Delegados de las organizaciones sociales y políticas que promueven el referéndum contra 135 artículos de la Ley 19889 (LUC), del 9 de julio de 2020, se presentaron el pasado viernes 18 ante la Corte Electoral a efectos de comunicarle al organismo la intención de interponer ese recurso.
El hecho es meramente un acto burocrático por el cual los promotores del recurso designan sus representantes y detallan qué artículos se busca derogar; casi simultáneamente comenzaron a formarse en todo el país las coordinaciones departamentales para organizar la recolección de firmas, tarea que deberá concluir antes del próximo 9 de julio con la presentación de aproximadamente 700 mil firmas necesarias para que la Corte convoque a la ciudadanía al acto formal del referéndum.
A partir del 9 de julio la Corte Electoral dispondrá de 150 días hábiles para analizar la procedencia del recurso y la verificación de las firmas para finalmente establecer si se alcanzó el 25% del padrón electoral que exige la Constitución de la República, en tal caso se convocará a referéndum dentro de los 120 días siguientes.
DEPARTAMENTAL | El martes 22 la Comisión pro referéndum de San José convocó a una reunión vía zoom para comenzar a diseñar la estrategia que se seguirá para la recolección de firmas bajo las limitaciones de circulación que imponen las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19.
La comunicadora Clara Gutiérrez, integrante de la Intersocial fue designada como vocera de la Comisión y en diálogo con La Semana dijo que “ya se ha presentado la papeleta en la Corte y está empezando la planificación de la campaña en todo el país. En San José ya tenemos la Comisión pro Referéndum y estamos en la etapa de organización”.
Gutiérrez valoró que en los colectivos “hay gente que ya tiene experiencia en este tipo de campañas y que la están volcando a la organización” y agregó que “todo se nos hace más complejo en esta oportunidad por la emergencia sanitaria, por eso para llegar a todas las localidades estamos aprovechando la plataforma Zoom”.
De este modo se pretende que “en cada localidad se cuente con la libertad para trabajar en base a su conocimiento y experiencia en el territorio, siempre siguiendo la coordinación tanto a nivel nacional como departamental que establecen el PIT-CNT, Intersocial Feminista, FEUU y FUCVAM, además del Frente Amplio como la única fuerza política por el momento que adhirió a la campaña”.
En el contexto sanitario del país “es fundamental para la organización que todas las actividades cumplan con todos los requisitos de precaución, cumpliendo con los protocolos sanitarios que corresponden, en ese sentido ya hemos designado una persona que se encargará de detallar ese protocolo”, dijo Clara Gutiérrez y agregó que se está analizando la posibilidad de incorporar “almohadillas descartables” para las impresiones digitales en cada papeleta.
La comunicadora agregó que “pretendemos que esta instancia sirva para llevar la información a todos y todas, porque la enorme mayoría de la población no ha leído los 476 artículos que tiene la LUC, no hubo la necesaria discusión parlamentaria, por eso hay que tratar que la información sobre esos 135 artículos fluya”.
En ese sentido Gutiérrez explicó que “estamos organizando charlas informativas vía Zoom sobre los diferentes temas que afectan los artículos que queremos derogar. El martes 29 (hoy), se realizará una charla, a partir de las 19 y 30 con Marcel Slamovitz, vicepresidente de FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), y con la maestra Gabriela Arbeleche, integrante de la Dirección de la FUM (Federación Uruguaya de Magisterio), sobre los artículos que afectan a la educación”.
MILITANCIA | Desde Libertad Osvaldo Espinosa participó del encuentro virtual a título personal, “como viejo militante” y dijo a La Semana que se trató “de una instancia organizativa, para ver de qué forma se divide el departamento en zonas, comenzando por ciudades y centros poblados y desde allí llegar a la periferia de cada lugar”.
Espinosa agregó que “se tratará de ponerle nombre y apellido a los distintos integrantes de las organizaciones que asuman el compromiso del control de las papeletas que se distribuyan y su posterior recepción una vez firmadas”.
Espinosa destacó un aspecto importante respecto a otras campañas en las que ha participado, “a diferencia de otros plebiscitos o referéndum que he participado, en esta oportunidad hay un movimiento de mujeres que ofrecieron sus diferentes estructuras para colaborar en la campaña con referentes en todo el departamento. Eso es muy valioso porque abarcan un amplio espectro de actividades sociales y productivas en las diferentes zonas” y lamentó por otra parte “que en esta oportunidad no se cuente con el apoyo de ONAJPU, que siempre ha trabajado junto al movimiento sindical”.
PIT-CNT | El movimiento a nivel nacional viene ajustando detalles del proceso de recolección de adhesiones. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT dijo a La Diaria que “vamos a tener que usar metodologías diferentes a las que usábamos habitualmente. No va a haber Carnaval, no va a haber Vuelta Ciclista y lo deseable será que la gente circule menos, pero eso no implica dejar de luchar”.
El dirigente agregó que “se trata de cambiar la táctica… Tiene que estar más vinculada a los hogares de los compañeros y que cada uno sea el responsable de recoger las firmas de sus familiares que quieran adherir a la propuesta”.
Tras cinco meses de análisis y debates los movimientos sociales acordaron un total de 135 artículos de los 476 que contiene la LUC. El contenido impugnado introdujo entre otras áreas importantes modificaciones al Código de Proceso Penal, fundamentalmente en cuanto a darle mayores libertades al accionar policial lo que se ha traducido desde los impulsores de la iniciativa en pérdida de derechos y garantías de la población civil.
Por otra parte hay una enorme cantidad de artículos impugnados referidos a la educación pública y la composición de los órganos de conducción donde, de acuerdo a las modificaciones impuestas por la LUC, los docentes entienden que han perdido derechos y representatividad.
Asimismo se pretende derogar las modificaciones realizadas a la ex Ley de Inclusión Financiera que establecieron mayores libertades para la movilización de altas sumas de dinero en efectivo, también se impugnan algunos cambios introducidos en el mercado de combustibles.
En sucesivas ediciones iremos informando más detalladamente y por áreas temáticas a qué refieren cada uno de los 135 artículos para cuya derogación muy pronto estarán recolectándose las firmas equivalentes al 25% del padrón electoral, aproximadamente 700 mil voluntades.
Por Jorge Gambetta.
