Sociedad

Juan Ceretta dio detalles de los recursos de revocación que presentó contra el proyecto Neptuno

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La construcción de una planta potabilizadora que extraiga agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí, sigue recibiendo reparos de la oposición política y de la sociedad civil. A los recursos interpuestos por la Intendencia de Montevideo y por el director de OSE por el Frente Amplio Edgardo Ortuño, se le sumó en esta semana otro recurso de revocación presentado por el abogado Juan Ceretta, docente en el Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, quien desde el mes de octubre representa a las organizaciones sociales que se oponen al Neptuno.

En una anterior charla con este medio, el abogado litigante había anunciado la implementación de una batería de medidas que tienda a evitar la concreción de esta obra y el pasado jueves, explicó cuáles son los pasos que se comenzaron a dar una vez que se conoció el proyecto del Poder Ejecutivo.

Dijo Juan Ceretta, que los que se presentaron fueron “los recursos administrativos tradicionales; en este caso al tratarse de un servicio descentralizado como OSE, se presentó un recurso de revocación ante el Directorio y otro ante el Poder Ejecutivo, pero que ya sabemos que no tienen ninguna chance de éxito y se hace simplemente por cumplir con lo que marca la ley”.

Según lo explicado por el docente de la Facultad de Derecho (que a la vez que litiga contra OSE, acaba de ganar un juicio contra una empresa, que evitó el desalojo de 6500 personas en Montevideo), desde el punto de vista procedimental, el recurso presentado es el mismo que planteó la Intendencia de Montevideo. “Desde lo formal es igual, pero nosotros incluimos en la argumentación algún punto que la Intendencia no ha hecho”, comentó.

Aclaró que un recurso de esta naturaleza no tiene carácter suspensivo; “se puede pedir la suspensión del acto, pero eso queda en manos de la administración y nunca lo suspende. Incluso, lo que viene después que no prospera este recurso, es la acción de nulidad frente al TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo), pero que insume años”.

Juan Ceretta no tiene ninguna expectativa respecto a lo que pasará con los recursos. “Nosotros estamos haciendo esta etapa, para cumplir lo que marca la normativa en el sentido de impugnar por el camino correcto y nada más, pero a su vez estamos trabajando en otro tipo de recursos, seguramente en un proceso judicial, no sé todavía si será una acción de amparo o una medida cautelar, pero estamos trabajando en eso, porque estos otros mecanismos son totalmente ineficaces para detener esta obra”, explicó el jurista.

ARGUMENTOS | Comentó que deben ser tomados como “una señal de que la gente no está conforme con ese acto” y agregó que con su equipo de trabajo -estudiantes de sus cursos-, no tienen expectativa de que “OSE eche para atrás ni que el Poder Ejecutivo haga echar para atrás a OSE, porque nada indica eso”.

Más allá de eso, Juan Ceretta, explicó cuál fue la línea argumental del recurso presentado en nombre de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Los Tucu Tucu y Hermandad Pro Derechos. Explicó que “va por tres lugares, hay uno clave -en eso coincidimos con el reclamo de la Intendencia de Montevideo-, y es que no se ha dado cumplimiento ni en lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, ni a lo dispuesto en la ley de aguas; ninguna de las normativas que establecen la obligatoriedad de que en este tipo de decisiones haya participación ciudadana, está claro que no se ha hecho”.

Este “es un primer argumento indiscutible, hasta en el sentido de que si se mira la primera parte de la resolución del Directorio de OSE, la famosa resolución 1144, dice ‘apruébase el estudio de factibilidad’, sin embargo ese estudio no lo conoce nadie, porque se ha mantenido en secreto. Entonces, ¿Cómo vamos a concebir que se apruebe algo que no pudimos ni ver, de qué participación de la gente me hablan si la gente no lo pudo ver porque lo mantienen en secreto?”, argumentó Juan Ceretta.

“En segundo lugar -prosiguió diciendo Ceretta-, tenemos un reproche medioambiental a la ubicación de la planta en Arazatí y eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado con los vecinos de Arazatí, pero también con los de Rafael Perazza y con los pescadores de la zona. La sola elección del lugar para la instalación de la planta va a traer perjuicios ambientales que no han sido evaluados”.

En opinión del docente de la UDELAR realizar esta obra en el Río de la plata, “también implica renunciar a utilizar mejor los recursos que vienen del río Santa Lucía, es un abandono a cuidar el medio ambiente en el Santa Lucía, de seguir trabajando sobre el caudal de la cuenca del Santa Lucía que ha sido el proveedor natural de agua dulce para Montevideo y la zona metropolitana. Recurrir al Río de la Plata implica desistir de mejorar la situación del Santa Lucía y eso es el abandono a una política ambiental”.

El tercer punto de la argumentación, que según Ceretta está vinculado al primero, es el referido al análisis desde el punto de vista económico del proyecto, algo que no se puede hacer porque “los detalles no los tenemos”.

VÍA JUDICIAL | “No olvidemos que el artículo 47 de la Constitución (votado por el 65% de los uruguayos en 2004), establece que en materia de agua potable debe primar el interés social por sobre el económico. Nosotros no podemos saber si eso ocurre realmente en este caso porque los detalles económicos no están claros y lo poco que sabemos es que hay tres o cuatro empresas particulares, que invierten 49 millones de dólares y que después terminan recibiendo 300 millones a propósito de un canon que vamos a pagar todos los uruguayos a través de la factura porque OSE no recibe recursos de rentas generales y todo lo que necesita pagar, lo paga con lo producido de la factura. No podemos decir que eso prioriza lo social por sobre lo económico”, dijo Juan Ceretta.

Respecto a cuándo se pasará a la vía judicial, dijo Juan Ceretta que será “todo lo más rápido que se puede, pero en este momento estamos conformando un equipo de técnicos en cada área, para estudiar todos los ángulos del proyecto y cuando tengamos claro -porque hay que ser serios para argumentar-, seguramente vamos a presentar una acción judicial”.

Mencionó por último que antes que finalice el año 2022, estará volviendo a visitar la zona de Arazatí, para explicar a los vecinos cuál es la estrategia y conversar con ellos sobre cómo ven el proceso.

Foto ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.

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