Pese a que se computaron 13 nuevos casos de coronavirus en San José, el departamento baja levemente la cantidad de activos al cierre de este lunes, con un total de 107 casos (109 eran el domingo), de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Este lunes se llevaron a cabo 5950 análisis y se detectaron 441 nuevos casos de Coronavirus COVID-19. De los 441 casos nuevos, 285 son de Montevideo, 79 de Canelones, 23 de Rivera, 13 de Maldonado, 13 de San José, 6 de Rocha, 5 de Cerro Largo, 4 de Lavalleja, 4 de Tacuarembó, 3 de Durazno, 2 de Soriano, 2 de Treinta y Tres, 1 de Artigas y 1 de Río Negro. En cuanto al trazo epidemiológico se mantienen los brotes informados en los últimos días. En todos los casos se trabaja en un estricto seguimiento epidemiológico.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 565.207 tests y se han registrado 13.477 casos positivos de Coronavirus en todo el territorio nacional. De ese total 8688 ya se recuperaron y 119 fallecieron.
Actualmente hay 4670 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 59 de ellas se encuentra en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Al día de hoy en los 19 departamentos hay casos activos.
CAMBIOS | Paulatinamente Libertad va dejando de ser el centro de mayor preocupación en el departamento sobre el coronavirus al bajar el número de casos positivos del llamado “brote gastronómico” y registrarse pocos nuevos casos, en tanto que crecen los casos en San José de Mayo y Ciudad del Plata.
Los datos del SINAE del domingo 20, establecían que los casos en San José eran 109, de los cuales 48 estaban focalizados en Libertad (llegó a haber 88), mientras que en Ciudad del Plata se llegó a 28, en tanto que en la capital departamental, los contagiados eran 22.
En la mañana del lunes, el director Departamental de Salud Juan Antonio Atilio, informó a medios de San José de Mayo, que está trabajando con los prestadores de estas dos localidades para poder triplicar el número de hisopados con relación a los que se realizaron durante los meses de octubre y noviembre.
A su vez, el titular de la DDS dijo que se está en procura de aumentar la cantidad de “rastreadores” y que aguarda la autorización del Ministerio de Salud Pública (MSP), para incorporar dos más a la brevedad los que estarían sumándose a otros dos aportados por la Intendencia días atrás.
Atilio dijo que los casos que se están produciendo en Ciudad del Plata no están referidos a brotes, mientras que en San José de Mayo si hay un brote intrafamiliar originado en la participación de un “evento social” y otro relacionado con centros del INAU.
“Son dos o tres lugares separados físicamente, lo que nos ha llamado la atención, Estamos tratando de ver cuál puede haber sido la forma de contagio”, dijo al programa “Según como se mire” de Radio 41, mencionando a su vez que fundamentalmente son docentes, aunque también han existido casos en dos o tres niños.
RESTRICCIONES | Pero los números a nivel nacional siguen siendo muy preocupantes, registrándose un promedio de 500 casos diarios –el domingo los casos activos estaban en casi 4500-, en tanto que va en aumento el número de fallecidos (cinco por día promedialmente).
Ante esto, el gobierno decidió adelantar el análisis que tenía previsto realizar el viernes 18 de diciembre y fue el miércoles 16, que los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), dieron su diagnóstico, estableciendo que de continuar la actual situación para antes de fin de año, el país estaría en un promedio de 1200 casos diarios.
En la misma noche de ese miércoles se realizó la conferencia de prensa en la cual el presidente Lacalle Pou anunció el envío de un proyecto de ley urgente al Parlamento para limitar el derecho de reunión a partir del artículo 38 de la Constitución de la República. Además, prohibió el ingreso al país hasta el 10 de enero de 2021 de uruguayos y extranjero, limitó al 50% el aforo en los ómnibus interdepartamentales, amplió el horario en los shoppings para evitar aglomeraciones en esta época de compras navideñas, además de instar al teletrabajo en la actividad privada y ordenarlo en las oficinas públicas.
