El pasado viernes, el representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, visitó Libertad en el marco de una recorrida que también lo llevó a recalar en varias localidades del departamento de Colonia. El Director, dialogó con La Semana sobre la trascendencia del BPS en la vida de los ciudadanos, sobre los planes de reforma jubilatoria que tiene el gobierno y la visión de los trabajadores al respecto.
Ramón Ruiz comenzó mencionó que el primer objetivo de sus recorridas es “informar”, ya que “se habla mucho del déficit económico del BPS pero se habla poco del déficit de información”. Para el Director del organismo previsional, “la seguridad social es un tema muy importante pero hay muchas uruguayas y uruguayos que no conocen sus derechos y si no los conocen, no los ejercen”.
El representante de los trabajadores en el Directorio del BPS opinó que en la alta informalidad en el trabajo que hay en el país se debe a que todavía falta generar cultura de seguridad social. “En estas recorridas, intentamos generar cultura de seguridad social, para que se entienda, que se comprenda la importancia que tiene para cada uno de nosotros el BPS”.
Para reafirmar sus dicho, Ramón Ruiz dio apenas algunas cifras. Dijo que el banco cada mes, paga unos 16 millones de dólares en prestaciones a 48.200 ciudadanos del departamento de San José.
Ruiz hizo referencia después a la asistencia financiera que debe recibir el BPS de parte del Estado. “En la rendición de cuentas se está proyectando para el próximo año una asistencia de 615 millones de dólares; el año pasado fueron 550, el año anterior habían sido cerca de 700”, detalló el Director del BPS.
CONSTITUCIONAL | Para el representante de los trabajadores en el BPS, esta asistencia financiera no debería cuestionarse ni sorprender ya que está prevista en la Constitución de la República. “El artículo 67 de la Constitución dice que la seguridad social se financia con aporte de los trabajadores, de los empresarios, con impuestos que están afectados para la seguridad social y si eso no alcanza, el Estado tiene que poner lo que falte, ya que es el que tiene que garantizar este derecho humano. Es decir que el Estado es garante de esa asistencia”, explicó el Director.
También dijo Ramón Ruiz que no es una exclusividad de Uruguay. “En todos los países del mundo los estados contribuyen para la seguridad social”, dijo, pero reconoció que “es válida la discusión sobre si es razonable la asistencia financiera que hoy tenemos o no”.
“Nosotros decimos que lo que no es razonable, son los 450 millones de dólares que recibe la Caja Militar, en la que hay dos personas que reciben prestaciones por una que está en actividad y en la que además, el 20% de los 52 mil que reciben pasividades, ganan de promedio 130 mil pesos mensuales”.
El BPS paga 700 mil jubilaciones y se le asistirá con 600 millones de dólares; en la Caja Militar pagan 52 mil jubilaciones y se la asiste con 450 millones de dólares, comentó Ruiz.
COMISIÓN DE EXPERTOS | Consultado Ramón Ruiz sobre la intención del gobierno de avanzar en la reforma de la seguridad social, mencionó que al presente “no hay un proyecto oficial; se dice que anda circulando un borrador entre los socios de la coalición. Nosotros no conocemos ese borrador, lo que sí conocemos son las recomendaciones que hicieron los técnicos que trabajaron el año pasado en la comisión de expertos”.
Ruiz llamó la atención sobre que del documento emanado de allí nadie se quiso hacer cargo; ninguno de los partidos de la coalición dijo que los técnicos por ellos nombrados los representaban. Los únicos que dijeron que eran la voz oficial fueron los representantes de los trabajadores, los jubilados y del FA.
Cree Ruiz que esto ocurre porque “cuando la comisión de expertos entregó sus recomendaciones estaba la campaña por el referéndum y quedar con las manos libres era como decir que todavía no se sabe cuál va a ser el proyecto; camino al 27 de marzo, no era políticamente correcto decir que le iban a aumentar la edad de retiro a las personas”.
Sobre las propuestas emanadas de la comisión de expertos y que sería la base para el proyecto del gobierno, dijo Ramón Ruiz: “se habla que la gente vive más y tiene que trabajar más, pero la gente vive más y no siempre está en condiciones de trabajar más. Nosotros planteamos que seguro va a haber muchos trabajadores que serán mayores de 60 años, que estarán sin trabajo, sin ingreso y sin protección social, esperando para jubilarse a los 65. Por eso cuestionamos esta propuesta”.
Pero además, prosiguió, “supongamos que todos los mayores de 60 años sigan trabajando, que no es la realidad porque el mercado de trabajo expulsa a los mayores de 60 años, la pregunta es qué va a pasar con ese casi 30% de desocupación entre los menores de 25 años”. Entiende Ruiz que con este cambio, “a los menores de 25 años les va a costar mucho más lograr su primer empleo”.
“Pero además de ampliar la edad hasta los 65 años, el gobierno se proponen bajar las jubilaciones con una nueva fórmula de cálculo y esa propuesta es un disparate; se les pide a los trabajadores un esfuerzo para que se jubilen más tarde, pero con una peor jubilación”, dijo Ruiz.
EXPLICACIONES | Respecto al papel de las Afaps en las propuestas manejadas por representantes del ejecutivo, dijo Ruiz que “se le regala un mercado, estableciendo que los próximos trabajadores que ingresen como bancarios o militares, policías o a la caja de profesionales, van a estar obligados a afiliarse a una Afap; eso significará que habrá más trabajadores perjudicados y va a salir más caro de lo que sale hoy el sistema y los únicos que ganan son las empresas privadas que lucran con la seguridad social”.
“Que alguien me explique por qué hay que mantener este sistema”, dijo Ruiz y añadió que “cuando un trabajador se jubila, cobra una parte por el BPS y otra parte pequeña por la Afap. Durante su vida laboral, las Afaps, administran su ahorro, pero cuando llega el momento de pagar la renta vitalicia del régimen privado, la pagan las aseguradoras. Las Afaps le mandan a la aseguradora lo que el trabajador ahorró más la rentabilidad que se logró, menos las comisiones”, narró Ruiz.
Pero “resulta que como en esa parte del negocio, en la que se pagan las rentas vitalicias, hay pérdidas, las aseguradoras privadas se retiran del negocio y queda pagando el BSE la renta vitalicia, a pérdida. Por eso esto le saldrá más caro al país”, contó.
“Que alguien me explique porqué hay que seguir sosteniendo este sistema perverso. Se le transfieren por día, tres millones de dólares a las Afaps, 96 millones por mes, en total 1150 millones de dólares y cuando el Estado necesita dinero, va y le pide prestado ese dinero a las Afaps, que antes era del Estado, pagando intereses. Que alguien me explique porque se le entregan 1150 millones de dólares por año, que luego se los pide prestado y les paga intereses, es un sistema perverso, que debería eliminarse, sin embargo el gobierno propone profundizarlo”, dijo Ramón Ruiz.
El representante de los trabajadores en el BPS cuestionó la forma en que el gobierno ha encarado la discusión sobre la reforma, convocando a un grupo de expertos. “Nosotros le dijimos al gobierno que había que convocar a un diálogo social amplio, con una participación y una agenda amplia para una reforma integral del sistema de seguridad social. La que está planteando el gobierno es una reforma del sistema jubilatorio, nosotros tenemos que hacer una reforma general, agregando otros componentes de la seguridad social.
Por Javier Perdomo.
