresas que conforman el conglomerado que propuso el anunciado Neptuno.
Dijo el Presidente de la República que “será una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía o de fallas técnicas”, a lo que se sumaría “la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país, que va a alcanzar seguramente el número de 60”.
A su vez el ministro de Ambiente Adrián Peña, profundizó en el anuncio diciendo que a la brevedad se abrirá el llamado a licitación para la potabilización y el bombeo desde la zona de Arazatí hacia Montevideo. Al referirse a la financiación, dijo el ministro Peña que un privado será el que diseñe, financie, construya y mantenga la infraestructura, que queda al servicio de OSE, por lo que “hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada; es decir, la gente no pagará nada”.
El Ministro dijo luego que si bien el proyecto Neptuno es una iniciativa privada que implicará una ventaja para el grupo de empresas que lo presentó, al ir a competencia pública, el costo final de la mega obra, surgirá de la “competencia pública y la posterior adjudicación”.
El Presidente dijo además que, tras un estudio exhaustivo, técnico y político, el gobierno entiende que el proyecto está amparado en el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República y destacó que la iniciativa acompaña el plan de obras públicas del Gobierno, que incluye una inversión de 900 millones de dólares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
REACCIONES | Mediante la red social Twitter, el director por el FA en OSE, Edgardo Ortuño, dio cuenta de su rechazo a esta nueva versión del proyecto gubernamental, al que se ha opuesto desde el principio. El “gobierno aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación, con 24 horas para su estudio, sin informes de técnicos de OSE. La Planta de Arazatí será más chica de lo previsto y la tubería de menor calidad”, escribió Ortuño, que luego agregó que “se harán menos obras con gestión privada, 300 millones de dólares más cara que la gestión pública. OSE operará y pagará 40 millones de dólares por año al consorcio propietario de la planta por la disponibilidad de la infraestructura”.
“Mal negocio, contrario al Plebiscito del Agua de 2004”, dijo respondiendo a lo mencionado por el Presidente respecto a que el proyecto no afecta la reforma constitucional de 2004.
Dijo luego Edgardo Ortuño que la obra que se piensa construir en San José no solucionará el problema de salinidad y tampoco garantiza el abastecimiento de agua potable en veranos secos ni el déficit de agua proyectado al año 2045.
Ortuño informó de la situación a la Mesa Nacional del Frente Amplio que respaldó lo por él actuado y en una conferencia de prensa realizada el jueves 17, la coalición de izquierda anunció que recurrirá la decisión del gobierno, interponiendo un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Según lo declarado por Edgardo Ortuño en esa conferencia de prensa, con el recurso que él interpondrá le está dando al gobierno “la oportunidad, autocríticamente, de detener este proceso y abrir las instancias de diálogo que son necesarias para poder solucionar entre todos el problema de abastecimiento de agua potable a más de la mitad de la población”.
QUIERE SABER | A nivel departamental, la primera reacción fue de la intendente de San José Ana María Bentaberri, quien si bien dijo que confía en lo dicho por el Presidente de la República, quiere saber más. En una rueda de prensa realizada durante la escrituración de viviendas de MEVIR en Estación González, Bentaberri al ser consultada por el proyecto informó que envió oficios a OSE y al Ministerio de Ambiente pidiéndoles conocer el proyecto, ya que consideró que al estar aprobado por parte del Directorio del ente es el momento de que se lo hagan llegar a la Intendencia “para poder empaparnos más en el tema”.
Bentaberri dijo que la comuna quiere tener el proyecto “para poder evaluarlo porque hay temas vinculados al ordenamiento territorial que tenemos que conocer más en detalle para dar una opinión”. De todas formas, dijo que según lo que ha declarado el Presidente de la República, se trata de “un proyecto serio”.
EN PROCESO | La Semana se contactó con el abogado Juan Ceretta, de la Universidad de la República, quien tiempo atrás estuvo en Arazatí y había declarado a este medio que iba a esperar a que se conociera el proyecto para definir las acciones a seguir de ahora en más. El viernes dijo que si, ahora que está en conocimiento de un proyecto concreto, se encuentra definiendo las acciones y las dará a conocer en el correr de la presente semana.
Tras su visita a la zona, el titular del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), había dicho que su intención era “iniciar una batería de acciones legales con el objetivo de detener el avance de la mega obra”. Habrá que esperar a ver cómo avanzan esas acciones y cuánto se puede detener el cuestionado proyecto.
Por supuesto que tanto el movimiento social como el gremio de trabajadores de OSE (FFOSE), tienen mucho para decir sobre la decisión del gobierno y ello estará reflejado en la nota de las siguientes páginas.
Por Javier Perdomo.
*Imagen tomada de Presidencia.
