Sociedad

Informe del director frenteamplista en OSE Edgardo Ortuño, reafirma que el proyecto «Neptuno» viola la Constitución

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El pasado lunes 4 de abril, el director por el Frente Amplio en el Directorio de OSE Edgardo Ortuño, difundió su negativo estudio del proyecto Neptuno, a construirse en la zona de Arazatí, que fue entregado por un consorcio conformado por cuatro empresas de la construcción e ingeniería y para cuya concreción se llamaría a licitación en el próximo mes de junio. La operativa de privados, el costo de la obra y las consecuencias ambientales que un proyecto de estas características tendría, son los cuestionamientos que realiza el representante de la oposición.

Ortuño comparte la preocupación del gobierno por las dificultades de abastecimiento de agua potable que tendrá el Sistema Metropolitano, ya que se proyecta un consumo superior a la disponibilidad actual en 2045 y además hoy, hay “insuficiencias” en algunos momentos y zonas del área que concentra el 60% de la población del país.

Las anteriores administraciones, dice Ortuño, “avanzaron en mejorar las capacidades de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes con inversiones por 55 millones de dólares” y definieron “realizar una obra que triplicara la disponibilidad de agua bruta embalsada” en la represa sobre el arroyo Casupá. Esa obra estaba previsto que costara entre 80 y 100 millones de dólares y era financiada por la CAF (Comisión Andina de Fomento), y fue uno de “los dos temas planteados por Tabaré Vázquez al Presidente electo para dar continuidad como política de Estado”.

Pero el gobierno actual optó por otro camino y aceptó la propuesta del proyecto Neptuno, presentado por el consorcio privado, de acuerdo a lo que dice la ley 17.555, con la cual aceptó la iniciativa que habilita el estudio de factibilidad para adoptar posteriormente, con los datos reales del proyecto, la resolución de desestimarlo o aprobarlo, estableciendo su conformidad y disponiendo un llamado para su adjudicación.

 

ESTUDIO | Ortuño dice en su informe que acompañó la resolución tomada en febrero de 2021 a los efectos de obtener respuesta técnica sobre tres aspectos para adoptar una posición definitiva. El primero es “la prioridad estratégica del proyecto ante la alternativa planteada”. El segundo la “viabilidad técnica, con respuestas a la presencia de salinidad del Río de la Plata”, que lo inviabilizaría y encarecería, además de los estudios ambientales y del suministro a las zonas con necesidades inmediatas como el Este de Montevideo y otras deficitarias en San José como Ciudad del Plata y Libertad.

El tercer aspecto que planteó Ortuño es el de la “operación y mantenimiento a cargo de OSE, manteniendo la gestión pública del servicio y cumplimiento de los artículos 47 y 188 de la Constitución de la República en el diseño y concreción de los aspectos económico-financieros del proyecto”.

Si bien varios actores del gobierno, han dicho que con la toma de agua en Arazatí, de la potabilización se encargaría el privado y OSE va a pagarle por la tarea de potabilización y por la obra, Ortuño entiende que es el Directorio del ente el que debe aprobar la “conformidad” o no, de los estudios de factibilidad, “convocar a audiencia pública, llamar a licitación o promover el procedimiento competitivo que se determine” para avanzar en el proyecto, según el artículo 19 de la Ley 17.55.

Ortuño dice que el proyecto definitivo plantea una inversión de 288,7 millones de dólares sin IVA, con lo que se construiría una “toma de agua bruta” y una “planta potabilizadora que producirá 229.000 m3/día de agua potable (aproximadamente 1/3 de lo que produce la planta de Aguas Corrientes), y estación de bombeo de agua tratada”.

También incluye un reservorio artificial de agua dulce o polder que consiste en un lago de 190 hectáreas que se recargará con agua dulce del Río de la Plata y abastecerá a la planta durante los eventos de salinidad inadmisible que tenga el río, ya que en la ubicación elegida, los estudios muestran que algunos días al año los niveles de salinidad no son admisibles para producir agua potable.

