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Sociedad

Galgo Libre UY, la organización que promovió la suspensión de carreras ilegales de galgos en cercanías de Libertad

4 minutos de lectura

A mediados de la semana pasada, en esta misma web, dábamos cuenta de una intervención policial que promovió el grupo Galgo Libre UY el domingo 1° de noviembre en un predio cercano a Libertad en el que se estaba realizando una carrera de galgos, actividad ésta que está prohibida por decreto presidencial desde fines del año 2018 y sobre la que se está elaborando un proyecto de ley que contaría con el respaldo de todos los partidos representados en el Parlamento.

Según lo que informó este grupo en su página de Facebook de la actividad fueron avisados mediante una denuncia anónima y después de comprobar que en efecto eso estaba sucediendo, con respaldo de la seccional Séptima de Libertad concurrieron al lugar. “Allí encontramos todo preparado para iniciarlas, la pista, los perros y los galgueros listos para un domingo de apuestas ilegales y de ‘disfrute’ de una actividad prohibida”, de lo cual ya realizaron denuncia al “organizador, conocido galguero explotador de animales y al que proporciona el campo, que a su vez lo arrienda para estas actividades ilegales”.

Sobre la denuncia en particular y sobre la actividad que lleva adelante el grupo, La Semana dialogó con Rita Rodríguez González, vocera de Galgo Libre UY, que comenzó explicando que se trata de una campaña que lleva adelante la ONG «Trato ético animal» para la prohibición de carreras de galgos en Uruguay, que tiene delegación en Chile y en Brasil. Además, trabajan en conjunto con la organización Proyecto Galgo de Argentina, que es la que impulsó la prohibición en ese país en 2016.

 

LA LEGISLACIÓN | Respecto a la situación en Uruguay, dijo Rita Rodríguez que “las carreras de galgos están prohibidas desde el 26 de diciembre de 2018 por Decreto Presidencial” y desde entonces el grupo ha estado trabajando con la COTRyBA (Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal), en el protocolo que se elaboró para estos casos.

Contó que “las denuncias de estas carreras nos llegan a la página de Facebook y a partir de ahí, empezamos a hacer un poco más de investigación para saber dónde se están dando, quiénes son los organizadores, las seccionales que corresponden, para llevar a cabo todos los pasos para evitar que las carreras se den y en caso que no podamos evitar que comiencen, por lo menos suspenderlas en el momento en que se están haciendo”.

“Hay varios protocolos que se activan con el MI, que incluso puede llegar a la requisa de los animales, de los bienes muebles que están siendo utilizados para la realización de las carreras, como por ejemplo jaulas o vehículos y además se aplican sanciones económicas a los organizadores y a los dueños del predio en que se realiza la actividad, que es ilícita”, dijo Rodríguez, que además comentó que “las sanciones son bastante altas”.

 

LA INTERVENCIÓN | En el caso ocurrido en cercanías de Libertad, dijo la integrante de Galgo Libre UY, que “recibimos varias denuncias, hicimos la coordinación correspondiente con la seccional Séptima, pero lamentamos que no se haya recibido mayor apoyo para disuadir una aglomeración muy grande. Igual fue una intervención exitosa, sobre todo para visibilizar el tema”.

Rita Rodríguez explicó que “estas actividades clandestinas ya son mínimas en todo el país y en general nos estamos enterando a tiempo e interviniendo”.

Los organizadores de estas actividades, comentó la activista por el bienestar animal “están intentando que se vuelvan a regular y habilitar las carreras en Uruguay, pero nosotros estamos trabajando para que se transforme en ley la prohibición. Ellos siguieron en el ámbito de ilegalidad, pero realmente son muy pocos los que quedan en la actividad”.

“Pensemos que antes había entre 30 y 40 canódromos funcionando los sábados y domingos, con un número muy alto de galgos explotados y hoy por hoy sólo se están dando algunas carreras cada 15 o 20 días en dos o tres departamentos”, dijo Rodríguez, que añadió que en ocasiones pasan varios meses sin realizarse nuevas carreras.

“La asociación que está intentando regular las carreras es la AUGU (Asociación Uruguaya de Galgueros Unidos), pero no hay muchos elementos para que los legisladores consideren una regulación estando prohibidas en el país. Sería como una invitación a hacer una actividad que ya es probadamente nociva para los animales y también a nivel social, porque fomenta el juego clandestino y crea un ambiente hostil, como se generó allí en San José”, dijo Rodríguez.

 

CONSENSO | Respecto al proyecto de ley para prohibir la actividad, contó que “se está trabajando a nivel de borrador, aún no hay un proyecto porque en el período anterior se presentaron  tres proyectos, uno por partido (PN, PC y FA). No se desarchivaron porque la idea es que haya un único proyecto con acuerdo interpartidario para que tome curso lo más rápido posible”.

Consultada Rodríguez sobre si la ONG “Trato Ético Animal” se opone solo a las carreras de galgos o al uso de animales para la diversión humana, explicó que “somos una ONG que trabaja en el impulso de políticas públicas en general. La campaña galgo libre es una sola, pero también trabajamos en relación a todos los espectáculos públicos. Hay una diferencia con otras actividades con animales como pueden ser las jineteadas o los raids; la diferencia es que estos están protegidos por ley y son considerados como deportes, algo que no pasa con las carreras de galgos, que no son una actividad deportiva y que fomenta el juego clandestino y la ludopatía. Es una diferencia importante con el resto de los espectáculos, que tampoco apoyamos”.

Respecto a qué pasa con los animales una vez que se realiza una intervención como la ocurrida en Libertad, dijo Rita Rodríguez que “eso es algo que determina Cotryba o el Juzgado de Faltas, que es al que se derivan estas denuncias”.

“Pueden pasar dos cosas, que se requisen los animales y queden bajo la tutela judicial de ONGs o puede pasar que los propios galgueros queden con la custodia judicial de esos galgos. Los galgueros quedan registrados con los galgos que tienen a su cargo y son depositarios judiciales, es decir que van a estar bajo la vigilancia judicial, respecto a dónde están los animales y en qué condiciones. Nosotros somos parte de una organización que nuclea a 14 organizaciones de todo el país y en general terminamos coordinando el alojamiento con esas ongs”, culminó diciendo Rodríguez.

Por Javier Perdomo.

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