Sociedad

Malestar por un confuso incidente ocurrido en inmediaciones de la escuela 77 de Kiyú

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Los padres de tres adolescentes residentes en el balneario Kiyú presentaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), una denuncia referida a un incidente que vivieron sus hijos con integrantes de la comisión de apoyo de la escuela 77 en las inmediaciones del centro educativo.

Inicialmente, la denuncia fue derivada al organismo estatal independiente por uno de los padres, mediante la línea de Whatsapp el pasado lunes 8 de julio y era enviada con la firma de representantes de las tres familias afectadas, al cierre de la presente edición. La denuncia inicial, es por “sucesos de violación de protocolo, expresiones de odio y discriminación y por nuestra interpretación, persecución parapolicial por acciones de civiles relacionados a la institución” educativa del balneario.

“Por estos motivos -agrega la denuncia a la que tuvo acceso este medio-, solicitamos que este instituto evalúe posibles violaciones a los derechos humanos, interpretando la gravedad del asunto, esperando pronta respuesta y quedando a su disposición”.

 

DETALLES | Los hechos denunciados fueron explicados por uno de los padres de los jóvenes -dos varones y una chica-, que se mostró muy preocupado por lo ocurrido hace poco más de una semana. Comentó que días antes del suceso que denunció al INDDHH, la escuela 77 había sufrido daños a causa de un hurto y ello puso en alerta a vecinos que tienen un grupo de Whatsapp por la seguridad en el balneario.

Lo ocurrido a este grupo de tres adolescentes tuvo lugar días después del incidente mencionado. Estos jóvenes, tienen por costumbre salir a cazar con un galgo pero sin armas y así lo hicieron el primer fin de semana de julio. En el desarrollo de la salida nocturna, se acercaron a la escuela con el objetivo de poder tomar conexión de wi-fi, pero cuando estaban allí con ese fin, percibieron que había gente en la escuela y pronto se vieron perseguidos por personas, presuntamente armadas, que llegaron de inmediato hasta el local escolar.

Vale mencionar que la Policía también intervino en los hechos, pero según lo explicado por los denunciantes, nada tienen para decir de la actuación de los efectivos ya que tuvieron buen trato con los jóvenes; revisaron a los dos varones -no así a la chica-, y tan solo les advirtieron de la situación que se había suscitado días antes en la escuela y les pidieron de buenas formas que se retiraran de la cercanía de la escuela, algo a lo que los tres jóvenes accedieron de inmediato y obviamente, se dirigieron a informar a sus familiares de la situación por la que atravesaron y que motivó la denuncia mencionada.

A partir de lo ocurrido esa noche fue que uno de los padres involucrados realizó la denuncia al comienzo de la pasada semana, pero con el paso de los días se le sumaron las familias de los otros jóvenes, ya que por distintas redes sociales entienden que se ha cuestionado en términos que no corresponde a sus hijos, que son tres adolescentes comunes y corrientes que no le causan problemas a nadie.

Pero la situación les preocupa aún más pensando en lo que pueda pasarle a futuro a sus hijos o a otras personas inocentes a las que se les ocurra andar por la noche en la zona de la escuela 77. Entienden los vecinos la preocupación de los vecinos por la seguridad pública y por el mantenimiento de la escuela, pero no comparten la actitud de tomar la justicia por mano propia.

 

QUÉ ES | La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), es una institución estatal independiente que fue creada para controlar a todos los poderes y organismos del Estado. Su función es defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas en su relación con el Estado.

Estos derechos están reconocidos en la Constitución Nacional y en las normas y tratados internacionales suscriptos por el Uruguay. Es un órgano de contralor, estatal, autónomo e independiente, destinado a otorgar mayores garantías a la población en el goce efectivo de sus derechos y a ayudar a los organismos públicos a respetar los derechos de todas las personas.

La ley 18.446 que la creó, establece que para cumplir con su mandato tiene, entre otras, las siguientes facultades: efectuar visitas de inspección, con o sin previo aviso, a cualquier lugar o sector de actividad de organismos y entidades objeto de su competencia; pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documentos; presentar denuncias penales e interponer recursos de hábeas corpus o amparo e ingresar, con o sin previo aviso, a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.

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