Mientras en San José hay satisfacción por la decisión del gobierno de descartar el llamado «Proyecto Neptuno», la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), espera con cautela los anuncios oficiales, ya que no está aún el detalle de la propuesta presentada por el gobierno y la contrapropuesta que pueda hacer el consorcio Aguas de Montevideo, que se conformó como tal para construir y manejar una planta potabilizadora.
Al término del encuentro entre representantes del consorcio, el Presidente de OSE y el secretario de Presidencia Alejandro «Pacha» Sánchez se supo que los funcionarios del gobierno transmitieron el conjunto de obras que están dispuestos a llevar a cabo en lugar del proyecto Neptuno a los delegados de la empresa.
Lo propuesto por el Estado a los privados es la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en la zona de Aguas Corrientes, que produzca 200 mil metros cúbicos de agua potable por día, que se sumarían a la que la actual planta produce ahora. Además, se propuso la construcción de una conexión de tuberías de 40 kilómetros que conecte la nueva usina de tratamiento con los tanques de OSE ubicados en Cuchilla Pereira, cerca de La Paz, en Canelones.
De esta forma, es un hecho que el proyecto en Arazatí está descartado, pero no son las claras las características del acuerdo alcanzado. Selva Ortiz, de la CNDAV dijo a La Semana que hay que seguir viendo la inconstitucionalidad de este proyecto. Entendemos que reforzar Aguas Corrientes está muy bien, lo único que hay que seguir que tipo de contrato van a firmar, si solo será la construcción o van a quedar en el manejo de la planta. La inconstitucionalidad hay que seguirla analizando y ver cuál es el costo, cuánto nos va a costar a todos los uruguayos esta negociación».
«No sabemos que están negociando, sabemos que había un tipo de negocio y que el gobierno tenía claro que había inconstitucionalidad en este tipo de negocio. No sabemos qué va a exigir la empresa. Ellos todavía tienen un contrato que les daba una rentabilidad gigante. Al no ponerse firmes que es nulo y decir que hay que respetar los contratos, no sabemos qué van a negociar», dijo Ortíz.
«Lo que es claro que Arazatí quedó fuera, que el proyecto era malísimo, que no vamos a tomar agua que nos afecte a la salud y que el acuífero Raigón será preservado, pero con el negocio, hasta que no se respete la Constitución de que los privados no estén en ningún proceso de la potabilización de agua, no sabemos qué va a pasar», añadió la representante de la CNDAV.
En la edición impresa del martes 22, habrá un análisis detallado de la decisión gubernamental.
Por Javier Perdomo.
