Profundo malestar generó entre los colectivos que se oponen a la construcción del proyecto Neptuno, la decisión adoptada el pasado miércoles 20 de noviembre por el Tribunal de Apelaciones de 4to. Turno que dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Recarey que impedía avanzar en la firma del contrato para comenzar a construir la planta potabilizadora.
La decisión del mencionado tribunal incluye anular todas las actuaciones realizadas por el juez Recarey y derivar el caso a un Juez Subrogante. La decisión judicial posibilita a OSE y al Consorcio Aguas de Montevideo avanzar en la firma del contrato, pero el presidente de OSE Raúl Montero había dicho el pasado jueves 21 que prefería esperar al resultado de la segunda vuelta y firmar el contrato al comienzo del próximo período, algo que queda en duda luego del resultado electoral.
La resolución judicial tomada el miércoles, que no puede ser apelada, se conoció un día después que los movimientos en contra del proyecto realizaran una movilización en Montevideo, frente a la Presidencia de la República y durante un acto oficial del Ministerio de Ambiente en el cual se conmemoraban los 30 años de la actual Ley de Impacto Ambiental.
DECLARACIONES | María Selva Ortíz, integrante de REDES-Amigos de la Tierra, uno de los colectivos que integra la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), que junto a “Los Tucu-Tucu” interpuso el juicio en contra del proyecto, dijo a La Semana que “por el momento hay que esperar, el nuevo Juez va a estudiar el caso, va a tener que escuchar a la empresa, algo que para nosotros es lo más ilegal de todo esto, porque nosotros afirmamos en todo momento que la empresa no puede ser parte del juicio porque la empresa es de por sí inconstitucional”.
“Lo más triste es que es el propio Ministerio de Ambiente el que defiende a la empresa”, dijo la integrante de REDES. “Acá la indefensión la tiene el pueblo uruguayo frente a la empresa y a un Ministerio de Ambiente cómplice, que presiona a la Justicia y la hace revocar esta medida cautelar”, agregó.
María Selva Ortíz reconoció que tras la decisión del Tribunal de Apelaciones el gobierno y la empresa “están en condiciones de firmar el contrato”, mientras el nuevo Juez “va a tener que escuchar a todas las partes y volver a actuar”. Mencionó la dirigente ambientalista que “el Juez nuevo puede poner una cautelar también, el tema es que pasan los tiempos”.
“Una cosa que me parece importante es que cayeron todas las actuaciones, es decir que también cae la audiencia (21 de junio), que fue la única ocasión en que se escuchó a la academia; vuelve la Justicia a determinar que la academia no puede dar su opinión”, dijo María Selva Ortíz, que luego comentó que la sociedad, el pueblo de San José, la gente de la zona, las organizaciones sociales, “están en indefensión en beneficio de estos privados que todos sabemos a qué vienen”.
Respecto a si esperaba que el resultado electoral del domingo pasado pudiera alterar los planes del actual gobierno, Ortíz dijo que es sabido el “capricho que tiene el actual gobierno con este proyecto”, pero “esperamos que el resultado electoral pueda hacer cambiar, porque el proyecto es tan malo que hay manifestaciones claras del FA que lo que va a ir para adelante es Casupá”.
CONTINUARÁ | Quien también se pronunció ante la decisión judicial fue el abogado Juan Ceretta, de la Clínica de Litigio de la Facultad de Derecho de la UDELAR, quien en declaraciones a La Diaria lamentó la decisión de la Justicia por considerar que la suspensión de la firma “significaba una garantía para la comunidad”, pero aclaró que la defensa de los demandantes continuará “con todas las acciones” a su alcance.
Ceretta explicó que el fallo no es apelable y que la disposición de la Justicia no implica el fin del proceso sobre las medidas cautelares, sino que la causa vuelve al estado anterior a las instancias anuladas, por lo que no es necesario volver a presentar la solicitud de suspender la firma del contrato.
Como ya fue dicho, el fallo del tribunal habilita a las partes a concretar la firma del contrato, por lo que es posible que OSE y Aguas de Montevideo lo firmen antes que el juez subrogante convoque a Aguas de Montevideo para retomar la causa con su participación. Una vez que se firme el contrato, la causa sobre la pertinencia de suspender la firma pierde sentido, pero podría modificarse el objeto de la petición de los denunciantes, que podrían plantear la suspensión de una acción posterior, como, por ejemplo, el inicio de las obras. De ser considerada y aceptada la modificación del objeto, la decisión de no innovar chocaría con los términos del contrato, lo que obligaría al Estado a pagar los costos de su incumplimiento.
Igualmente, más allá de la medida cautelar de no innovar, el litigio continuará sobre el fondo del asunto, que es la acción de requerimiento presentada por los colectivos con el patrocinio de Ceretta, que es que quede sin efecto el proyecto Neptuno por considerar que atenta contra las disposiciones constitucionales que otorgan al Estado la administración del servicio de agua potable.
ESPERAR | Por su parte el presidente de OSE Raúl Montero había sido consultado por medios nacionales sobre la decisión del Tribunal de Apelaciones y había dicho que luego de la decisión judicial correspondía actuar “con mucha cautela” y que el ente no tenía por qué apresurarse luego de “perder tanto tiempo. No estaría mal hacer un compás de espera y esperar”, diciendo que le parece “lógico” que la firma del contrato del proyecto se concretara en el próximo período de gobierno.
El resultado del ballotage abre un compás de espera, ya que el gobierno electo no tiene entre sus prioridades este proyecto en San José y si apunta a realizar la represa de Casupá, en el departamento de Florida.
Imagen de archivo.
Por Javier Perdomo.
