Sociedad

Demanda contra la construcción del Neptuno podría llevar más de un año, dijo abogado Ceretta en Perazza

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En la Biblioteca Popular de Rincón del Pino -en Rafael Perazza-, un numeroso grupo de personas se reunió el viernes 28 de junio pasado para escuchar al abogado Juan Ceretta de la Clínica de Litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR), y a María Selva Ortíz de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), quienes llegaron a la localidad del kilómetro 72 para brindar su visión de lo que fue el dictamen del juez Alejandro Recarey, quien ordenó a OSE detener la firma del contrato con el Consorcio Aguas de la Costa para construir el proyecto Neptuno en la zona de Arazatí.

Silvana Fernández de la organización local “Los Tucu-Tucu”, que junto a la CNDAV promovió la presentación de la medida cautelar de no innovar, presentó a los invitados y de inmediato le cedió la palabra a Ceretta, que comenzó realizando un resumen de los hechos que llevaron a que el consultorio jurídico de la UDELAR que encabeza representara a las mencionadas organizaciones.

Luego de definir con sus alumnos que iban a tomar el caso, dijo Ceretta, “la segunda etapa fue vincularnos con los científicos de la UDELAR que entendíamos podían aportarnos mayor conocimiento sobre el tema. Los invitamos a contarnos, a que compartieron documentos de lo que habían estudiado hasta el momento y ahí empezamos a entender más que había una serie de cuestionamientos. A medida que avanzábamos en el conocimiento del proyecto los cuestionamientos aumentaban y aparecían nuevas preguntas, nuevas dudas. Todo en un marco muy secreto en el que OSE no permitía acceder a la información del proyecto”.

“Tuvimos que hacer muchos juicios de acceso a la información pública y a través del Juzgado fuimos obteniendo de a poco información. Fuimos armándonos y empezamos a ver que caminos judiciales podían frenar esto y en el marco de la discusión con los alumnos entendimos que el camino que podía tener más chances era una medida cautelar de no innovar”, explicó Juan Ceretta.

 

DEFINICIONES | Dijo luego el Abogado que hubo un momento en que el proyecto iba muy rápido y por eso, “a partir de la adjudicación del proyecto al consorcio, solo nos quedaba evitar que el Estado firmara el contrato, porque una vez que el Estado firma el contrato de la obra, no solo es mucho más difícil echarse atrás, sino que eso significa un daño económico muy fuerte para el país”.

El caso se presentó en la Justicia Civil, “porque entendimos que era donde teníamos más chance”, dijo Ceretta, que comentó que luego recusaron a la Jueza de 10° turno porque ella ya había hecho un prejuzgamiento al declararse incompetente para definir el asunto. La Jueza aceptó la postura de los accionantes, por lo cual el caso cayó en manos del juzgado inferior, el noveno, a cargo del juez Recarey, quien recibió el expediente, “lo estudia y rápidamente cita a una audiencia y convoca a los 11 testigos que nosotros habíamos propuesto y a tres más. En aras de dar garantías a todos decide notificar de esto a OSE y a los ministerios de Ambiente y Salud Pública, les permite llevar sus propios testigos para que defiendan sus argumentos. Todo se hace el viernes 21 pasado en una audiencia maratónica que duró 10 horas”, contó Ceretta.

El MSP recusó a Recarey por no ser imparcial, pero el mismo viernes de la conferencia de prensa se supo que la apelación del MSP fue rechazada por un Tribunal de Apelaciones. “Esto hace que sea el juez Recarey el que va a resolver este asunto”, dijo comentó Juan Ceretta.

En resumen, dijo Ceretta, lo decidido por el Juez es “hacer lugar a lo que nosotros pedimos, pone en pausa el proyecto Neptuno, hasta que no sea discutido en un juicio principal, que es lo que vamos a promover ahora, un juicio principal para discutir todos los cuestionamientos al Neptuno”.

 

SIN OBRAS | Agregó el docente universitario, “el Juez dejó bien claro que mientras esta medida cautelar esté vigente no se puede realizar ningún tipo de obra, ni preparatoria, ni de cercamiento, ni movimiento de tierra. Ningún tipo de obra que tenga relación con el proyecto puede realizarse hasta tanto esta medida cautelar se levante, si es que el Tribunal de Apelaciones lo entiende así, o hasta tanto termine ese juicio que vamos a iniciar y que va implicar un buen tiempo, donde se despejen todas las dudas”.

El plazo para apelar vence el 17 de julio, ya que ahora comenzó la Feria Judicial Menor. “Nosotros vamos a contestar esa apelación y el tribunal decidirá si mantiene o no la pausa. Nosotros tenemos que presentar la demanda principal antes de 30 días, que nos permitirá discutir con mucho más tiempo, con más evidencia y despejar todas las dudas que existen”, agregó Ceretta.

