El pasado viernes 19 de mayo, previo a las distintas marchas del silencio que se realizaron en todo el país, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE), realizó una intervención en el Memorial Penal de Libertad, en recuerdo a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar que vivió el país. Un homenaje significativo, al tratarse de civiles que trabajan en el centro emblemático de la represión y el encierro durante el período dictatorial.
¿Pero qué son los operadores penitenciarios? En pocas palabras, son civiles que a partir de la Ley de Presupuesto del año 2010, se incorporaron al Ministerio del Interior para trabajar en contacto directo con las personas privadas de libertad (PPLs). El objetivo final era que solo ellos estuvieran en contacto con los reclusos, pero en poco tiempo los gobiernos fueron cambiando de planes y el proceso se enlenteció.
Juan Nolasco, es referente sindical del OFUCIPE y en diálogo con La Semana explicó que la figura del operador penitenciario, aparece en las cárceles durante 2011, con la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y la desaparición de la Dirección Nacional de Cárceles. “La creación del INR se da por la emergencia carcelaria que se decretó en ese entonces y el operador penitenciario llega como una figura nueva, civil, para quitarle la responsabilidad a la Policía del contacto con las PPLs, ya que se entiende que quien detiene a las personas que terminan siendo privadas de libertad, después tiene que trabajar con ellos en la cárcel. El civil, al trabajar solamente en cárceles no tenía ese choque de detenerlos y terminar trabajando con ellos en la cárcel”, comentó Nolasco.
El otro objetivo que se perseguía con la creación del INR y la aparición de los operadores “era que terminaran cosas que se daban en las cárceles como el trato violento, inhumano; se quería tratar de humanizar las cárceles y por eso el civil es el que trabaja en contacto directo con los presos”, dijo Nolasco, que continuó explicando que en el INR “tenemos varios escalafones civiles, el operador penitenciario es el escalafón más ejecutivo, el que trabaja con las personas privadas de libertad, pero también tenemos técnicos, profesionales, docentes, licenciados en educación física, administrativos”.
EN LOS ORÍGENES | Los operadores dependen directamente de las autoridades del INR y éste sigue siendo una unidad ejecutora del Ministerio del Interior, por lo tanto son funcionarios civiles del MI. “Originalmente la idea era que los operadores civiles tomaran todo el comando de las unidades penitenciarias, que dentro de las unidades penitenciarias quedaran trabajando únicamente civiles y que la Policía estuviera disponible solo para cuando ocurren episodios como motines, pero eso se ha venido aplazando en el tiempo”, explicó el dirigente del sindicato de operadores penitenciarios.
Nolasco dijo que en el pasado período de gobierno, ese proceso ya se había enlentecido, pero el cambio de signo del gobierno influyó para que el enlentecimiento fuera casi total. “Hoy la Policía sigue trabajando en las cárceles, también en un número insuficiente, pero los operadores penitenciarios, somos unos 1000 en todo el país, para atender 15 mil presos; obviamente no es suficiente ni por asomo”, dijo Nolasco.
Insistió en que “en este período ha sido más notorio el enlentecimiento” en el proceso de cambio, incluso, dijo Nolasco, “en alguna rendición de cuentas se sacaron vacantes de operadores penitenciarios para transformarlos en policías. Eso habla de lo que es la lectura del gobierno actual, que no siguió adelante con el proyecto que se venía realizando”.
Juan Nolasco dijo estar preocupado por el declive que está teniendo el INR, porque si bien se habla mucho de infraestructura y “en algunas cárceles se ha tratado de mejorar en ese aspecto, siempre hablamos de infraestructura locativa, de aumentar plazas porque hubo un crecimiento exponencial de PPLs, pero no de mejorar condiciones”.
¿ALTERNATIVAS? | “Hoy por hoy se habla mucho de que quieren apuntar a las medidas alternativas, pero no se vuelcan recursos a lo que ahora se llama DINASLA (la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida), la antigua OSLA (Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida), que sigue dependiendo del INR. Es medio loco que una Dirección Nacional dependa de otra, pero así está armado ahora, pero no se le han volcado recursos. Tenemos 16 técnicos trabajando en DINASLA para atender medidas alternativas de todo el país”, dijo Juan Nolasco, que luego comentó que esos 16 funcionarios deben desplazarse por el país sin viático alguno y están 16 o 17 horas en viajes de un lugar a otro del Uruguay.
Insistió en que “son 16 funcionarios para atender 18 mil medidas alternativas, que son las que tenemos en el país hoy”.
Consultado por lo que han sido las recientes muertes en la Unidad 3, ex Penal De Libertad, dijo que son producto de todo lo que “veníamos hablando a nivel de infraestructura, de debilidad en la cantidad de funcionarios. Nosotros siempre decimos que las cárceles son una bomba de tiempo y pueden explotar en cualquier momento”.
El dirigente sindical de los operadores penitenciarios dijo luego que “en países más avanzados a nivel penitenciario se hacen estudios que dicen que las cárceles deben ser pequeñas, porque cuando hay problemas son más fáciles de controlar, pero acá, habiendo hecho estudios similares, se termina creando la Unidad nº 1 (Puntas de Rieles), con dos mil y pico de plazas. Son cosas que no se entienden”.
MÁS VECINOS | Luego hizo referencia a la infraestructura futura prevista para hacerse en el predio del ex penal libertense. “En la Ley de Presupuesto está aprobada la creación de tres cárceles pequeñas en el mismo edificio, dentro del establecimiento de Libertad, con plazas para 450 presos cada una. Para poder trabajar bien en esas cárceles, como mínimo se necesitarían 850 funcionarios penitenciarios, pero tenemos información que el Ministerio va a contratar sólo 400. Es decir que siempre partimos desde atrás, recargando a los trabajadores”.
Consultado sobre cuándo estarían siendo habilitadas esas cárceles, que aumentaría en unos 1300 los pobladores del centro carcelario cercano a Libertad (en donde hoy están recluidos poco menos de 1200 PPLs), dijo Nolasco que “todavía no se ha empezado la construcción”. Contó que días atrás estuvieron reunidos con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, quien les comentó que “eso va a llevar por lo menos el año que viene, terminando el período de gobierno. Si se empieza a construir el año que viene, debería culminarse antes que termine el período de gobierno”.
El dirigente de los operadores penitenciarios insistió en la falta de personal y de seguridad. “El 70% de los operadores penitenciarios son mujeres, que tienen que trabajar con 100 o 200 privados de libertad, a solas. Hemos llegado a tener algunos lugares que no tienen cubiertas las garitas, que son la protección que tenés para que nadie se fugue”, mencionó Juan Nolasco.
El Operador Penitenciario hizo alusión después a la importancia de invertir en esta área. “Quizás políticamente no dé rédito volcar recursos al sistema penitenciario, pero más allá de la pena que tengan que cumplir quienes están allí, son personas que van a salir y el centro de la seguridad en cualquier país serio, son las cárceles, porque un buen trabajo en las cárceles y una política de Estado que permita realizar el acompañamiento a las personas que salen en libertad, es lo que nos va a dar seguridad a las vecinas y vecinos”, dijo Juan Nolasco.
Para la última rendición de cuentas del período, cuya discusión está al comenzar en estas semanas, los trabajadores penitenciarios tienen pedidos concretos, como el aumento de personal, las mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento del trabajo penitenciario como trabajo insalubre, ya que tiene todas las condiciones para ser reconocido así.
Imagen ilustrativa tomada de la web.
Por Javier Perdomo.
