En su sesión del lunes 29 de junio, la Junta Departamental de San José autorizó por unanimidad tres nuevos proyectos forestales de la empresa Eufores S.A. (Grupo Montes del Plata), en padrones rurales ubicados al norte del departamento.
Estos proyectos se suman a otros tres que ya fueron promulgados por el Ejecutivo Departamental mediante los decretos 3176 del 28 de diciembre de 2018, 3192 del 12 de junio de 2020 y 3194 del 25 de junio de este año.
La Comisión de Desarrollo, Descentralización y Agro, asesora del legislativo departamental tiene asimismo otros dos proyectos a estudio que serían aprobados en los próximos días para totalizar unas 1500 hectáreas de forestación con destino a la planta de celulosa instalada en Punta de Pereira (Conchillas), en el departamento de Colonia.
EXCEPCIÓN | San José cuenta con escasos padrones declarados de prioridad forestal por las normativas del Ordenamiento Territorial ya que en su mayoría los suelos son fértiles para diversas producciones agrícolas y ganaderas.
El Decreto 3091 del 27 de febrero de 2013 es el que estableció las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y en su artículo 49 referido al uso forestal en suelo rural establece que “la afectación de suelos a la actividad forestal, podrá abarcar una superficie que no supere el 8% del área total de cada padrón”.
La Junta Departamental, por mayoría absoluta de votos del total de componentes y a iniciativa del Intendente, podrá autorizar porcentajes mayores en atención a circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas en proyectos productivos avalados técnicamente. La limitación dispuesta en el inciso primero, no alcanza a los padrones rurales que con anterioridad a la vigencia del Decreto Departamental 3074, de fecha 30 de enero de 2012, hayan sido declarados de Prioridad Forestal en el marco de la aplicación de la ley 15.939 del 28 de diciembre de 1987 y sus modificativas.
Los proyectos que hasta el momento han sido autorizados dentro de la excepción establecida por el Decreto 3091 afectan 13 padrones rurales ubicados en la tercera y cuarta secciones catastrales, al norte del departamento en lo que podría marcarse como una imaginaria línea recta entre Mal Abrigo y Chamizo, desde la Ruta 23 hasta el final de la Ruta 45. Estos predios, afectados fundamentalmente a la ganadería, totalizan unas 9000 hectáreas, de las cuales 1500 serán forestadas, alcanzando en conjunto el 16.7% del área total.
SUELOS | La Semana consultó al Edil Pablo García, integrante de la Comisión de Descentralización, Desarrollo y Agro de la Junta Departamental encargada de la consideración de las solicitudes llegadas desde el Ejecutivo, quien dijo que todas las solicitudes fueron presentadas por la misma empresa porque “su planta es la que está más cerca al departamento” y agregó que quedan aún “dos solicitudes pendientes”.
García explicó que se trata de la “asociación de la empresa con productores locales que arriendan su propiedad”. Agregó que en esta legislatura la Comisión resolvió “recorrer los predios de todos los proyectos que lleguen a la Junta” a efectos de verificar que se trata de suelos pobres o empobrecidos para su uso agrícola.
La autorización del Gobierno Departamental es uno de los requisitos que exige la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), a las empresas para aprobar los proyectos forestales y evaluar sus estudios de impacto ambiental, según explicó Pablo García quien además dijo que las normativas en este sentido varían según el departamento de que se trate. “Para departamentos del norte del país hay mayor flexibilidad, porque la forestación es una actividad que está integrada, en el sur ya las restricciones son mayores”, dijo.
INDUSTRIA | El Edil comentó que “si bien las características de los suelos son importantes, hay otros aspectos que también deben considerarse”. Concretamente sobre los proyectos que se han considerado agregó que “son terrenos pedregosos, con un suelo muy superficial, con unos 25 a 28 centímetros de tierra, están sobre cuchillas, las zonas bajas se resguardan para el pastoreo y los productores pueden, a los dos años de las plantaciones utilizar la zona forestada como abrigo del ganado”.
García opinó que “a mi juicio cuando dentro de ocho o 10 años estos proyectos estén en la etapa de cosecha se va a generar una nueva industria para el departamento que generará trabajo y condiciones distintas para la gente; habrá que capacitar mano de obra, se trata de aspectos que desconocemos”.
Agregó que “sin estar al nivel de Tacuarembó o Rivera, lo que genera la forestación, con sus actividades conexas, como aserraderos, hasta el precio de la madera cambia, y esas son cosas que también hay que tener en cuenta” y explicó que en todo el departamento “los suelos que podrían forestarse no superan el 9% del área total”.
IMPACTOS | En épocas de cosecha sin embargo también debe considerarse el impacto del transporte de carga que se dará sobre la caminería rural. Al respecto, García dijo que “la empresa en su proyecto arma toda la caminería interna en los predios” pero no consideran las rutas externas.
García contó que “existen normativas en otros departamentos, como Tacuarembó, que establecen que cuando se registren lluvias superiores a tantos milímetros, los camiones no podrán circular por 24 horas, o por 48 horas, tenemos tiempo suficiente para ir considerando estos temas en la Junta Departamental”.
El Edil agregó que “tuvimos la oportunidad de visitar un predio en Tarariras donde salieron 3200 camiones, fue unos días después de estas últimas lluvias que hubo y la caminería estaba en buen estado” y explicó que “allí cada 20 minutos sale un camión, entonces un camión cisterna de la empresa realiza un riego en la mañana y otro en la tarde para evitar el polvo que puede afectar a poblaciones vecinas; esos son acuerdos con la Intendencia. Nosotros también tendremos que buscar acuerdos y normas para preservar la caminería rural”.
Además del impacto que estos emprendimientos pueden tener sobre el sistema vial departamental, que cada año son motivo de preocupación y exigen importantes sumas de dinero a las arcas de la Intendencia para su reparación y mantenimiento, también habría que evaluar los efectos sobre suelos y cauces de agua. La región norte cuenta con una importante red hidrográfica con múltiples arroyos y afluentes, como el Arroyo Mahoma, el Guaycurú entre otros, las especies de eucaliptus con destino a la producción de celulosa son señaladas por algunos especialistas como “bebedores feroces” y se les atribuye en buena medida algunas reducciones importantes en los cauces y reservorios hídricos.
Aunque al parecer los suelos donde se implantarán los proyectos no tienen una gran utilidad para otros cultivos, algunos ya están deteriorados en su biodiversidad por anteriores cultivos de soja, sería pues menester realizar evaluaciones y monitoreos precisos para evaluar la relación costo-beneficio de una actividad que genera su productividad cada 10 años, esto obviamente más allá de la renta que percibirán los productores y propietarios de los establecimientos, que es muy superior a la media del sector agropecuario.
Por Jorge Gambetta.
