El juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9° Turno de Montevideo Alejandro Recarey, accedió a la medida cautelar de no innovar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y Los Tucu-Tucu de Rafael Perazza, por lo cual OSE queda impedida de firmar contrato con Aguas de Montevideo para concretar el proyecto Neptuno, hasta tanto no se verifique decisión judicial expresa en sentido contrario, a partir de un nuevo proceso que se inicie contra el ente por parte de quienes presentaron la medida.
La sesión judicial se llevó adelante el viernes por más de 10 horas; por más que OSE, el Ministerio de Salud Pública, el de Medio Ambiente y la propia empresa que pretende construir la planta potabilizadora intentaron recusar la audiencia el Juez no dio lugar al planteo y la misma se desarrolló, declarando en la oportunidad técnicos de ambas partes. La sesión había comenzado a las 13 horas y culminó pasada la madrugada.
Las partes fueron citadas para el lunes 24 para conocer la determinación del Juez, que en un documento de 15 páginas dictó su dictamen. Las primeras páginas de la sentencia se refieren a las recusaciones planteadas por los ministerios, a las que no les da lugar Recarey.
En la sentencia, Recarey dice que “se dispondrá la admisión de la medida cautelar, porque hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro de agua potable, en infracción constitucional. Asimismo, también es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podría estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas. Eso por cuanto hay extremos indicatorios serios, que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana en agua de menor calidad que la que podría disfrutar (proveniente de otras fuente más limpias), sin que todavía aparezca claro que se haya cumplido con las exigencia constitucionales de amplia publicidad y difusión de la problemática, la que se centra, en el punto, en la elección que implica: o bien privilegiar el agua de mejor calidad para el consumo humano o no hacerlo, en final beneficio de intereses de empresas privadas”.
“En lo demás se ha patentizado que podrían existir severos riesgos de contaminación (con proyección sanitaria), tanto en las áreas aledañas a las instalaciones que se proyectan, como todo el acuífero Riagón, el cual podría sufrir severos y probablemente irreversibles perjuicios. Todo esto dicho sin dejar de mencionar que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública, las posibilidades que pudiera haber de sobrecostos gravosos en las tarifas de agua”, agrega el dictamen, que finaliza diciendo que se accede “a la medida de no innovar solicitada y en su mérito ordenar a OSE que no suscriba el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo, ello hasta tanto no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario, a recaer en proceso que se inicie específicamente contra OSE y con el objeto denunciado por los cautelantes en estas actuaciones”.
Vale mencionar que los dos ministerios y OSE anunciaron que apelarán la decisión contra la medida cautelar y el MSP por la negativa de su recusación. De ser favorable a OSE la apelación, se pasaría a la tercera instancia ante la Suprema Corte de Justicia; mientras tanto, el Neptuno no avanza y se acercan las elecciones.
Imagen de archivo, La Semana.
Por Javier Perdomo.