LA GESTIÓN | Según Ortuño, las opciones planteadas en el informe final del estudio de factibilidad incluye cinco opciones para realizarlo: la contratación de la construcción, la operación, financiamiento y propiedad durante los 30 años del proyecto de OSE; la realización a través de una sociedad anónima, propiedad total o parcial de OSE, con operación de OSE; la realización a través de la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo), directamente o de un sociedad anónima de su propiedad como la Corporación Vial; y la realización directamente por el privado, firmando un contrato de Leasing Operativo en la cual financia y construye, pudiendo mantener OSE la operación de la infraestructura o contratarla, o mediante el mecanismo conocido por su sigla en inglés, BOT (construcción, operación y transferencia), en el cual todo lo hace el privado, incluyendo además de la financiación, la construcción y operación de la planta con la infraestructura anexa, manteniendo la propiedad de la misma hasta su transferencia al Estado al final del contrato”.

Ortuño dice que de las opciones detalladas, las últimas violan lo dispuesto por los artículos 47 y 188 de la Constitución de la República y opina que las principales diferencias “radican en quién financia la inversión y quién se encarga de la operación y mantenimiento de la planta, así como en la situación que cada una de ellas determina sobre la propiedad de los activos, de la infraestructura construida”.

“La primera opción consiste en que OSE asuma la contratación de la construcción, la operación y mantenimiento de la planta. Supone un contrato de obra pública tradicional donde OSE paga un precio fijo por la construcción de obra y luego opera la planta, produciendo el agua potable” y en todo momento “es el propietario de los activos, es decir, es el dueño de la planta y la infraestructura construida”. En esta opción -dice Ortuño-, el costo anual para OSE es de 25,9 millones de dólares por año y la potabilización la realizaría OSE.

La quinta opción, defendida por representantes del gobierno, consiste en que “el proyecto es implementado completamente por el privado, que firma un contrato de Leasing Operativo o BOT con OSE que se obliga a pagar un canon por la disponibilidad de la planta, por su operación, mantenimiento y por los costos financieros del proyecto. La propiedad del activo será del privado, es decir que será el único que podrá usar la planta hasta que luego de 25 o 30 años de contrato OSE ejerza la opción de compra de la infraestructura”. “En esta opción, el costo anual para OSE es de 37,9 millones de dólares por año y la potabilización es realizada por el privado, pagando OSE el servicio de potabilización del agua, que podrá incluir además del pago por el agua potabilizada, un pago fijo por la disponibilidad de la infraestructura. Es decir que OSE comprará el agua potable que brindará a la población”, explica Ortuño.

Para el Director del FA, “surge en forma clara y contundente que la alternativa más conveniente es realizar la gestión pública de la producción de agua potable por parte de OSE que es lo que sabe hacer”.

 

NÚMEROS | A la hora de evaluar los costos, dice Ortuño que considerando la totalidad de la duración del proyecto, “la gestión pública de la inversión a pagar en 28 años con la potabilización en manos de OSE, tiene un costo total para OSE de 725 millones de dólares, mientras que la alternativa en la cual el privado financia, construye y opera la planta potabilizando el agua durante 28 años, tiene un costo total para OSE de 1.060 millones de dólares”. Esto implica, dice Ortuño, que se pagarán 335 millones de dólares más, de resolverse el camino anunciado” por las autoridades.

“Según los informes del gobierno, el servicio continuará siendo prestado de manera exclusiva y directa por OSE porque será la titular de los contratos con cada usuario y entregará el agua potable en destino, con independencia de quien realice el servicio de potabilización de la misma”, pero para Ortuño “es claro que el servicio de abastecimiento de agua potable debe prestarse exclusiva y directamente por el Estado” y “comprende a todo el proceso y actividades imprescindibles para la prestación del servicio y este proceso es indivisible a los efectos de la privatización de partes del mismo”.

Según Ortuño, “OSE no puede desprenderse del proceso de potabilización del agua”, dado que “la ocurrencia de cualquier interrupción o dificultad en la gestión de este proceso fundamental, le impide la prestación de este servicio esencial”.

Por todo esto, dice Ortuño, “expresamos nuestra oposición a la gestión privada de la potabilización del agua y la totalidad del proyecto, por su altísimo costo, su carácter inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del Plebiscito sobre el agua en el año 2004”.

De resolverse el camino anunciado por el gobierno “de obligar a la OSE a comprar agua potable en lugar de producirla”, la población “lo verá reflejado en un aumento de tarifa”.

 

Foto tomada de la web.

Por Javier Perdomo.

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