Desde el área de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de San José se notificó a dos propietarios de fracciones de campo de la zona categorizada como rural en balneario Kiyú, que no pueden continuar vendiendo parcelas para urbanizar, a la vez que se difundió un comunicado alertando a la situación a los profesionales y a posibles compradores de esos terrenos.
El comunicado se conoció el viernes a la tarde y dice textualmente que “ante la constatación de fraccionamientos, loteos y/u ocupaciones de predios en la zona rural de Kiyú, con fines de urbanización de forma irregular, la Intendencia de San José recuerda que existe una legislación vigente en la materia. Por tal motivo, previo a actuar en tal sentido, se insta a la población a efectuar las consultas pertinentes en las dependencias de la Intendencia de San José, distribuidas en todo el departamento”.
“En los casos que se identifiquen la existencia de irregularidades, se aplicará el artículo 69 de la ley 18.308, y normas concordantes, mediante la denuncia judicial que implica la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes”.
ALERTA | El funcionario de Ordenamiento Territorial de la ISJ Pablo García, explicó a La Semana el origen del comunicado. Comentó que “en el marco del plan de ordenamiento territorial de Kiyú (el primero que se aprobó en el departamento), hay una zona, a las afueras de la zona de Vista Mar que es una zona rural, que está categorizada como potencialmente transformable”.
“Son padrones de cinco hectáreas y nosotros ahí identificamos que se están construyendo casas habitación. Cuando se nos notifica vemos que se habían vendido usos de preferencia, lo que quiere decir que se vende el uso de tantos metros para urbanizar y eso no está permitido”.
“Nosotros no podemos permitir urbanizaciones ahí. Al verificar que se está haciendo eso, necesitamos alertar a la población y por eso se difundió el comunicado, que principalmente está dirigido para los profesionales que intervienen, a los arquitectos y escribanos de la zona”.
García fue más gráfico diciendo que ahí no se puede urbanizar y la gente que lo haga “cuando necesiten poner el agua y la luz no la van a tener. Hoy esa zona no es urbanizable. Está destinada a usos rurales”.
Consultado respecto a si eso puede cambiar en el futuro, dijo que “no necesariamente. El plan de Kiyu entra en estudio, ya que cumplió el plazo. Ahí se van a estudiar estas situaciones. Puede que cambie o puede que no. Eso no lo podemos afirmar ahora.
Consultado sobre cuántos fueron los casos detectados, el ex edil del FA, hoy funcionario de la ISJ dijo que “hay dos propietarios que vendieron predios y hay una construcción empezada, otros replanteos que pude ver en una inspección que hice el jueves 27”.
RESPONSABLE | Aclaró García que desde Ordenamiento Territorial “no le agregamos ningún tipo de intencionalidad al que compra, sino que hay desconocimiento de la ley. El que vende si sabe que no puede, que es para uso rural.
“Es como si vendés un predio en una zona inundable, lo podés hacer pero no se puede hacer una casa habitación. Esto pasa lo mismo, te puedo vender un uso de preferencia en la zona, pero para plantar maíz o hacer un galpón y acopiar papas, pero en la escritura tiene que estar claro que no podés hacer una casa. No podés hacer lotes chicos de 500 metros cuadrados y hacer casas”, comentó García.
Respecto a qué pasará con los infractores, dijo Pablo García que “fueron notificadas, ya saben, están al tanto, hablamos con todos y ya se paró. No se vende más, pero igual nosotros necesitamos alertar a la población y a los profesionales, por eso se hizo público el comunicado”.
Por Javier Perdomo.
