La Suprema Corte de Justicia (SCJ), rechazó la recusación formulada por OSE contra el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno, que debe dirimir sobre la apelación presentada por el ente luego que el juez Alejandro Recarey aplicara la medida de no innovar respecto al proyecto Neptuno. A partir del dictamen conocido el martes, el cuestionado Tribunal de Apelaciones que está integrado por los jueces Guzmán López Montemurro y Álvaro Franca y la jueza Mónica Besio, podrá ahora continuar el análisis de la apelación y fallar respecto a si levanta o no la medida definida por Recarey. La decisión fue bien recibida por los colectivos que se oponen al proyecto Neptuno, que ahora unidos preparan una movilización hacia Montevideo antes del ballotage.
La sentencia que dio a conocer el abogado Juan Ceretta y difundieron “Los Tucu-Tucu”, establece que “la Suprema Corte de Justicia, con el concurso de voluntades legalmente requerido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 inciso 2 de la LOT, rechazará en todos sus términos la demanda recusatoria promovida por OSE contra el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno”, por entender que “el Tribunal juzgó y no prejuzgó” cuando OSE apeló la participación de Recarey en este juicio.
Según publicó en sus redes Juan Ceretta, “en definitiva, los planteos esgrimidos por OSE son de total rechazo” y “atento a la falta de claridad y ponderación en la recusación promovida, corresponde la condena en costas”. Esto quiere decir que OSE debe pagar los gastos administrativos devenidos de la apelación ante la SCJ.
SATISFACCIÓN | María Selva Ortíz, integrante de REDES-Amigos de la Tierra, dialogó con La Semana sobre lo que para los movimientos ambientalistas significó la decisión judicial. “La resolución de la SCJ confirma algo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo del proyecto Neptuno, que es la desprolijidad jurídica de OSE en cuanto al manejo de los tiempos y de los recursos, al ignorar todas las acciones normativas y administrativas que tenían que respetar con un proyecto de esta índole. El tirón de orejas se lo dio la SCJ”, dijo Ortíz.
La dirigente ambientalista explicó todo el proceso seguido para llegar a la decisión referida. “Primero OSE y el Ministerio de Salud Pública (MSP), habían apelado al juez Recarey, diciendo que no podía dictar esa medida; sobre eso el Tribunal de Apelaciones ya se había expedido diciendo que no tenían fundamento, que el Juez estaba habilitado y después OSE pone otro recurso para cuestionar la medida cautelar, pero además dice que el tribunal de 4º Turno había prejuzgado por lo tanto no quería que fuera ese tribunal fuera el que dirimiera eso”, comenzó narrando Ortíz.
“Ese tribunal dijo yo no prejuzgué, entiendo que no hay fundamentos en lo que plantea OSE por lo tanto lo elevo a mi superior, en este caso la SCJ y ella se expide afirmando que OSE no respetó el Código General del Proceso (CGP), y hace una apelación sin fundamentos y eso en la Justicia no corresponde, por eso además de decirle que no tiene razón lo condenan a pagar los gastos administrativos”, añadió la referente ambientalista.
“Ahora el tema vuelve al tribunal para que sea él el que analice los cuestionamientos que hace OSE sobre la medida cautelar”, dijo Ortiz que según lo manejado por el abogado Ceretta tiene 15 días “para decir si se mantiene o no la medida cautelar mientras el juicio de fondo continúa su proceso”.
EN COMUNIÓN | Luego Ortiz se refirió a la reunión abierta que realizaran el lunes 21 de octubre en la sede de San Rafael el grupo de productores y vecinos de la zona junto a las organizaciones que integran en Nodo Acá el Neptuno No (Los Tucu-Tucu, REDES, otros grupos ambientalistas y docentes universitarios independientes). Comentó que en esa instancia participaron académicos y técnicos cercanos a ambas organizaciones analizando los impactos del proyecto.
“La reunión fue abierta y se hizo en el mismo lugar donde había sido la audiencia pública. Estamos articulando próximas acciones y movilizaciones en conjunto con los productores, dado que entendemos que es urgente poner este tema en la agenda, es urgente que no se firme el contrato y seguir explicándole a la población cuáles son los riesgos de esta planta potabilizadora”, dijo María Selva Ortíz.
Vale recordar que hasta ahora los dos grupos estaban trabajando por separado ya que los vecinos y productores solo hablaban de eliminar el pólder, pero según fuentes de La Semana que participaron de esa instancia, ya no habría distancia entre los objetivos de ambas organizaciones por lo cual están iniciando un trabajo conjunto.
“Estamos pensando en una movilización en Montevideo el 14 de noviembre”, comentó Ortiz, aunque no la dio totalmente confirmada porque podría haber algún cambio. Sí aclaró que será antes del ballotage. “Esta movilización surgió de esa reunión realizada en Rafael Perazza, fueron los propios productores los que dijeron hay que ir a explicarle a los montevideanos, que son los que van a tomar esta agua, qué implica este proyecto”, dijo la integrante de REDES.
PLEBISCITO | El 31 de octubre se cumplieron 20 años del plebiscito sobre el agua en 2004, cuando el 64.7% de la población definió que el agua no fuera una mercancía y que toda su gestión debe estar en manos del Estado. María Selva Ortíz era parte del movimiento social que se generó en aquella instancia y participó de la elaboración del texto que fue plebiscitado. En la noche del jueves 31 hubo un festejo en Montevideo recordando aquella ocasión.
Al hacer mención al aniversario, Ortíz dijo que “luego de las elecciones, cuando uno mira retrospectivamente esa iniciativa popular impulsada originariamente por movimientos sociales, que después fue apoyada por el movimiento sindical y por partidos o sectores políticos, se valora más”.
“Viendo ese 64% de apoyo que tuvo, se dimensiona el triunfo popular que se logró, el respaldo que tuvo por parte del pueblo uruguayo al declarar al agua como un derecho humano, que no es una mercancía, sino que en su gestión se debe priorizar lo social sobre lo económico”, menciona Ortíz, que agregó que “nos levanta para seguir luchando justamente contra un proyecto que viola esa disposición de la Constitución por lo tanto lo que nos hace, es renovar energías y fuerzas”.
Respecto al Neptuno, expresó por último Ortíz su preocupación “porque OSE continúa con las expropiaciones, en el resto del Estado no hay dinero para expropiaciones, sin embargo sí hay dinero para estas expropiaciones. OSE no tiene presupuesto, se le acabó el dinero, sin embargo para esto está destinando plata que es de todas y todos los uruguayos y que tiene que usarlo para asegurar un derecho humano fundamental como es el abastecimiento de agua en todo el país, que está en muchos lugares en crisis por su mala gestión, mientras con esto lo que está haciendo es hacerle un favor a los privados”.
Imagen de archivo, María Selva Ortíz exhibiendo el Sï de 2004 sobre el agua, durante la audiencia pública del proyecto Neptuno.
Por Javier Perdomo.
