Mientras el gobierno que entra en funciones el 1º de marzo próximo estudia cómo afronta el compromiso que le dejó la administración saliente al firmar el contrato para la construcción del proyecto Neptuno, los movimientos sociales están expectantes por el levantamiento de la Feria Judicial Mayor, que implicará retomar el juicio del que se retiró al juez Recarey, a la vez que preparan una movilización en el marco del Día Mundial del Agua.
Durante toda la semana que pasó fueron muchas las voces que desde el Frente Amplio expresaron su malestar por la firma del contrato entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo. La propia fuerza política emitió un comunicado en el que explicita las razones por las que entiende inconveniente el proyecto y al cierre establece que el FA “ha manifestado en reiteradas oportunidades su oposición al proyecto y la consideración de que la firma del contrato es absolutamente inconveniente. Por esto, una vez más rechazamos de manera enfática la firma, que innova en una materia muy sensible por parte de un gobierno que ya está de salida”.
REUNIDOS | Precisamente en el marco de la transición se encontraron el ministro saliente Robert Bouvier y el ministro designado Edgardo Ortuño en una primera reunión, realizada a escasos días de la firma del contrato. Ortuño y su equipo (todo/as universitario/as con maestrías y postgrados en distintas áreas), les habían hecho llegar previamente 100 preguntas a los jerarcas salientes. En lo previo, recibieron las respuestas por escrito y en el encuentro dialogaron sobre los temas planteados.
En diálogo con la prensa, el tema del contrato del Neptuno estuvo presente y allí Ortuño -ex Director de OSE representando a la oposición, que votó en contra del proyecto-, reconoció que “ha sido en esta transición un tema de diferencia, es un legado pesado para el próximo gobierno, pero lo seguiremos tramitando en el ámbito en el que está, que es la transición entre los dos presidentes”. El futuro jerarca mencionó que junto a su equipo está elaborando un informe que le será presentado al Presidente electo, quien será en definitiva el que decidirá.
Ante la insistencia de los periodistas, Ortuño dijo que “no corresponde hacer declaraciones contundentes hasta no estudiar el texto y los acuerdos finalmente aprobados y firmados por el gobierno con el consorcio”. Ortuño comentó luego que hay que “hacer las evaluaciones técnicas”, ya que además de los aspectos difundidos públicamente, están también “los temas económico-financieros y jurídicos”.
Ortuño no descartó que se llegue a la rescisión del contrato. “El contrato se firmó con las características del proyecto original. No se incorporaron cambios, a pesar de que se ofrecieron y plantearon. El gobierno mantuvo la posición en la que venía. Lo que se hizo fue firmar una declaración de intención de analizar a futuro, posibles modificaciones, que es una declaración a la que le damos valor político, pero es bueno tener claro que no tiene valor jurídico. Lo que pesa es lo que se firmó en el contrato y lo que se firmó en el contrato tiene las mismas características técnicas que se vienen discutiendo hace tiempo y que nosotros hemos criticado”, acotó.
También el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira entiende que no se debería avanzar. Una voz diferente fue la del futuro prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz, quien dijo que la rescisión del contrato no es la primera alternativa que maneja el nuevo gobierno, pero eludió hacer más comentarios sobre los futuros pasos, más allá de rechazar su firma.
EN LA JUSTICIA | A nivel de los movimientos que se oponen al Neptuno, el malestar con la decisión del gobierno saliente se ha expresado en redes sociales, en estados de WhatsApp, en mensajes de diversa índole. Pero también siguen movilizados.
Con el levantamiento de la Feria Judicial Mayor -el 1º de febrero-, se estaría llamando a audiencia en el octavo turno en lo civil en Montevideo por la acción de amparo que Los Tucu-Tucu habían presentado contra la firma del contrato y que el juez Alejandro Recarey aprobó (lo que impidió por varios meses que el gobierno pudiera avanzar con el Neptuno), pero que luego un Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto y separó a Recarey del caso, ordenando que las actuaciones pasaran al octavo turno.
Es ahora que comienza a actuar el magistrado de ese turno. Como el contrato ya fue firmado, estudiaba estos días el abogado Juan Ceretta en base a qué opciones avanzar con el amparo. La acción de amparo inicial impedía que se avanzara con la firma del contrato mientras en otro juzgado no terminara la causa contra el proyecto que ya está presentada por Ceretta en nombre de Los Tucu-Tucu.
Vale mencionar que en el mes de marzo, también habrá audiencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), por el juicio que en ese organismo de contralor presentó el colectivo REDES-Amigos de la Tierra.
MOVILIZACIÓN | Mientras eso ocurre en el ámbito legal, los colectivos contra el Neptuno preparan para el viernes 21 de marzo una movilización en Montevideo, en el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora el sábado 22. La concentración será a partir de las 17 y 30 en la Plaza Libertad de Montevideo, desde donde se marchará por 18 de Julio hasta la Explanada de la Universidad, donde habrá oratoria relativa al día celebrado y al Neptuno.
La movilización pretende ser un elemento de presión para el nuevo gobierno, buscando que avance en el sentido de lo anunciado por la mayoría de los dirigentes hasta ahora.
Por Javier Perdomo.