“Aún en el caso en que la medida fuera levantada y que el proyecto se retomara, como quedan por cumplirse dos instancias de participación popular directa, como son la puesta de manifiesto del proyecto final y la audiencia pública, creo que al menos, en todo este tránsito hemos conseguido mucha información y muchas objeciones para poner a disposición de todos los vecinos y de los interesados para hacer valer en esas instancias; es decir, este ya no es un proyecto que se pueda llevar reservadamente como ha ocurrido con otros y que se puedan pasar los controles ciudadanos de callado”, dijo el Abogado, que agregó que “hoy el proyecto está en la opinión pública, los cuestionamientos están en la opinión pública y vamos a tener muchos más elementos para responder en el caso que la Justicia levante la pausa”.

 

Por su parte Selva Ortíz repasó el proceso que llevó a la reforma constitucional de 2004, que estableció que todo el proceso de suministro de agua debe estar en manos del Estado. Como cierre a su exposición dijo que “esta sentencia es clave, cambia absolutamente como venía la tendencia, le muestra al PE que no puede seguir desoyendo a las organizaciones sociales, ignorando a la Constitución, a las organizaciones sociales, a la normativa internacional en materia de ambiente, alerta que hay que escuchar a la academia”, dijo la integrante de la CNDAV.

 

ARSÉNICO | Respecto a si el proyecto Neptuno aportará agua a los vecinos de San José, uno de los argumentos utilizados por los promotores del proyecto para que éste se concrete, el abogado Juan Ceretta, dijo que en la audiencia quedó claro que el Neptuno “pretende tomar agua de Arazatí, pero el objetivo final es la zona metropolitana; si hay alguna zona de San José que podría recibir agua sería la más cercana a Montevideo, Ciudad del Plata, quizás Libertad, aunque no creo que llegue a Libertad”.

“Lo que surgió en el marco de la audiencia fue alguna pregunta que hizo el Juez respecto a si el hecho que estuviera la planta en San José, en caso que necesite agua, utilice agua de ahí. Quedó claro que este proyecto no tiene como destino a San José”, pero el gerente General de OSE Arturo Castagnino, en defensa del proyecto “dijo que esta zona de San José ya estaba utilizando agua de mala calidad porque estaba recibiendo agua del acuífero Raigón y en esta zona el acuífero tenía una carga de arsénico muy alta. El Juez se preocupó y le dijo a Castagnino, usted me está diciendo que la gente de San José está consumiendo agua con alto contenido de arsénico y Castagnino le respondió que sí, desde siempre. Luego de él, declaró la Jefa de Laboratorio de OSE y nosotros le preguntamos sobre los controles, nos dijo que siempre estaban controlando. Respecto a San José dijo que también se controlaba y no han encontrado anomalías, cuando minutos antes el Gerente había dicho lo contrario. De ser cierto lo dicho por el Gerente General de OSE habría un problema de la calidad del agua que están tomando”, narró Juan Ceretta.

Juan Ceretta también hizo referencia al plebiscito por el agua de 2004. “Toda la lucha de 2004 sirvió para que se lograra esto, sino la mayoría de los argumentos jurídicos que hoy manejamos no los tendríamos”.

 

RELEVANCIAS | Otro punto importante es que “el Poder Judicial está legitimado para frenar proyectos cuando afectan derechos fundamentales. También se cuestionaba que las organizaciones sociales no tienen personería jurídica. Eso está cambiando. Comparecieron dos organizaciones que no tienen Personería Jurídica y sin embargo, no solo el juez Recarey, también el Tribunal de Apelaciones, dijo que podían plantearlo y que en las cuestiones medioambientales estamos todos legitimados para presentarnos y reclamar lo que no corresponde. Que la gente común se pueda parar ante el gobierno de turno y decirle esto para mí no está bien y que un Juez lo oiga, considere, analice y decida, no es poca cosa. Es un ejercicio de democracia directa”, consideró Juan Ceretta.

Consultado respecto a qué pasará si el Tribunal de Apelaciones le da la razón a OSE, Ceretta dijo que “ahí lo que ocurre es que se saca la pausa. Esa decisión no admite casación (nueva apelación), ante la Suprema Corte de Justicia. Si se levanta la medida cautelar va a haber que utilizar las instancias de participación popular que aún le quedan al Neptuno, que son la puesta de manifiesto del proyecto de impacto ambiental, al que todos podremos hacer objeciones, y una audiencia pública en la que se pueden hacer objeciones al proyecto”.

“Creo que ahora esas instancias van a ser mucho más potentes de lo que podían ser; si la estrategia era que esto pasara medio desapercibo ya no pasará y si la estrategia era ocultar la opinión de los científicos, como era, ya no se puede ocultar. No significa que el proyecto no se vaya a concretar, pero los obstáculos van a ser mucho mayores”, dijo el Abogado que representa a “Los Tucu-Tucu”.

Por Javier Perdomo.

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