El proyecto de ley que analizaron en forma urgente el viernes ambas cámaras parlamentarias, consta de dos artículos y establece lo siguiente: “Suspéndense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días”, entendiéndose como tales “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etcétera, según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas”.
El proyecto de ley fue aprobado con los votos de la coalición de gobierno, mientras que el Frente Amplio votó en contra, presentando un proyecto alternativo en base al artículo 44 de la Constitución, por entender que a partir de éste es el Ministerio de Salud Pública que actúa como “policía sanitaria” y no el Ministerio del Interior, como lo establece la ley aprobada, que tendrá una vigencia de hasta 60 días.
Precisamente el domingo de noche, los ministros del Interior –Jorge Larrañaga-, y Defensa –Javier García-, realizaron una conferencia de prensa en la cual explicaron los alcances de la normativa, cuya reglamentación se daba a conocer en la jornada del lunes.
Larrañaga dijo que el “protocolo de actuación” que se establece, vincula al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), el ministerio que él encabeza, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Fiscalía. “Esto es muy importante, porque lleva adelante un despliegue en todo el territorio nacional, de los ministerios, organismos competentes y gobiernos departamentales, conjuntamente con la Fiscalía, para realizar los procedimientos que eviten aglomeraciones que perjudiquen la salud de los compatriotas”, dijo.
El Ministro añadió que la ley aprobada estableció que el Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones que van desde apercibimiento, observación y multas de 30 a 1000 Unidades Reajustables (es decir de 38.743 a 1.291.440 pesos), “sin perjuicio de las acciones penales que pudieren corresponder”.
Consultado sobre el criterio para definir una aglomeración, Larrañaga dijo que conversó con los 19 jefes de Policía del país y que, según la reglamentación de la ley, cuando se intervenga se va a tomar en cuenta, “para el que motive la intervención, toda situación de notorio riesgo para la salud de la gente”.
“Ese es el criterio, que obviamente va a ser chequeado rápidamente con el MSP y las autoridades intervinientes. Y vamos a reforzar el 911 para poder atender este tipo de denuncias, para llevar adelante los operativos, y de esa forma poder, prevenir, disuadir y terminar con esa aglomeración, en un proceso gradual que no genere, esperemos, la dificultades de una intervención más directa de la Policía. Pero si tenemos que hacerlo lo vamos a hacer, porque el elemento central que está en todo esto es la salud y la vida de la gente, que tenemos que cuidar”, agregó el Ministro.
OPOSICIONES | La norma aprobada por el gobierno ha recibido muchos cuestionamientos, entre ellos el del abogado Rafael Paternain, quien estuviera al frente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, escribió en su cuenta de Facebook que «reducir la movilidad mediante el recurso de la disuasión y la represión, producir estímulos negativos para disciplinar, según el dogma racionalista de la teoría del control, puede tener algún efecto, aunque sospecho que muy limitado. Porque el resto de los mensajes van en otra dirección y porque la aplicación de eso siempre es selectiva y discrecional», lo que «demuestra que no hay una política para la pandemia. Solo perillas basadas en la supremacía de la economía y las lógicas del disciplinamiento».
Por su parte el también abogado Hoenir Sarthou opinó, también en su cuenta de la red social que “el verdadero cangrejo bajo la piedra, y el sentido de la Ley, está en una frasecita del artículo 2, que permite al Poder Ejecutivo y a los gobiernos departamentales (léase a la policía y funcionarios municipales), disponer el cese ‘de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente’. A diferencia del caso de las aglomeraciones, para las ‘reuniones’, el texto legal no se limita a las que tengan lugar en espacios públicos o privados de uso público, por lo que cualquier tipo de reunión, hasta las domiciliarias y familiares, podrían ser prohibidas o disueltas, y sus organizadores eventualmente multados o incluso formalizados”.
Por Javier Perdomo.
